Un allanamiento realizado en una estancia rural situada a unos 30 kilómetros de Zapala permitió secuestrar 17 armas de fuego, cerca de 5.300 municiones y 40 piezas de fauna silvestre que no contaban con la documentación exigida por la normativa vigente. El procedimiento se llevó adelante en el marco de una investigación judicial por presunta caza ilegal de especies protegidas en Neuquén.
El operativo había sido ordenado por la Justicia de Garantías de Zapala y contó con la intervención conjunta de efectivos de la Policía de Neuquén y personal de la Dirección Provincial Regional del Pehuén de Fauna Silvestre. Los agentes trabajaron sobre distintos elementos vinculados con la actividad de caza y la tenencia de armas encontrados dentro del establecimiento rural.
Entre los objetos relacionados con la fauna que fueron decomisados aparecieron 40 piezas consideradas trofeos, entre ellas astas de ciervo colorado, cabezas de jabalí europeo y cuero de zorro colorado. Ninguno de esos elementos tenía la documentación habilitante requerida por la legislación provincial.
A partir de ese hallazgo, se confeccionó un acta por una infracción a la Ley Provincial de Fauna N.º 2539, que establece las normas relacionadas con la protección y el manejo de la fauna silvestre en Neuquén.
El procedimiento también permitió detectar una importante cantidad de armas y municiones. En total, los investigadores secuestraron 17 armas de fuego, que estaban distribuidas entre 12 escopetas de doble caño, cuatro carabinas y un revólver.
De acuerdo con la información incorporada al expediente, las armas se encontraban fuera de las condiciones de seguridad reglamentarias. A ese material se sumaron aproximadamente 5.300 municiones, entre cartuchos completos y vainas servidas.
La cartuchería correspondía a diferentes calibres utilizados en armas largas y cortas, además de municiones destinadas a escopetas. Todos los elementos encontrados durante el procedimiento quedaron a disposición de la Justicia que intervenía en la causa.
El allanamiento se produjo mientras avanzaba una investigación que ya contaba con una imputación previa vinculada con la presunta caza ilegal de especies protegidas. A fines de agosto, la fiscal Julieta González, integrante del Ministerio Público Fiscal, había formulado cargos contra un hombre identificado con las iniciales J.A.R. durante una audiencia judicial.
Los hechos que habían originado esa acusación presuntamente ocurrieron entre principios y mediados de diciembre de 2025.
La investigación había comenzado a partir de una denuncia presentada por integrantes de la Dirección Provincial de Fauna, quienes habían aportado fotografías que fueron incorporadas como evidencia. En esas imágenes, según lo expuesto por la fiscalía, aparecía el acusado junto a un choique muerto y una camioneta que transportaba diferentes animales faenados.
Entre los animales que figuraban en la denuncia se encontraba además una liebre mara, una especie considerada vulnerable. Ese material había servido como punto de partida para que la Justicia profundizara las actuaciones y avanzara sobre la presunta actividad de caza ilegal.
La acusación formulada por la fiscal González también había contemplado otro delito relacionado con la tenencia de armas. Se trataba de un cargo por tenencia ilegal de arma de fuego, debido a que, según la fiscalía, el hombre no contaba con la autorización correspondiente para poseerla ni figuraba como legítimo usuario registrado.
De esta manera, el expediente había incorporado tanto la investigación por la presunta caza de especies protegidas como la cuestión vinculada con la posesión irregular de armas de fuego.
Con la causa en pleno desarrollo, el tribunal había establecido un plazo de dos meses para profundizar la investigación. Durante ese período se habían previsto distintas medidas destinadas a reunir nuevos elementos para el expediente.
Entre las evidencias que debían ser analizadas se encontraba el contenido de un teléfono celular secuestrado previamente en el marco de la investigación. El dispositivo podía aportar información considerada relevante para determinar cómo habían ocurrido los hechos y contribuir al avance de las actuaciones judiciales.
El allanamiento realizado en la estancia de la zona de Zapala había sumado así nuevos elementos a una causa que ya investigaba la presunta caza ilegal de fauna protegida y la tenencia de armas sin autorización. La Justicia continuaba con las medidas previstas mientras permanecían bajo su custodia las armas, las municiones y los trofeos de fauna secuestrados durante el procedimiento.
