Dos camioneros de nacionalidad boliviana fueron condenados a cuatro años y ocho meses de prisión por intentar ingresar y trasladar ilegalmente más de 35 toneladas de precursores químicos hacia Bolivia. La Justicia los encontró responsables, en grado de tentativa, del delito de contrabando agravado mediante el uso de documentación adulterada, en concurso ideal con el ingreso de estas sustancias a una zona de frontera sin la autorización correspondiente.
Los condenados fueron identificados como Juan Carlos Nina González y Carlos Puma García, quienes fueron considerados coautores de los hechos. La sentencia se resolvió mediante un acuerdo pleno alcanzado entre la Sede Fiscal Descentralizada Orán y las defensas de los acusados.
La resolución estuvo a cargo de Marta Liliana Snopek, jueza del Tribunal Oral Federal (TOF) N.º 1 de Salta. Por parte del Ministerio Público Fiscal intervino el fiscal federal subrogante Marcos Romero, responsable de la Sede Fiscal Descentralizada Orán.
Además de los cuatro años y ocho meses de prisión, el fallo estableció la inhabilitación absoluta de los condenados durante el tiempo que dure la pena. También se aplicaron las sanciones accesorias previstas en el Código Aduanero.
En cuanto a los elementos vinculados con la maniobra, la Justicia ordenó el decomiso de los teléfonos celulares, la sustancia química secuestrada y el tractor y semirremolque que utilizó Puma García para transportar parte de la carga.
El operativo de Gendarmería en la frontera con Bolivia
El procedimiento que permitió descubrir la maniobra se desarrolló el 16 de marzo de 2026 en el paso internacional Aguas Blancas-Bermejo. Durante un control, efectivos de Gendarmería Nacional interceptaron dos camiones que trasladaban un total de 35.144 kilogramos de acetato de etilo, distribuidos en 191 tambores.
La documentación presentada por los transportistas indicaba que los vehículos debían salir del país a través del paso internacional de Salvador Mazza y continuar su recorrido hacia Cochabamba, en Bolivia.
Sin embargo, los investigadores detectaron que los camiones circulaban por Aguas Blancas, un cruce fronterizo diferente del que figuraba en los permisos. Además, los dominios de los vehículos y los itinerarios que realizaban no coincidían con las condiciones autorizadas para el traslado de la mercadería.
Estas irregularidades motivaron las actuaciones que permitieron avanzar sobre la documentación presentada y determinar las características de la operación.
Detectaron permisos falsificados del registro de precursores químicos
Las pericias realizadas durante la investigación confirmaron que los permisos atribuidos al Registro Nacional de Precursores Químicos (RENPRE) habían sido adulterados.
Según se estableció, los documentos falsificados imitaban el formato del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE), con el objetivo de aparentar que el traslado de las sustancias contaba con las autorizaciones oficiales correspondientes.
El acetato de etilo transportado en los camiones fue identificado como un solvente utilizado en distintos procesos industriales, pero también como un insumo relevante para el refinamiento de clorhidrato de cocaína.
Por esa razón, el volumen de la carga y las irregularidades detectadas adquirieron especial importancia dentro de la investigación. El valor total de la sustancia química incautada fue calculado en $167.608.459.
La investigación también llegó hasta el destino final del cargamento
Otro de los aspectos centrales del expediente estuvo relacionado con el lugar al que debía llegar la mercadería en Bolivia.
A través de un trabajo coordinado entre la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), la Red de Fiscales Antidroga de Latinoamérica (RFAI) y autoridades bolivianas, los investigadores verificaron las condiciones del establecimiento señalado como destino final de los productos químicos.
Las averiguaciones permitieron establecer que el depósito ubicado en Cochabamba no contaba con la habilitación necesaria para operar con este tipo de sustancias.
Ese dato reforzó la hipótesis de que el cargamento podía ser desviado hacia actividades vinculadas con la producción ilegal de drogas, teniendo en cuenta tanto las características del producto transportado como la falta de autorizaciones del establecimiento receptor.
Finalmente, con las pruebas reunidas durante la investigación y el acuerdo pleno alcanzado con la fiscalía, la Justicia federal de Salta dictó las condenas contra los dos camioneros, además de disponer el decomiso de los elementos utilizados en la maniobra de contrabando.
