La Cámara Federal de Comodoro Py resolvió admitir como prueba una escucha telefónica del año 2019 en la que el empresario Lázaro Báez señala que el dinero que manejaba pertenecía a alguien “de arriba”. Esta conversación fue incorporada a la causa conocida como la “Ruta del dinero K” y será utilizada como evidencia en el tramo del expediente donde se investiga a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
La decisión fue tomada por la Sala II del tribunal, que aceptó una apelación presentada por la asociación civil “Bases Republicanas”, parte querellante en el caso. Según fuentes judiciales citadas por Infobae, la mayoría del tribunal consideró que no había impedimentos para incluir la prueba. “La cuestión medular se vinculará con el valor probatorio que, en todo caso, corresponda otorgar a cada uno de los elementos reunidos, en el momento procesal oportuno”, sostuvo el fallo mayoritario.
Cabe recordar que Lázaro Báez ya fue condenado por el lavado de 55 millones de dólares en esta causa. La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la condena este año, por lo que el empresario regresó a prisión tras un período bajo arresto domiciliario.
No obstante, existe un tramo de la investigación que sigue analizando si Cristina Kirchner tuvo alguna responsabilidad en los hechos. Aunque tanto el fiscal federal Guillermo Marijuán como el juez federal Sebastián Casanello la habían sobreseído, la Cámara Federal revocó esa decisión y ordenó continuar con las pesquisas.
“Bases Republicanas” había solicitado la incorporación de la grabación de Báez mientras se encontraba detenido en la cárcel de Ezeiza. El juez Casanello rechazó la medida, al igual que lo había hecho seis años atrás, argumentando que desde el Juzgado Federal de Lomas de Zamora no podían remitir la información requerida.
Los camaristas Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi avalaron el pedido de la querella. Llorens justificó su voto afirmando que era necesario analizar la prueba en el contexto global de todas las causas vinculadas, ya que se trata de “distintos tramos de conducta asociados a un único designio criminal”.
Además, Llorens indicó que la prueba debía producirse más allá de su posterior valoración. En sintonía, Bertuzzi señaló que el conjunto de evidencias debía integrarse con lo que surja de expedientes relacionados, para “garantizar una perspectiva analítica amplia que permita cristalizar los fines del proceso, es decir, la averiguación de la verdad de los sucesos”.
“Con ese norte, ya establecido antes de ahora, no encuentro obstáculo para que se incorpore al presente proceso la prueba requerida”, agregó Llorens en su voto.
Sin embargo, el juez Eduardo Farah votó en disidencia, manifestándose en contra de la incorporación de la grabación.
Por su parte, la Unidad de Información Financiera (UIF) respaldó el pedido de “Bases Republicanas” y fue más allá: solicitó el apartamiento del juez Casanello por considerar que lleva adelante una “instrucción sesgada” que afecta la imparcialidad del proceso.
En su escrito, la UIF criticó la postura del magistrado. “No se entiende cómo una prueba como la solicitada por la Asociación Civil Bases sea, en palabras del a quo, impertinente e inútil para el objeto procesal de las presentes actuaciones”, argumentó. Además, sostuvo que la medida podría contribuir a vincular a Cristina Elisabet Fernández de Kirchner con las maniobras investigadas. Esta última presentación deberá ser evaluada también por la Cámara.
