El Senado convirtió en ley el proyecto que modificó el régimen de Zonas Frías y restringió el subsidio al gas para determinadas regiones del país. La iniciativa fue aprobada por 38 votos a favor y 8 en contra y dejó sin el beneficio a unas 90 ciudades, con una afectación estimada sobre más de un millón de usuarios.
La sanción se produjo luego del tratamiento de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que había sido modificada por la Cámara alta y regresó a Diputados para su revisión.
Antes de comenzar el debate sobre Zonas Frías, el presidente del bloque del peronismo, José Mayans, anticipó que sus integrantes se retirarían del recinto. Ante esa situación, el oficialismo debía asegurar la presencia de al menos 37 senadores para garantizar el quórum necesario para avanzar con la votación.
Con la aprobación de la ley, el Gobierno estimó que podría reducir el déficit energético en $272 millones y avanzar en un esquema para ordenar las deudas que las distribuidoras eléctricas mantenían con CAMMESA, la empresa encargada de administrar el mercado mayorista de electricidad.
Qué pasó con el subsidio de Zonas Frías
El nuevo esquema dejó vigente el beneficio para los usuarios de la Patagonia, Malargüe y la Puna. También contempló situaciones específicas vinculadas con condiciones sociales y económicas.
Entre los sectores que conservaron el subsidio quedaron los hogares incluidos en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBap), los veteranos de Malvinas y las familias que contaran con integrantes que tuvieran Certificado Único de Discapacidad (CUD).
En cambio, quedaron afuera del régimen las ciudades que habían incorporado el beneficio a partir de 2021 en distintas provincias. La modificación alcanzó a localidades de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza y San Luis, entre otras jurisdicciones.
La ampliación del régimen durante la gestión de Alberto Fernández y Cristina Kirchner había extendido el alcance del subsidio a una cantidad considerablemente mayor de usuarios. Con la nueva ley, ese esquema quedó reducido y se establecieron otros parámetros para determinar quiénes podían acceder a una tarifa diferenciada.
Cómo se aplicará el descuento
Otro de los cambios centrales estuvo relacionado con la manera en que se calculará el beneficio. El descuento dejó de aplicarse sobre el conjunto de la factura y pasó a concentrarse sobre el precio del gas, es decir, sobre el componente correspondiente a la generación.
La modificación generó cuestionamientos entre legisladores opositores, debido a que la distribución representa una parte importante del costo final que aparece en las facturas de los usuarios.
De esta manera, aunque las regiones que conservaron el régimen continuaron contando con un beneficio, el mecanismo aprobado por el Senado implicó un cambio en la estructura del subsidio que podría traducirse en modificaciones en las facturas.
Los usuarios que pierdan el beneficio por zona fría tendrán, de todos modos, la posibilidad de solicitar una reducción tarifaria si cumplen determinados requisitos de ingresos. Para acceder a esa alternativa deberán acreditar ingresos de hasta tres canastas básicas correspondientes a un hogar tipo 2, un parámetro que actualmente se ubicaba en torno a los $4,8 millones.
Los cuestionamientos durante el debate
Durante la discusión en el Senado también aparecieron críticas al proyecto. La senadora mendocina Mariana Juri cuestionó el modo en que se había planteado la modificación y habló de una falta de criterios para retirar el beneficio.
La legisladora planteó además una comparación con otros esquemas de subsidios vigentes en el país y cuestionó que las provincias del interior afrontaran determinados costos mientras existían beneficios destinados al Área Metropolitana de Buenos Aires.
En la misma línea se expresó el senador bonaerense Maximiliano Abad, quien sostuvo que la modificación no resolvía los problemas que presentaba el régimen anterior y cuestionó los criterios técnicos utilizados para definir los cambios.
Juri y Abad rechazaron la iniciativa junto con los radicales Eduardo Galaretto, Carolina Losada, Daniel Kroneberger y Rodolfo Suárez. También votaron en contra los senadores santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano.
Durante el debate, la senadora salteña y presidenta de la comisión de Energía de la Cámara alta, Flavia Royón, defendió la necesidad de modificar el esquema. Según explicó, el sistema anterior alcanzaba a 940.000 usuarios de la zona fría histórica y a 3.360.000 usuarios después de la ampliación.
Royón también señaló que en el país existían 6.210.000 usuarios que dependían de garrafas por no contar con conexión a la red de gas natural, y planteó la necesidad de avanzar hacia un sistema de subsidios con otros criterios de distribución.
El impacto que se esperaba para el próximo invierno
Uno de los principales interrogantes que quedaron planteados tras la sanción estuvo relacionado con el efecto que tendrá la modificación sobre las facturas durante el próximo invierno.
El cambio se produjo en un contexto en el que las provincias alcanzadas por la reducción del beneficio deberán afrontar una nueva estructura tarifaria. El impacto sobre los hogares dependerá, entre otros factores, del consumo y de los ingresos de cada grupo familiar.
La discusión también quedó vinculada con el calendario político de 2027, ya que el próximo invierno coincidirá con el desarrollo de la campaña presidencial y con procesos electorales provinciales en distintos distritos.
Además de la modificación del régimen de Zonas Frías, la ley incorporó otras disposiciones vinculadas con el sector energético. Entre ellas, se prorrogó hasta 2045 el régimen de incentivos para las energías renovables.
El texto también estableció un mecanismo destinado a regularizar las deudas que las distribuidoras eléctricas mantenían con CAMMESA, dentro del objetivo de ordenar las obligaciones acumuladas en el mercado mayorista de electricidad.
Con la votación de 38 a 8, el Senado completó así la sanción del proyecto y dejó establecido un nuevo esquema para el subsidio al gas, con un alcance territorial más limitado y criterios específicos para que determinados hogares puedan conservar o solicitar una reducción en sus tarifas.
