El juez federal de Garantías Gustavo Javier Zapata resolvió otorgarle la prisión domiciliaria a Konstantin Rudnev, el ciudadano ruso detenido en la causa conocida como la “secta rusa de Bariloche”, luego de analizar su estado de salud y la ausencia de un diagnóstico médico concluyente.
La decisión fue adoptada durante una audiencia realizada por videollamada, modalidad que estuvo vinculada a los problemas de salud que presenta el imputado.
No obstante, el beneficio no se hará efectivo de manera inmediata, ya que la Fiscalía Federal impugnó el fallo en el mismo acto. De esta manera, la resolución quedó suspendida y deberá ser revisada por una instancia superior.
Al fundamentar su postura, Zapata aclaró que el otorgamiento de la domiciliaria responde exclusivamente a cuestiones de salud y no implica una modificación en la evaluación de los riesgos procesales del acusado.
Con este escenario, la causa continuará ahora por el circuito de apelación previsto en el Código Procesal Penal Federal.
En la audiencia participaron abogados defensores, representantes del Ministerio Público Fiscal, traductoras públicas de ruso, profesionales médicos, personas vinculadas a la presunta víctima y un asesor de menores.
La defensa solicitó el cambio en la modalidad de la prisión preventiva para que Rudnev continúe detenido, pero bajo arresto domiciliario. El pedido se apoyó en dos argumentos: la morigeración contemplada en el artículo 210 del CPPF y la prisión domiciliaria por razones de salud prevista en la ley de ejecución penal.
Durante su exposición, los letrados señalaron que el alojamiento en una unidad carcelaria resulta actualmente desproporcionado frente al deterioro físico del imputado y la falta de estudios médicos completos que permitan definir su cuadro clínico.
También plantearon que la normativa obliga a evaluar alternativas menos gravosas cuando los riesgos pueden ser neutralizados mediante controles adecuados.
En ese marco, propusieron la implementación de monitoreo electrónico, la retención del pasaporte, un domicilio previamente verificado, la designación de un tutor y la prohibición absoluta de contacto con la presunta víctima y su hijo.
El eje central de la audiencia estuvo marcado por las declaraciones de los profesionales de la salud y un intenso debate en torno al diagnóstico médico.
El cirujano del Hospital de Clínicas Luis Saroto sostuvo que un paciente con una pérdida de 50 kilos debe ser considerado “crítico” y que requiere estudios urgentes, incluso con posibilidad de internación.
Por su parte, el médico especialista en hipertensión Mariano Duarte coincidió en que una baja de peso tan significativa suele estar asociada a una patología de base y advirtió sobre la necesidad de realizar estudios funcionales ante un eventual compromiso respiratorio.
Desde el Ministerio Público Fiscal, el médico Claudio Capuano distinguió entre “riesgo vital inminente” y “riesgo aumentado”, y afirmó que la documentación médica no evidenciaba una situación de muerte inminente, aunque sí un riesgo clínico elevado que amerita estudios complementarios.
Al momento de resolver, Zapata anunció que haría lugar a la prisión domiciliaria “en los términos del artículo 32 de la ley 24.660”, invocando motivos de salud.
El magistrado explicó que no existe “un diagnóstico preciso” y que, de acuerdo con los especialistas, el caso requiere una batería de exámenes e incluso una eventual internación para definir la patología y el tratamiento adecuado.
En ese sentido, señaló que el estándar del artículo 32 se activa cuando la detención en un establecimiento penitenciario impide brindar el tratamiento médico necesario, y remarcó que la medida busca evitar que un “riesgo aumentado” derive en un “riesgo vital inminente”.
En su resolución, Zapata dispuso la prisión domiciliaria con la colocación de un dispositivo electrónico de vigilancia y la continuidad de las restricciones ya impuestas.
Asimismo, aclaró que la medida solo se hará efectiva cuando la decisión quede firme.
La Fiscalía Federal confirmó en la misma audiencia que apelará la resolución, al considerar que el artículo 32 no resulta aplicable porque no está acreditado que la permanencia en la cárcel impida tratar la dolencia del imputado.
Con ese argumento, solicitó que el beneficio quede suspendido hasta que intervenga el tribunal superior, condición que fue ratificada por el juez en función del efecto del recurso.
La resolución fue confirmada públicamente por el abogado defensor Carlos Broitman, quien en declaraciones al diario Río Negro afirmó que la decisión judicial se sustentó en fallas en la atención médica durante casi seis meses de detención.
“Demostramos la negligencia después de casi seis meses”, sostuvo el letrado, y explicó que la defensa presentó peritos cuyas conclusiones coincidieron con las de los médicos propuestos por su parte.
Según Broitman, Rudnev perdió 50 kilos desde que fue detenido y presenta múltiples patologías, y atribuyó parte de las deficiencias en la atención a la barrera idiomática dentro del penal.
“Usaban el traductor de Google para llevarle medicamentos que Rudnev no reconocía”, aseguró en esa entrevista.
El defensor agregó que existen constancias escritas en las que el imputado habría solicitado asistencia médica: “por favor, quiero ser atendido”.
Broitman también indicó que la causa tendrá un nuevo punto clave el próximo 3 de abril, cuando la fiscalía deberá formular la acusación formal contra Rudnev y varias mujeres rusas imputadas en el expediente.
En ese contexto, afirmó que “técnicamente se va a demostrar su inocencia” y sostuvo que la investigación de fondo se originó a partir de una denuncia hospitalaria por el parto de una mujer rusa presuntamente vulnerable.
El abogado planteó que “hay una víctima que no es víctima” y negó algunas imputaciones difundidas públicamente, como la existencia de cocaína, al señalar que lo que se mencionó como drogas eran en realidad medicamentos.
También habló de una supuesta “caza de rusos” y cuestionó que se haya instalado la hipótesis de una organización criminal a partir de antecedentes del acusado.
Mientras se resuelve la apelación vinculada a la prisión domiciliaria, la disputa de fondo continuará en el expediente.
Será la Cámara la que deberá definir si corresponde mantener la domiciliaria por razones de salud, con monitoreo electrónico, o revertir el criterio adoptado.
En paralelo, la investigación avanzará hacia la etapa procesal de la acusación formal prevista para el mes de abril.
