El Juzgado de Garantías N.º 8 de Florencio Varela rechazó el pedido de detención de Hipólito C., señalado como sospechoso por el doble crimen de Paloma Gallardo y Josué Salvatierra, los adolescentes de 16 y 14 años que fueron asesinados a fines de enero de 2025 en la localidad bonaerense de Bosques.
La decisión judicial se conoció luego de que el fiscal Darío Provisionato, titular de la UFI Descentralizada N.º 1 de Varela, solicitara la captura del hombre de 28 años. Sin embargo, el magistrado Villagra consideró que no estaban reunidos los elementos suficientes para ordenar su arresto.
El abogado Matías Marcello, representante de Omar Gallardo, padre de Paloma, explicó que se trató de la primera vez que dentro de la investigación se solicitó formalmente la detención de este sospechoso. El planteo había sido realizado por el fiscal, pero fue rechazado por el juez el lunes 10 de agosto.
Marcello sostuvo que, de acuerdo con la postura del Ministerio Público Fiscal, el sospechoso sería el autor de los asesinatos y por ese motivo se había pedido su detención. No obstante, Hipólito C. no se encontraba formalmente imputado en la causa.
El letrado también señaló que todavía no estaba definido si la Fiscalía volvería a presentar el pedido de arresto. En ese sentido, consideró que la investigación contaba con elementos que debían ser profundizados y que el caso debía avanzar hacia una instancia de juicio.
Las sospechas y la coartada bajo investigación
Entre las principales pistas que fueron mencionadas para vincular al sospechoso con el doble crimen apareció el testimonio de su ex pareja, cuya declaración generó cuestionamientos por parte de la querella.
Según explicó Marcello, la mujer habría brindado una coartada que posteriormente quedó en duda. El abogado también hizo referencia a un allanamiento realizado en una vivienda y a información que surgió después durante una declaración testimonial, relacionada con el alquiler que Hipólito pagaba junto con su novia.
Para la querella, esas contradicciones representaron uno de los aspectos que debían ser esclarecidos dentro de la investigación.
En paralelo, se reclamó la realización de un análisis de ADN sobre distintas evidencias incorporadas al expediente. Marcello explicó que debían estudiarse varias mezclas de perfiles genéticos para determinar si alguno de esos rastros podía vincular al sospechoso con la escena del crimen.
El abogado indicó que esa pericia resultaba difícil de concretar y que se había informado la posibilidad de que los estudios fueran realizados con intervención de Gendarmería Nacional. Además, señaló que el pedido de cotejo genético no había sido mencionado por el fiscal Provisionato ante el juez al momento de solicitar la detención.
La querella impulsará nuevas medidas
Frente al rechazo del arresto, la representación de la familia de Paloma anticipó que continuará promoviendo medidas de prueba para colaborar con la investigación llevada adelante por el Ministerio Público Fiscal.
Marcello remarcó que el objetivo no era señalar a una persona sin elementos suficientes, sino determinar quién fue responsable de los asesinatos de los dos adolescentes. En ese sentido, cuestionó las contradicciones que, según la querella, habían surgido alrededor de la coartada del sospechoso y reclamó que esos puntos no quedaran sin investigar.
La causa fue caratulada como homicidio criminis causa, una figura contemplada en el artículo 80, inciso 7, del Código Penal para los casos en los que una persona es asesinada con el objetivo de ocultar otro delito, asegurar sus resultados o procurar la impunidad. La pena prevista para ese delito es la prisión perpetua.
Casi un año y ocho meses sin detenidos
Paloma Gallardo y Josué Salvatierra fueron asesinados en enero de 2025. Desde entonces, la investigación avanzó sobre distintas hipótesis y elementos de prueba, pero hasta el momento no había personas detenidas por el doble crimen.
El rechazo al pedido de arresto de Hipólito C. volvió a poner el foco sobre una causa que, a casi un año y ocho meses de los asesinatos, continuaba sin detenidos y sin un responsable llevado a juicio.
Mientras tanto, la familia de Paloma y la querella insistieron en la necesidad de profundizar las medidas de prueba, especialmente aquellas vinculadas con los perfiles genéticos, con el objetivo de obtener elementos que permitan establecer quiénes fueron los responsables de la muerte de los dos adolescentes.
