Un agente del Servicio Penitenciario de La Rioja fue detenido durante un procedimiento realizado por la Policía Federal Argentina, en el marco de una investigación por su presunta participación en el ingreso de drogas y teléfonos celulares a la cárcel provincial.
La directora del organismo penitenciario, Analía Tello, confirmó la detención y explicó que el trabajador se desempeñaba en el área de requisas. Precisamente, entre sus funciones se encontraba controlar los ingresos al establecimiento y evitar que elementos prohibidos llegaran hasta los internos.
El procedimiento se llevó adelante durante la tarde del lunes 12 de octubre y tomó estado público este martes a través de medios de La Rioja. En el operativo intervino personal de la División Unidad Operativa Federal La Rioja de la Policía Federal Argentina.
La pesquisa intentó establecer si el agente recibía dinero de personas privadas de la libertad a cambio de facilitar el ingreso de estupefacientes y teléfonos celulares al penal. Esa presunta modalidad formó parte de las hipótesis bajo investigación, aunque hasta el momento no se informó sobre una sentencia que acreditara esos hechos ni se conoció un monto comprobado relacionado con los supuestos pagos.
Como parte del procedimiento, los investigadores realizaron allanamientos en celdas pertenecientes al pabellón federal y en otros sectores de la capital provincial. Sin embargo, las publicaciones de medios locales no detallaron oficialmente cuáles fueron los resultados de esos registros.
Tampoco se precisó si durante los allanamientos se encontraron sustancias ni, en caso de haberse producido secuestros, qué cantidades fueron incautadas. Del mismo modo, no trascendió oficialmente cuántas personas quedaron alcanzadas por otras medidas adoptadas dentro de la investigación.
Los medios Provincia y Fénix señalaron que la causa quedó bajo intervención del juez federal Herrera Piedrabuena, con participación de la Secretaría de José Luis Combina. Además, indicaron que el agente penitenciario detenido quedó alojado en el Cuartel de Bomberos de la Provincia mientras avanzaron las actuaciones judiciales.
Tras conocerse el caso, Tello calificó lo ocurrido como un fuerte golpe para la institución y puso especial énfasis en las responsabilidades que tenía el trabajador investigado. El agente ocupaba un puesto destinado justamente a revisar y evitar el ingreso de objetos y sustancias prohibidas al establecimiento penitenciario.
Las declaraciones de la directora, recogidas por Eduardo German, situaron de esta manera al sospechoso dentro de uno de los sectores más sensibles del esquema de seguridad de la cárcel, debido a que su tarea estaba directamente relacionada con los controles de acceso.
La investigación se produjo, además, en medio de un escenario complejo para el sistema penitenciario riojano, que ya enfrentaba problemas vinculados con su infraestructura y capacidad de alojamiento.
A comienzos de octubre, Tello había informado que el establecimiento contaba con una población de 552 personas privadas de la libertad, mientras que su capacidad operativa alcanzaba solamente las 287 plazas.
Ese panorama de sobrepoblación penitenciaria fue informado antes del operativo que terminó con la detención del agente. Por ese motivo, ese diagnóstico sobre las condiciones del establecimiento no permitió establecer por sí mismo una relación causal con la presunta maniobra que quedó bajo investigación de la Justicia Federal.
