El Ministerio de Seguridad Nacional dispuso una recompensa millonaria para intentar dar con el paradero de cinco hombres que permanecían prófugos en la causa por el triple crimen narco de Florencio Varela, en el que fueron asesinadas Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez en septiembre de 2025.
La medida quedó formalizada mediante la Resolución 1126/2026, publicada en el Boletín Oficial. A través de esa disposición, la cartera nacional estableció un pago de 10 millones de pesos por cada uno de los cinco buscados, con el objetivo de obtener información que permita concretar sus detenciones.
Los prófugos fueron identificados como Manuel David Valverde Rodríguez, David Gustavo Morales Huamani, Alex Roger Ydone Castillo, Kevin Manuel Valverde Urtecho y Abel Josuel Taya Humpire.
La decisión respondió a un pedido del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 2 de Morón, que se encontraba a cargo de Jorge Ernesto Rodríguez. Mediante un oficio fechado el 22 de septiembre de 2026, el magistrado solicitó la intervención del Programa Nacional de Recompensas del Ministerio de Seguridad Nacional para establecer un incentivo económico destinado a quienes pudieran proporcionar información relevante.
El requerimiento contempló a personas que no hubieran participado en los delitos investigados y que estuvieran en condiciones de aportar datos concretos para facilitar la localización y posterior captura de los cinco sospechosos.
Las órdenes de captura contra los cinco prófugos
En el expediente constaban distintas órdenes de detención que se habían dictado en diferentes momentos de la investigación.
El 8 de octubre de 2025 se dispuso la captura nacional de Manuel David Valverde Rodríguez y David Gustavo Morales Huamani. Un día después, el 9 de octubre, la Justicia ordenó detener a Alex Roger Ydone Castillo.
Posteriormente, el 18 de septiembre de 2026, se resolvió ampliar las medidas contra los otros dos investigados. En esa oportunidad, se dispusieron las capturas tanto a nivel nacional como internacional de Kevin Manuel Valverde Urtecho y Abel Josuel Taya Humpire.
De esta manera, los cinco hombres quedaron comprendidos en el esquema de búsqueda que motivó la implementación de las recompensas económicas anunciadas por el Gobierno nacional.
La hipótesis sobre una organización criminal dedicada al narcotráfico
Entre los elementos incorporados a la investigación, las autoridades judiciales consideraron que existían indicios suficientes para sostener, con un elevado grado de probabilidad, que los cinco prófugos integraban una organización criminal de estructura compleja, con distintos niveles jerárquicos y funciones asignadas a sus integrantes.
De acuerdo con lo expuesto en la resolución, la principal actividad de esa estructura estaba vinculada con el tráfico de estupefacientes. Además, la organización habría contado con una capacidad logística que le permitía desplegar sus operaciones en distintos puntos del país y en el exterior.
Los territorios mencionados en las actuaciones judiciales fueron la provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Salta y países limítrofes.
La resolución también precisó que las actuaciones que dieron origen a estas medidas judiciales comenzaron a partir de los asesinatos de Morena Verdi, Lara Gutiérrez y Brenda del Castillo, el caso que dio lugar a la investigación sobre la presunta estructura narco.
Cómo aportar información para cobrar la recompensa
Las personas que dispongan de información que permita establecer dónde se encuentran los cinco prófugos y contribuir a sus respectivas detenciones podrán comunicarse con el Programa Nacional de Recompensas.
Para brindar datos, se habilitó la línea telefónica gratuita 134, a través de la cual se podrán aportar elementos que ayuden a las autoridades a avanzar con las capturas.
La recompensa establecida asciende a 10 millones de pesos por cada uno de los buscados, por lo que el monto total previsto para las cinco detenciones alcanza los 50 millones de pesos.
Otros avances en la causa por el triple crimen
En los últimos días también se conocieron novedades judiciales relacionadas con otros involucrados en el expediente.
La madre de David Alberto Godoy, uno de los imputados en la investigación, recuperó la libertad luego de que la Justicia dictara la falta de mérito en su contra.
En paralelo, otros cuatro acusados quedaron procesados con prisión preventiva, una decisión que representó un nuevo avance en el desarrollo de la causa por los asesinatos de las tres jóvenes en Florencio Varela.
