Un amplio operativo de la Policía Bonaerense permitió desarticular una organización dedicada al narcotráfico que operaba en el norte del conurbano bonaerense y en la Ciudad de Buenos Aires. Como resultado del procedimiento, diez personas fueron detenidas, entre ellas quienes fueron identificados como los principales responsables de la estructura criminal.
El despliegue policial incluyó 30 allanamientos realizados de manera simultánea en diferentes localidades del Gran Buenos Aires. Durante los procedimientos, los efectivos secuestraron 11 kilogramos de clorhidrato de cocaína, aproximadamente 500 gramos de marihuana de distintas variedades, 19 vehículos, armas de fuego, dinero en efectivo y numerosos elementos vinculados con la actividad ilegal.
La investigación quedó bajo la órbita del Juzgado Federal de Tres de Febrero, a cargo del juez Juan Manuel Culotta, con intervención de la Secretaría N° 7, dirigida por el doctor Gregorio Rueda.
Cómo estaba distribuida la droga secuestrada
Entre los estupefacientes incautados, la mayor cantidad correspondió a cocaína, que se encontraba acondicionada en diferentes presentaciones. Los investigadores encontraron siete panes identificados con el sello comercial «Lacoste», cuyo peso total alcanzó los 7,5 kilogramos.
También decomisaron un paquete con la insignia «Louis Vuitton», que contenía 1,5 kilogramos, además de otros fragmentos compactos en forma de piedra que sumaron dos kilogramos.
En cuanto a la marihuana, los efectivos encontraron distintos frascos con cogollos pertenecientes a varias genéticas. Entre las variedades identificadas figuraron Fuji Juice, AK47, Gkw, Strawberry, Moby Dick, Melonia y Tropical Fruit. Todo el material reunido alcanzó aproximadamente medio kilogramo.
A ese secuestro se sumaron nueve balanzas de precisión, utilizadas para pesar y preparar las sustancias antes de su distribución.
Más de $92 millones, dólares, armas y 19 vehículos
El procedimiento también permitió incautar una importante cantidad de dinero en efectivo. El total ascendió a $92.430.200 y 21.550 dólares estadounidenses.
Además, los investigadores encontraron tres máquinas destinadas al conteo de billetes y cuatro cajas fuertes, elementos que formaban parte de la estructura financiera de la organización.
En materia de armamento, se secuestró una pistola Bersa Thunder calibre 9 milímetros, acompañada por tres cargadores, un revólver calibre 22 y 207 municiones de calibre 9 milímetros.
El inventario de elementos incautados incluyó también 29 teléfonos celulares, cinco computadoras portátiles, cuatro dispositivos pendrive y dos cédulas de identificación vehicular.
Por otra parte, los 19 automóviles secuestrados correspondieron a distintas marcas y modelos. Entre ellos se encontraron Jeep Compass, Volkswagen Taos, Ford Ranger, Volkswagen Amarok, Toyota Corolla, Peugeot 2008 y Fiat 500, entre otros.
Una investigación que comenzó en marzo de 2026
La causa se inició en marzo de 2026, cuando las fuerzas de seguridad detectaron una estructura dedicada a la comercialización de estupefacientes que tenía como principal referente a Martín Alejandro Chamut, de 52 años.
El hombre fue señalado por los investigadores como un narcotraficante con antecedentes de actividad en el partido bonaerense de San Martín.
De acuerdo con las pruebas reunidas durante la investigación, Chamut habría mantenido el funcionamiento de la organización incluso mientras permaneció detenido. Luego de recuperar la libertad, volvió a involucrarse directamente en las operaciones y comenzó a administrar de manera personal las transacciones de mayor volumen.
Los responsables de abastecer los puntos de venta
La organización tenía como principales zonas de distribución el partido de San Martín, diferentes sectores de la Zona Norte del Gran Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Durante las tareas de seguimiento, los investigadores determinaron que los compradores entregaban el dinero en Villa Corea, mientras que la droga era retirada posteriormente en Villa Ballester.
Para concretar los movimientos, los integrantes utilizaban bolsos, mochilas y vehículos acondicionados especialmente para trasladar y esconder los estupefacientes.
Según la investigación, Chamut contaba con dos colaboradores de confianza que cumplían funciones centrales dentro de la estructura.
Uno de ellos era Gustavo Ariel Etchart, de 43 años, quien tenía a su cargo el abastecimiento de distintos sectores de la Zona Norte, entre ellos Pilar, Tigre, San Isidro y Vicente López.
Además, Etchart presidía una financiera junto con su sobrina, Oriana Ailén Etchart Torres. De acuerdo con las actuaciones judiciales, ese establecimiento era utilizado para realizar operaciones de blanqueo de capitales y cambio de divisas.
El segundo colaborador identificado fue Facundo Leonardo Romero, quien se encargaba de abastecer más de diez puntos de comercialización en Villa Corea, además de varios búnkeres ubicados en Villa Hidalgo y Villa Carcova.
Una vez que recuperó la libertad, Chamut también retomó el manejo de los lugares de mayor expendio de drogas. Entre los puntos identificados por los investigadores aparecieron los búnkeres de las villas «9 de Julio», «El 18 (Mameluco)», «Sarmiento», «Pegamil» y «Loyola».
En paralelo, las tareas investigativas permitieron individualizar al principal proveedor de la organización. Se trataba de un hombre radicado en Pilar, que además tenía comercios en Tres de Febrero e Ingeniero Budge.
Financieras, agencias de autos y lavaderos para ocultar el dinero
Para disimular los movimientos económicos derivados de la venta de drogas, la banda utilizaba diferentes actividades comerciales como fachada.
Entre ellas figuraban financieras, agencias de compraventa de automóviles y lavaderos de vehículos, que habrían servido para encubrir el circuito de dinero generado por las operaciones ilegales.
La estructura también disponía de cocheras, oficinas y departamentos distribuidos en distintas localidades, entre ellas San Martín, Nordelta, San Isidro, Vicente López y Pilar. Esos inmuebles eran utilizados para guardar los estupefacientes.
Otro dato que surgió de las intervenciones telefónicas fue la vinculación de Alex Uriel Etchart, de 25 años, con una organización dedicada a cometer entraderas en distintos sectores de la Zona Norte bonaerense. Según las escuchas, el joven mantenía contactos operativos con integrantes de esa banda.
Rastreadores GPS, drones y más de 230 horas de escuchas
Para reunir las pruebas necesarias y avanzar con los allanamientos, las fuerzas de seguridad desarrollaron un trabajo de inteligencia que incluyó diferentes recursos tecnológicos y tareas de vigilancia.
Entre las medidas implementadas se destacó el análisis de las imágenes registradas por cámaras de seguridad y la instalación de dispositivos de rastreo GPS Tracker LK 208 en varios vehículos que estaban bajo investigación.
También se utilizaron drones, con autorización judicial, para observar sectores de difícil acceso y obtener información sobre los movimientos de los integrantes de la organización.
A estas tareas se sumó la intervención de más de 25 líneas telefónicas, que permitió acumular más de 230 horas de escuchas.
El análisis de las antenas de comunicación y los seguimientos realizados por los investigadores en distintos puntos del territorio completaron el conjunto de evidencias que permitió solicitar y obtener las órdenes judiciales para concretar los 30 procedimientos simultáneos.
Quiénes fueron los diez detenidos
Además de Martín Alejandro Chamut, Gustavo Ariel Etchart, Oriana Ailén Etchart Torres, Alex Uriel Etchart y Facundo Leonardo Romero, el operativo terminó con la detención de otras cinco personas.
Los restantes apresados fueron identificados como Ricardo Daniel Pérez, de 40 años; Marcelo Rodrigo Veriz; Oscar Daniel Agüera, de 47; Francisco José Chifaldi, de 30; e Iván Gerometa, de 26.
De esta manera, los diez integrantes de la organización quedaron a disposición del Juzgado Federal de Tres de Febrero, que continuó con la investigación para determinar las responsabilidades de cada uno de los involucrados.
La causa se enmarcó en una investigación por presuntas infracciones a la Ley 23.737, que contempla los delitos vinculados con el narcotráfico, y por maniobras relacionadas con el lavado de activos.
