Con 137 votos afirmativos, la Cámara de Diputados aprobó la reforma de la Ley de Glaciares, luego de una sesión en la que el oficialismo logró reunir los apoyos necesarios gracias al acompañamiento del PRO, la UCR y distintos espacios provinciales. La dinámica del debate estuvo atravesada por una estrategia de menor exposición discursiva, la presencia de Karina Milei en el recinto y fuertes cuestionamientos de la oposición.
La sesión contó con 129 legisladores presentes, lo que permitió alcanzar el quórum necesario para avanzar hacia la sanción definitiva. Además del bloque libertario, aportaron al inicio del debate diputados del PRO, la UCR, Innovación Federal, Independencia, Elijo Catamarca, Adelante Buenos Aires, Por Santa Cruz y representantes del bloque Unidos, entre ellos Jorge Rizzotti, Ignacio Aresca, José Nuñez, Sergio Capozzi, Alejandra Torres y su titular, Gisella Scaglia.
El número final de la votación superó incluso ese piso inicial. Pasada la una de la madrugada y tras varias horas de debate, el tablero marcó 137 votos positivos frente a 111 negativos, consolidando así la aprobación de la norma.
Aunque se preveía que la votación se extendiera más en el tiempo, el desarrollo de la sesión resultó más ágil de lo esperado para el oficialismo. Con los votos asegurados, varios diputados de La Libertad Avanza que se habían anotado para hablar desistieron de hacerlo. “Están los votos, que se queden con los discursos”, deslizó un legislador libertario.
En paralelo, una protesta ambientalista sumó tensión simbólica a la jornada: activistas de Greenpeace desplegaron una pancarta amarilla y negra en la fachada del Congreso, reclamando a los diputados que no traicionaran la ley vigente.
La confirmación del resultado favorable comenzó a vislumbrarse cerca de las 22, cuando la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, ingresó al recinto y se ubicó en el palco, desde donde siguió el tramo final del debate.
Temario y debate
El inicio de la sesión estuvo marcado por nueve pedidos de apartamiento del reglamento impulsados por bloques opositores, especialmente desde la izquierda y Unión por la Patria. Sin embargo, todos fueron rechazados por el oficialismo con el respaldo de sus aliados.
Entre ellos, se destacó el planteo de la diputada Paula Penacca, quien solicitó la citación de Manuel Adorni para una interpelación en el recinto. Su intervención concluyó con un irónico “fin”, emulando al jefe de Gabinete. La votación volvió a favorecer al oficialismo.
También generó atención la propuesta del diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, para tratar tres proyectos vinculados a $Libra. No obstante, la mayoría oficialista volvió a imponerse y desestimó el pedido.
Superada esa instancia inicial, el oficialismo mantuvo el control de la sesión, atento a la cantidad de bancas que reunía la oposición y la distancia respecto a los 129 diputados necesarios para habilitar el debate.
Luego comenzó la discusión de fondo sobre la reforma de la ley. El encargado de abrir las exposiciones fue el sanjuanino José Peluc, de La Libertad Avanza, quien había liderado el tratamiento en comisiones. Tras repasar aspectos de la normativa, respondió a las críticas opositoras con tono calmo: “Ustedes leen hasta donde quieren y entienden hasta donde quieren”.
En la misma línea, el santafesino Nicolás Mayoraz defendió el proyecto al afirmar que la iniciativa demuestra que “la protección ambiental y el desarrollo sustentable son compatibles”, y que permite resguardar el ambiente al tiempo que impulsa las economías regionales.
Desde la vereda opuesta, Maximiliano Ferraro cuestionó duramente la reforma, a la que calificó de “regresiva e inconstitucional”. Además, apuntó contra la influencia de empresas mineras y algunos gobernadores: “El sujeto regulado redactó esta ley y condujo el proceso deliberativo”, denunció.
Otro de los discursos críticos fue el de Miguel Ángel Pichetto, de Encuentro Federal, quien recordó su rol en la sanción original de 2010. Según planteó, aquella norma era “autosuficiente” y permitía equilibrar intereses nacionales y provinciales con respaldo técnico del IANIGLA, organismo que, según advirtió, queda debilitado con esta modificación. “No hay argumentos técnicos, económicos ni políticos que justifiquen este cambio”, sostuvo.
También rechazó el proyecto el diputado Juan Grabois, quien lo calificó como “una ley envenenada” y advirtió sobre el impacto de la minería en zonas glaciares. “Van a envenenar el agua”, afirmó, y utilizó una comparación extrema para ilustrar su postura.
De esta manera, tras un debate con posiciones bien marcadas, el oficialismo logró convertir en ley la reforma de Glaciares, consolidando una de sus principales iniciativas legislativas con el respaldo de aliados clave.
