La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, anunció este lunes el lanzamiento del Plan Guacurarí, una iniciativa destinada a blindar la frontera con Brasil y enfrentar con mayor firmeza al crimen organizado. “Cada metro sin control es un metro ganado por el crimen”, enfatizó la funcionaria durante una conferencia realizada en la Sala de Situación del Comando Unificado del Ministerio de Seguridad.
El plan lleva el nombre del caudillo misionero Antonio Guacurarí y contempla una estrategia integral de seguridad para uno de los puntos más conflictivos de la provincia de Misiones: la localidad de Bernardo de Irigoyen, epicentro del contrabando, el narcotráfico y otros delitos transnacionales.
Según detalló Bullrich, el operativo contempla el blindaje de 25 kilómetros de frontera seca, lo que implicará un despliegue conjunto de las fuerzas federales, la Policía de Misiones, la Dirección General de Aduanas, la Dirección Nacional de Migraciones, y colaboración con autoridades brasileñas.
La ministra explicó que el foco estará puesto en reforzar los controles sobre rutas y pasos internacionales, especialmente en el Paso Bernardo de Irigoyen–Dionisio Cerqueira, donde en los últimos meses se registraron importantes decomisos de drogas y mercancía ilegal.
Bullrich también advirtió sobre el nivel de conflictividad en la zona: “Desde febrero se han intensificado los operativos y eso generó reacciones violentas. Hubo tiroteos contra viviendas de gendarmes y atentados contra instalaciones de nuestras fuerzas”, denunció.
En ese contexto, recordó que en 2023 se reportaron siete homicidios por encargo en esa región, lo que evidencia el grado de penetración del crimen organizado en la frontera noreste del país.
La presentación del plan estuvo acompañada por altas autoridades del área de seguridad nacional: José Andrés Velis (Aduanas), Sebastián Seoane (Migraciones), Luis Rolle (Policía Federal), Guillermo Giménez Pérez (Prefectura Naval) y Fernando Martínez (Servicio Penitenciario Federal), entre otros.
Con esta medida, el Gobierno busca recuperar el control de una zona clave para el tráfico ilegal entre Argentina y Brasil y enviar un mensaje claro: no habrá más zonas liberadas.
