La Justicia dispuso la prisión domiciliaria para Albertina Mangini, la ex funcionaria judicial bonaerense investigada por una presunta maniobra en la que se ofrecía dinero a personas a cambio de escanear sus ojos. De acuerdo con la acusación, esos datos se utilizaban posteriormente para abrir cuentas en billeteras virtuales y movilizar fondos provenientes del juego clandestino.
La medida llegó después de que la defensa de Mangini, representada por los abogados Miguel Ángel Molina y Alfredo Gascón, solicitara una morigeración de la prisión preventiva debido a los graves problemas de salud que atravesaba la imputada.
En la presentación judicial, los letrados sostuvieron que no resultaba razonable considerar que Mangini pudiera interferir en la investigación o intentar fugarse mientras permaneciera en su domicilio. Además, hicieron especial hincapié en su delicado cuadro de salud psicofísica y plantearon que no podía recibir un tratamiento adecuado dentro de una unidad penitenciaria.
Molina, quien anteriormente representó a Facundo Moyano, y Gascón también señalaron que la ex funcionaria no estaba recibiendo la medicación necesaria para continuar correctamente con su tratamiento. En ese sentido, indicaron que presentaba antecedentes de ansiedad e ideación suicida y consideraron que su situación constituía una emergencia psiquiátrica que requería atención médica inmediata.
Luego de analizar el planteo de la defensa, el Juzgado de Garantías N.º 6 de La Plata resolvió concederle la prisión domiciliaria. La medida quedó sujeta a un sistema de monitoreo electrónico mediante pulsera y GPS, además del seguimiento periódico por parte del Patronato de Liberados de la Provincia de Buenos Aires.
La resolución también estableció una serie de condiciones que Mangini deberá cumplir durante el arresto domiciliario. Entre ellas, se le prohibió mantener cualquier tipo de contacto, tanto directo como indirecto, con la víctima, los testigos que ya fueron identificados en el expediente y los demás imputados.
La restricción alcanzó las comunicaciones personales y telefónicas, pero también cualquier intento de contacto por medios electrónicos, redes sociales, aplicaciones o servicios de mensajería. La prohibición incluyó además la posibilidad de comunicarse a través de terceras personas.
La investigación tomó estado público a mediados de agosto de 2026, cuando Mangini quedó acusada de participar presuntamente de un esquema que ofrecía dinero a cambio del escaneo de ojos de distintas personas. Según la hipótesis investigativa, la información obtenida permitía posteriormente crear cuentas en billeteras virtuales que eran utilizadas para mover dinero relacionado con el juego clandestino.
La magnitud económica de la causa quedó reflejada en el volumen de fondos bajo sospecha. Los investigadores estimaron que los movimientos de dinero ilegal investigados alcanzaron aproximadamente los $27.000 millones, una cifra equivalente a casi 18 millones de dólares.
La investigación quedó a cargo de la fiscal Betina Lacki, titular de la UFI N.º 2 de La Plata, y avanzó sobre una presunta estructura delictiva vinculada con los delitos de asociación ilícita, defraudación mediante el uso indebido de datos y lavado de activos agravado por la habitualidad.
En el marco de la misma causa también fueron detenidos Ignacio Leonel Marchioni y Mauro Perrota, quienes quedaron involucrados junto con Mangini en las maniobras investigadas.
Sin embargo, con el avance de la pesquisa se produjo una modificación respecto de uno de los puntos de la imputación. El juez Agustín Crispó consideró que no surgieron elementos suficientes para atribuirle a Mangini maniobras autónomas de lavado de activos.
La ex funcionaria continuará así bajo investigación mientras cumple la prisión preventiva en su domicilio, sometida al monitoreo electrónico y a las restricciones de contacto establecidas por la Justicia.
