La Policía de Tucumán confirmó que inició averiguaciones internas a raíz de las denuncias por presuntas amenazas contra un estudiante y por el ingreso de efectivos de Infantería a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT).
El subjefe de la fuerza provincial, Roque Yñigo, confirmó en declaraciones difundidas el lunes 19 de octubre que se analizaban los hechos denunciados y que se evaluaba la posibilidad de aplicar sanciones en caso de determinarse responsabilidades. Al mismo tiempo, rechazó que existiera una intención institucional de provocar o generar conflictos con la comunidad universitaria.
La intervención de las autoridades policiales se produjo después del reclamo formulado por el decano de Filosofía y Letras, Sergio Robín, quien dio cuenta de dos episodios registrados durante la semana anterior dentro de la casa de estudios.
El primero ocurrió el jueves 15 de octubre, cuando un estudiante de la carrera de Historia denunció que un efectivo policial lo encerró en un baño y lo amenazó luego de reconocerlo por su participación en una manifestación.
De acuerdo con el planteo realizado desde la facultad, la situación generó preocupación entre integrantes de la comunidad educativa y motivó el pedido de explicaciones sobre la actuación del agente involucrado.
El segundo episodio se produjo al día siguiente, el viernes 16 de octubre, cuando cuatro integrantes de Infantería ingresaron al edificio y recorrieron sus pasillos con el equipamiento correspondiente.
Robín cuestionó la presencia de los uniformados dentro de la institución universitaria y anunció que realizaría una presentación respaldada por testimonios de docentes y estudiantes. Además, convocó a las autoridades policiales para obtener explicaciones sobre lo ocurrido.
Sin embargo, desde la fuerza de seguridad brindaron una versión diferente respecto del primero de los hechos denunciados. El jefe de la Unidad Regional Capital, Eduardo Luna, sostuvo que el policía ingresó al lugar con la intención de utilizar el baño y que, mientras se encontraba allí, comenzó a ser filmado.
Luna también señaló que hasta ese momento no había recibido un pedido formal de explicaciones por el episodio. Esa afirmación contrastó con la postura de las autoridades universitarias, que aseguraron que sí reclamaron respuestas a la Policía por lo sucedido.
Según explicó el decano, responsables de la Comisaría 11 se acercaron posteriormente a la institución tras conocerse la denuncia. Robín sostuvo que los funcionarios ofrecieron disculpas y le informaron que el efectivo involucrado sería trasladado.
No obstante, esa información correspondió a lo comunicado por el propio decano acerca del anuncio que recibió de las autoridades policiales y no constituyó una confirmación de que el traslado del agente ya se hubiera concretado.
En medio de la controversia, las autoridades de la Facultad de Filosofía y Letras fundamentaron su planteo en el artículo 31 de la Ley de Educación Superior, que establece las condiciones bajo las cuales las fuerzas de seguridad pueden ingresar a las universidades nacionales.
La normativa determina que el ingreso de la fuerza pública requiere una orden judicial previa, escrita y debidamente fundada, o una solicitud expresa realizada por la autoridad universitaria legítimamente constituida.
A pesar de los cuestionamientos por los episodios denunciados, Robín también reconoció que previamente existió cooperación entre la universidad y la Policía de Tucumán. Esa coordinación tuvo como objetivo sostener un corredor seguro destinado a los estudiantes que concurrían a la institución.
Luego de las denuncias y de las diferentes versiones que surgieron sobre lo sucedido, la Subjefatura de la Policía de Tucumán confirmó la apertura de una averiguación interna para analizar la actuación de los efectivos involucrados y determinar las circunstancias en las que se produjeron ambos episodios.
