La Cámara de Diputados dio media sanción a una nueva ley de Discapacidad luego de una extensa jornada de debate y negociaciones que se prolongaron durante toda la tarde. El oficialismo alcanzó un acuerdo con bloques aliados y sectores de la oposición para reemplazar la Emergencia en Discapacidad, cuya vigencia finaliza a fines de 2026.
La iniciativa consiguió una mayoría de dos tercios y quedó en condiciones de ser tratada por el Senado. Entre sus principales disposiciones, mantuvo la pensión no contributiva por discapacidad, su mecanismo de actualización, el nomenclador universal de prestaciones y el arancel unificado.
Pasada la medianoche, el tablero del recinto confirmó el resultado: 237 votos afirmativos, 9 negativos y 4 abstenciones. Unión por la Patria terminó acompañando la propuesta después de que La Libertad Avanza aceptara buena parte de las modificaciones planteadas durante las conversaciones.
En la decisión también influyeron la posibilidad de que el presidente Javier Milei vetara una eventual prórroga de la Emergencia en Discapacidad y los reclamos realizados por las principales organizaciones vinculadas al sector. Finalmente, el bloque peronista coincidió con el oficialismo en la votación.
El PRO, la UCR, buena parte de Provincias Unidas, la Coalición Cívica y casi todos los bloques provinciales también respaldaron la iniciativa. La excepción estuvo entre legisladores de Córdoba pertenecientes a Provincias Unidas y Unión por la Patria, quienes rechazaron el proyecto al considerar que las organizaciones representativas de las personas con discapacidad no habían tenido suficiente participación en su elaboración.
La diputada Gabriela Estévez cuestionó ese punto y sostuvo que la norma se había discutido sin sus verdaderos protagonistas. Por su parte, representantes de la izquierda optaron por abstenerse debido a la falta de actualización de las deudas mantenidas con los prestadores.
La mayoría especial alcanzada en Diputados dejó, además, un fuerte respaldo político para la próxima discusión en el Senado y redujo considerablemente el margen para modificar el texto o para un eventual veto presidencial.
Las negociaciones detrás del acuerdo
Entre los principales interlocutores con el oficialismo apareció el diputado misionero Oscar Herrera Ahuad, de Argentina Federal, junto con Juan Marino, Sabrina Selva, Eduardo Valdés y Victoria Tolosa Paz. Desde La Libertad Avanza participaron especialmente Laura Rodríguez Machado, Giselle Castelnuovo y Nicolás Mayoraz.
Las conversaciones habían comenzado casi dos meses antes, cuando sectores opositores, a partir de un pedido de organizaciones de personas con discapacidad, impulsaron la prórroga de la Emergencia en Discapacidad sancionada durante 2025 y con vencimiento previsto para fines de este año.
La oposición consiguió emplazar a las comisiones y avanzaba con la intención de llevar su propuesta al recinto a mediados de octubre. Ante ese escenario, referentes legislativos del oficialismo anunciaron que trabajaban junto con aliados del PRO, la UCR y bloques provinciales en una iniciativa que consideraban superadora.
El objetivo gubernamental era finalizar con el esquema de emergencia y establecer, al mismo tiempo, un régimen permanente que otorgara previsibilidad al sistema.
El Presupuesto 2027 alteró las negociaciones
El escenario cambió cuando el Poder Ejecutivo envió al Congreso el proyecto de Presupuesto 2027. Allí apareció un capítulo que contemplaba modificaciones y recortes en materia de discapacidad que no formaban parte de las negociaciones que se desarrollaban en Diputados.
La situación generó tensiones incluso dentro del oficialismo. Martín Menem y Patricia Bullrich fueron sorprendidos por la incorporación de esas disposiciones y se produjeron cuestionamientos dentro de la Mesa Política.
El capítulo incluido en el Presupuesto adoptaba el criterio de “invalidez laboral” para acceder a la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral y eliminaba al Certificado Único de Discapacidad (CUD) como vía directa para obtener el beneficio.
Además, establecía una incompatibilidad absoluta entre la pensión y el empleo formal y derogaba el arancel único del Nomenclador de Prestaciones Básicas. De avanzar ese esquema, cada obra social, empresa de medicina prepaga o provincia podría haber determinado sus propios valores sin una actualización automática vinculada al IPC.
Para desactivar la sesión prevista durante la semana anterior, el oficialismo se comprometió ante sus aliados a abandonar los recortes contemplados en el Presupuesto y presentó una propuesta que recuperó, en términos generales, los principales componentes del sistema vigente.
Pensiones, CUD y compatibilidad con el empleo
El texto acordado ratificó el sistema de Pensiones por Discapacidad, cuyo monto equivale al 70% del haber mínimo jubilatorio, y mantuvo al Certificado Único de Discapacidad como la principal vía para acceder al beneficio. También sostuvo un nomenclador universal de prestaciones y un arancel unificado.
A pedido de los bloques aliados, permaneció la compatibilidad entre la pensión y el empleo formal. De esta manera, las personas con CUD podrán conservar el beneficio cuando tengan un trabajo registrado o estén inscriptas en regímenes tributarios, siempre que sus ingresos no superen el equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles.
Durante las horas anteriores a la votación, referentes opositores reclamaron nuevas modificaciones como condición para acompañar la iniciativa.
Uno de esos pedidos fue garantizar que tanto quienes reciben pensiones no contributivas por invalidez laboral como quienes perciben pensiones por discapacidad tengan acceso a un programa de salud que contemple las prestaciones básicas establecidas en la Ley 24.901 mediante el Programa Incluir Salud.
También se incorporaron precisiones sobre las partidas presupuestarias específicas del Ministerio de Salud destinadas a financiar el régimen. En caso de resultar insuficientes, se contemplaron compensaciones provenientes del Tesoro.
El texto estableció además que el Gobierno deberá garantizar que los recursos asignados por beneficiario no pierdan poder adquisitivo respecto del año anterior.
Auditorías y controles sobre los beneficios
La nueva legislación incorporó mecanismos de fiscalización más estrictos. La Secretaría Nacional de Discapacidad deberá realizar auditorías periódicas mediante cruces de información con organismos como Anses, Arca, Renaper y el SINTyS.
Ante un incumplimiento objetivo, podrá disponerse la suspensión preventiva de un beneficio. Sin embargo, el procedimiento deberá respetar un “debido proceso inclusivo”, que incluirá la correspondiente notificación y la posibilidad de una rehabilitación provisoria.
En relación con las obligaciones pendientes, el proyecto determinó que, si al momento de sancionarse la ley permanecieran deudas con prestadores, el Poder Ejecutivo deberá publicar un cronograma de pagos dentro de los 30 días siguientes y cancelar las obligaciones dentro de un plazo máximo de 90 días.
Los bloques opositores mantuvieron conversaciones constantes con organizaciones de personas con discapacidad y finalmente resolvieron respaldar la iniciativa. Entre los argumentos apareció la posibilidad de consolidar mediante una legislación permanente buena parte del sistema vigente, en reemplazo de una emergencia que requería sucesivas prórrogas.
Los últimos cambios antes de la votación
Al comenzar el debate, Herrera Ahuad enumeró las modificaciones finales reclamadas por la oposición y advirtió que Argentina Federal no acompañaría el proyecto si esas condiciones no eran aceptadas en su totalidad.
El legislador también reclamó un compromiso explícito para eliminar las disposiciones relacionadas con discapacidad que el Poder Ejecutivo había incluido en el Presupuesto 2027. Posteriormente, el diputado libertario Gerardo Huesen confirmó que el oficialismo aceptaría las sugerencias.
Desde Unión por la Patria, Juan Marino reconoció que la oposición no contaba con los votos suficientes para prorrogar la Emergencia en Discapacidad. Explicó que, a partir de las conversaciones con las organizaciones del sector, se buscó evitar retrocesos en el nuevo régimen y aseguró que numerosos reclamos fueron incorporados.
Marino también remarcó que el dictamen finalmente aprobado resultó contrario a las modificaciones sobre discapacidad contempladas originalmente en el proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Gobierno.
Victoria Tolosa Paz destacó que las negociaciones permitieron incorporar garantías de cobertura sanitaria para ambos tipos de pensiones, proteger las asignaciones familiares, definir requisitos para acceder a los beneficios y preservar la compatibilidad con el empleo formal.
La diputada también resaltó el fortalecimiento del financiamiento, la participación de las provincias y las garantías destinadas a impedir bajas arbitrarias, incluyendo el derecho a defensa y la restitución del beneficio cuando correspondiera.
Por parte del oficialismo, Laura Rodríguez Machado sostuvo que la sensibilidad social podía convivir con la responsabilidad fiscal y destacó el trabajo realizado por los bloques que participaron de las negociaciones.
La legisladora, sin embargo, cuestionó a los diputados cordobeses que denunciaron una insuficiente participación de las organizaciones vinculadas a la discapacidad y les reprochó no haber presentado propuestas concretas durante la discusión.
Desde la oposición, uno de los diputados que participó de las conversaciones sintetizó el resultado como una derrota del recorte originalmente previsto en el Presupuesto 2027, un avance opositor al instalar el tema en la agenda legislativa y un logro de las organizaciones de personas con discapacidad al conseguir que buena parte del régimen vigente quedara establecido mediante una ley permanente.
El debate continuó con el endeudamiento familiar
Después de la aprobación de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y de la media sanción del proyecto sobre discapacidad, Diputados avanzó con el último asunto previsto para la sesión: la iniciativa sobre endeudamiento familiar y mora.
El proyecto impulsado por el oficialismo planteó reforzar la educación financiera, ampliar la información disponible para los consumidores mediante una mayor claridad sobre tasas y costos y establecer herramientas destinadas a prevenir situaciones de sobreendeudamiento. La propuesta no contempló límites a las tasas de interés ni quitas sobre capital o intereses.
También estableció condiciones para los créditos otorgados a través de plataformas digitales. Entre ellas, incluyó una doble validación de identidad y aceptación, prohibió interpretar el silencio o las opciones preseleccionadas como consentimiento y exigió entregar inmediatamente las condiciones contractuales en formato digital.
Unión por la Patria, la Coalición Cívica y un sector de Provincias Unidas impulsaron, en cambio, una emergencia por 180 días. La alternativa incorporó un mecanismo de refinanciación para deudas de hasta dos canastas básicas totales, de acuerdo con los valores del Indec, con la aplicación de la tasa TAMAR —utilizada para los plazos fijos mayoristas— más un 25% sobre el costo financiero total.
Durante el debate, Martín Lousteau vinculó el incremento del endeudamiento familiar con la pérdida del poder adquisitivo y el aumento de los gastos fijos. El diputado de Provincias Unidas sostuvo que la población había perdido alrededor de un 10% de capacidad de compra y afirmó que, en determinados sectores, la caída llegaba al 25%.
También señaló que en el AMBA se habían acumulado aumentos del 501% en electricidad, 2071% en gas y 1442% en transporte, frente a una inflación que ubicó en 336%. Según su exposición, aproximadamente un tercio de quienes tomaron préstamos personales no podía cumplir con los pagos y se encontraba en mora.
Las críticas de Unión por la Patria
Los diputados de Unión por la Patria cuestionaron la propuesta oficial al considerar que concentraba su respuesta en la educación financiera sin ofrecer herramientas suficientes para resolver las dificultades económicas de los hogares endeudados.
Juan Pablo Luque puso el foco en Chubut y aseguró que unas 300 mil personas atravesaban una situación de endeudamiento, un nivel que ubicó 30% por encima de la media nacional. De ese universo, indicó que alrededor de 75 mil estaban en mora.
El legislador también cuestionó la política nacional hacia provincias productoras como Chubut y Santa Cruz y afirmó que, en Comodoro Rivadavia, la tasa de desempleo había pasado del 2% al 9,5% en menos de un año.
Jorge Taiana, Kelly Olmos y Hugo Yasky, por su parte, plantearon críticas sobre los créditos personales ofrecidos por billeteras virtuales. Taiana cuestionó el funcionamiento de las fintech y sostuvo que determinadas prácticas podrían encuadrarse en situaciones de usura.
Olmos aseguró que más de seis millones de argentinos habían ingresado en mora y señaló que una parte ya se encontraba en las categorías 4 y 5. También advirtió sobre las consecuencias que esa situación podría tener para la actividad económica.
Julia Strada atribuyó el fenómeno principalmente a un problema de ingresos y sostuvo que alrededor del 40% de la Población Económicamente Activa se encontraba en mora. A partir de ese diagnóstico, reclamó una respuesta desde la política económica.
El proyecto de endeudamiento volvió a comisión
En el tramo final de la sesión, la diputada de La Libertad Avanza Silvana Giudici presentó una moción para que el proyecto sobre endeudamiento familiar regresara a comisión.
La propuesta apareció después de las numerosas críticas formuladas por la oposición y modificó el rumbo que llevaba la discusión.
Martín Menem habilitó la votación y la moción obtuvo 121 votos afirmativos, 117 negativos y 5 abstenciones. Como consecuencia, el dictamen volvió a su comisión de origen y la sesión quedó levantada.
Antes de la votación, Germán Martínez, de Unión por la Patria, y Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica ARI, cuestionaron la decisión. Martínez acusó al oficialismo de intentar frenar el tratamiento al no contar con los votos necesarios para aprobar su iniciativa, mientras que Ferraro criticó la postura de La Libertad Avanza y recordó las diferencias anteriores en torno al tratamiento del problema.
De esta manera, la extensa jornada en la Cámara baja concluyó con la media sanción de la nueva ley de Discapacidad, que avanzó al Senado con un respaldo superior a los dos tercios, mientras que la discusión sobre el endeudamiento familiar quedó nuevamente en comisión a la espera de un nuevo acuerdo político.
