El fiscal federal Franco Picardi, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°5, requirió la elevación a juicio de una causa que involucra a cuatro internos del Establecimiento Penitenciario N°7 de Jujuy. Los acusados fueron señalados como integrantes de una organización criminal que utilizaba la identidad del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, para realizar estafas y extorsiones contra familiares de personas detenidas.
Los cuatro sospechosos continúan alojados en ese establecimiento penitenciario y cuentan con antecedentes penales por otros hechos. Se trata de C.M.A.A., de 38 años, condenado por robo y violación de domicilio; R.A.R., de 40, con condenas por robos y hurtos; S.A.L., de 31, condenado por tentativa de homicidio y robos; y W.R.V., de 32, quien registra una condena por homicidio simple.
La acusación presentada por Picardi comprende los delitos de asociación ilícita en calidad de miembros, previsto en el artículo 210, primer párrafo, del Código Penal, que contempla penas de tres a diez años de prisión. También incluye usurpación de autoridad, en ocho oportunidades, figura establecida en el artículo 246, inciso 1, con penas de un mes a un año; estafa, en dos episodios, contemplada en el artículo 172, con penas de un mes a seis años; y extorsión mediante simulación de autoridad pública, prevista en el artículo 168, que establece condenas de cinco a diez años de prisión. Todos los delitos fueron considerados en concurso material.
El pedido de elevación a juicio también contempla la extracción de testimonios para avanzar sobre la posible intervención de tres mujeres relacionadas con los imputados. Según la investigación, sus cuentas bancarias podrían haber sido utilizadas para recibir o transferir los fondos obtenidos mediante las maniobras fraudulentas. Por ese motivo, la fiscalía solicitó que sean citadas a prestar declaración indagatoria.
De acuerdo con las pruebas reunidas, la organización operó, al menos, desde noviembre de 2024 hasta el 30 de octubre de 2025. Su base de funcionamiento se encontraba dentro del establecimiento penitenciario jujeño, desde donde sus integrantes utilizaban teléfonos celulares y distintas líneas para hacerse pasar por Rosatti.
Mediante esas comunicaciones invocaban la condición del magistrado como titular de la Corte Suprema y se comunicaban con dependencias policiales, penitenciarias y otras fuerzas de seguridad. El objetivo era conseguir información sobre personas que permanecían detenidas.
Una vez que obtenían esos datos, los integrantes del grupo contactaban a los familiares de los internos y les reclamaban transferencias de dinero. Para convencerlos, les aseguraban que debían abonar una supuesta fianza como condición para conseguir la liberación de sus seres queridos.
La modalidad delictiva también incluyó otros engaños. En diferentes oportunidades, los sospechosos utilizaron el nombre del presidente del máximo tribunal para aparentar que representaban a empresas privadas y comunicarles a distintas personas que habían ganado premios. Entre las falsas recompensas mencionaban vehículos y servicios de telefonía satelital, aunque luego exigían pagos por supuestos costos administrativos para concretar la entrega.
La investigación, determinó que las maniobras contaban con una estructura organizada de comunicaciones y cuentas bancarias pertenecientes a terceros. Los perfiles de WhatsApp utilizados para los contactos mostraban fotografías de Horacio Rosatti o imágenes de edificios judiciales. Además, empleaban nombres que buscaban transmitir una apariencia institucional, como “Corte Suprema de Justicia”.
El mecanismo también contemplaba el uso de alias para recibir transferencias que aparentaban estar relacionados con organismos oficiales. Entre ellos figuraban las denominaciones “poderjudicial.mp” y “poderjudicial.org.25”.
Además de las comunicaciones dirigidas a dependencias estatales para conseguir información, la acusación identificó dos hechos de estafa y un episodio de extorsión que tuvieron como víctimas a personas contactadas directamente por los integrantes de la organización.
Los allanamientos y los teléfonos ocultos en las celdas
Una parte central de las pruebas surgió de los procedimientos realizados el 2 y 3 de diciembre de 2024. Durante esas jornadas, efectivos de la División Unidad Operativa Federal Jujuy de la Policía Federal Argentina llevaron adelante allanamientos en el Pabellón A, Sector 1, del Establecimiento Penitenciario N°7.
En una de las celdas inspeccionadas, compartida por S.A.L. y W.R.V., los investigadores encontraron un teléfono celular escondido dentro de un colchón. El dispositivo resultó particularmente relevante porque allí había funcionado la línea telefónica utilizada para realizar el primer llamado a la Policía Federal y establecer comunicaciones con las personas perjudicadas por las estafas.
Los procedimientos también permitieron encontrar elementos comprometedores en otros sectores del penal. En las celdas ocupadas por C.M.A.A. y R.A.R. aparecieron anotaciones con números telefónicos, CBU, alias bancarios y nombres de personas que coincidían con los mencionados en las comunicaciones que habían sido interceptadas.
Además, los efectivos secuestraron tarjetas SIM y distintos teléfonos celulares que estaban escondidos en colchones, zócalos y techos de las instalaciones penitenciarias.
Las escuchas telefónicas incorporadas a la causa aportaron más elementos sobre el funcionamiento interno de la organización. A través de esas conversaciones, los investigadores determinaron que los acusados tomaron conocimiento de los operativos que se estaban desarrollando y comenzaron a dar instrucciones para esconder o retirar los objetos que podían comprometerlos.
En una de las comunicaciones se mencionó que “le habían caído a Trompila”, apodo con el que los integrantes identificaban a C.M.A.A. En otro diálogo, ante la advertencia sobre la presencia de efectivos policiales, uno de los interlocutores pidió que retiraran “el teléfono, las cuentas, todo”.
La distribución de funciones y el circuito del dinero
En su análisis de la estructura delictiva, el fiscal Picardi atribuyó a cada uno de los cuatro imputados tareas específicas dentro de la organización.
Según la acusación, C.M.A.A. y R.A.R. concentraban principalmente las actividades vinculadas con la preparación y realización de los llamados telefónicos. También se encargaban de conseguir y utilizar información sobre las víctimas, además de intervenir en la recepción, derivación y canalización del dinero que obtenían o intentaban conseguir mediante las estafas y las exigencias económicas.
Para concretar esos movimientos financieros, los acusados recurrían a cuentas bancarias y billeteras virtuales de personas de su entorno. La fiscalía logró individualizar distintas cuentas relacionadas con parejas y allegadas de ambos imputados, que habrían servido para recibir los fondos provenientes de las maniobras.
La documentación incorporada al expediente también permitió reconstruir parte de las transferencias realizadas por las víctimas. Entre las pruebas presentadas se incluyeron tres comprobantes de operaciones bancarias efectuadas a favor de los estafadores, que fueron aportados por una de las personas perjudicadas.
Por otra parte, S.A.L. y W.R.V. habrían asumido las tareas relacionadas con la obtención, disponibilidad, conservación, circulación y ocultamiento de los teléfonos celulares, las tarjetas SIM y los restantes dispositivos de comunicación utilizados para ejecutar los delitos.
Picardi remarcó que la participación de estos dos últimos acusados no representó una colaboración secundaria o limitada a la preparación de los hechos. Por el contrario, consideró que sus intervenciones resultaron fundamentales para que las maniobras pudieran llevarse adelante.
Finalmente, el análisis de la documentación bancaria permitió establecer que el dinero obtenido mediante los engaños no terminaba en cuentas de titulares desconocidos o sin relación con los sospechosos. Los fondos eran transferidos a cuentas pertenecientes a personas vinculadas con los propios imputados, un aspecto que permitió avanzar en la reconstrucción del circuito económico de la organización.
