Un exintegrante de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) fue condenado a un año y seis meses de prisión por entregar información reservada a integrantes de la organización narcocriminal Los Monos, de Rosario. El condenado fue identificado como Iván Roberto Jokanovich, de 54 años, quien reconoció su responsabilidad mediante un acuerdo de juicio abreviado que recibió la aprobación de la Justicia federal.
Jokanovich ya recuperó la libertad, debido a que el período que permaneció detenido en el penal federal de Ezeiza fue computado para cumplir la totalidad de la pena impuesta.
La resolución fue firmada por el juez federal Ricardo Moisés Vázquez, integrante del Tribunal Oral Federal Nº 1 de Rosario. El magistrado homologó el acuerdo alcanzado entre el fiscal Federico Reynares Solari y los abogados defensores Fernando Sirio y Candela De Marchi. Además de la condena de prisión, el fallo estableció una inhabilitación especial por tres años.
Los delitos por los que recibió la sentencia fueron incumplimiento de los deberes de funcionario público, violación de la Ley de Inteligencia Nacional Nº 25.520 y encubrimiento agravado. Este último cargo estuvo relacionado con el ocultamiento de una actividad delictiva de especial gravedad, como el tráfico de estupefacientes, y también contempló su condición de funcionario público.
La información confidencial que llegaba a Los Monos
Según la documentación reunida por el Ministerio Público Fiscal, Jokanovich aprovechó su función como agente de inteligencia para consultar información reservada de expedientes judiciales en los que no tenía intervención institucional. Posteriormente, esos datos fueron transmitidos a Juan José Raffo, un expolicía de Santa Fe que había sido expulsado de la fuerza y que recibió una condena en 2018 por integrar la organización Los Monos.
Raffo volvió a quedar detenido en marzo de 2024, durante el desarrollo de la denominada Operación Romaní. En aquella investigación fue señalado como presunto integrante de una estructura dedicada al narcotráfico, que habría estado encabezada por Leandro “Pollo” Vinardi.
Vinardi se encontraba detenido y era considerado uno de los principales referentes de la barra brava de Newell’s Old Boys, además de ser señalado como hombre de confianza de Ariel Máximo “Guille” Cantero, uno de los máximos referentes de Los Monos.
La investigación también ubicó dentro de esa presunta organización a Guillermo Sosa, conocido como “Chupa” u “Ojitos”, otro referente de la barra brava de Newell’s. Su detención se produjo el 4 de mayo de 2022, cuando fue acusado por su presunta participación en el asesinato de Nelson “Chivo” Saravia, un exintegrante de la barra leprosa. El crimen ocurrió en la zona de San Nicolás al 3700.
De acuerdo con la hipótesis de los investigadores, Vinardi y Sosa tenían bajo su órbita una estructura que comercializaba estupefacientes en distintos puntos de la provincia de Santa Fe. Entre los lugares mencionados en la causa figuraron Villa Constitución, Granadero Baigorria y San Lorenzo.
Para sostener el funcionamiento de esa red, los investigadores consideraron que ambos se apoyaban en Raffo, quien presuntamente cumplía dos funciones centrales: advertir sobre investigaciones judiciales que podían comprometer a la banda y proporcionar información relacionada con los responsables policiales que tenían jurisdicción en las zonas donde operaba la organización.
Esos datos habrían permitido a la estructura conocer los movimientos de las autoridades y buscar condiciones favorables para establecerse en distintos territorios. Además, Raffo habría asumido la tarea de conseguir dólares para entregarlos a la organización, con el objetivo de financiar compras mayoristas de droga.
Por qué la investigación recibió el nombre de Operación Romaní
La denominación de la Operación Romaní estuvo vinculada con el destino del dinero utilizado para adquirir los estupefacientes. Según la investigación, los dólares fueron entregados a personas pertenecientes a la comunidad gitana, entre quienes aparecieron algunos nombres que ya tenían antecedentes judiciales por sus vínculos con la organización.
Uno de ellos fue Mariano “Gordo” Salomón, quien también recibió una condena dentro de la trama investigada alrededor de Los Monos y había sido detenido en 2016.
Sin embargo, Raffo no habría actuado por cuenta propia ni sin colaboración externa. La fiscalía detectó que mantenía comunicaciones telefónicas frecuentes con Jokanovich, quien presuntamente le proporcionaba información que le permitía anticiparse a posibles procedimientos y evitar que fuera detenido.
Ese intercambio de datos fue uno de los elementos centrales que vincularon al exagente de inteligencia con la estructura narcocriminal y que terminaron derivando en su condena.
Los antecedentes del exespía y la comunicación con un fiscal
La situación judicial de Jokanovich también estuvo atravesada por otro episodio anterior, que había motivado una investigación sobre sus contactos con integrantes del ámbito judicial santafesino.
El exagente había sido indagado por una comunicación telefónica que realizó a fines de diciembre de 2022 con un fiscal provincial que posteriormente quedó detenido en una causa por presuntas estafas. El funcionario era Mariano Ríos Artacho, quien figuraba como titular registral de un automóvil en el que Raffo había sido visto en el aeropuerto internacional de Ezeiza.
Cuando tomó conocimiento de la investigación federal, Ríos Artacho presentó un descargo ante la Justicia y realizó una denuncia de venta del vehículo. Para respaldar su explicación, entregó documentación y sostuvo que había vendido el automóvil en octubre de ese año a un policía al que conocía desde hacía una década.
Según su versión, los trámites administrativos para concretar la transferencia quedaron finalizados recién en diciembre, debido a que habían sido gestionados por una persona encargada de esos procedimientos. También aseguró que desconocía qué había ocurrido posteriormente con el rodado.
El fiscal explicó que había mantenido el seguro del vehículo a su nombre para conservar la responsabilidad civil mientras se completaban los trámites registrales necesarios para transferir la titularidad.
Por último, dentro del expediente federal se incorporó otro dato relacionado con la intervención del servicio de inteligencia. Según la investigación, desde ese organismo también le habrían advertido a Raffo que había sido observado utilizando ese automóvil en el aeropuerto de Ezeiza.
Esa comunicación habría provocado que el expolicía dejara de utilizar tanto el vehículo como la línea telefónica que tenía en ese momento. El episodio quedó incorporado a la reconstrucción de los vínculos entre Raffo y el exagente de inteligencia, cuya participación en la filtración de información reservada terminó con una condena judicial.
