Los dos internos que habían tomado como rehén a un agente penitenciario en el Penal de San Felipe, en Mendoza, fueron imputados por el delito de “secuestro coactivo”, según confirmó el Ministerio Público Fiscal (MPF) de la provincia.
La medida fue ratificada por el organismo y quedó a cargo del fiscal Martín Lucero, quien imputó a Claudio González Flores y Ramiro Colucci por la retención del agente Mauro Zugasti en el pabellón 16 del establecimiento penitenciario.
De acuerdo con la información conocida sobre el episodio, los reclamos de los internos estuvieron relacionados con el régimen de visitas y con el pedido de ser trasladados al penal de Almafuerte, en Cacheuta. Desde el Ministerio de Seguridad de Mendoza informaron posteriormente que la situación había sido controlada.
Mientras se desarrollaba el operativo, también trascendió que los presos habían conseguido acceder a un teléfono celular, con el que filmaron al agente penitenciario. En una de esas grabaciones, además, uno de los internos, González, mostró su rostro.
El caso generó una fuerte conmoción y, durante el desarrollo del operativo, se conoció una tragedia que afectó directamente a la familia del penitenciario tomado como rehén. Dos familiares de Mauro Zugasti murieron en un accidente mientras se dirigían hacia la cárcel para seguir de cerca lo que ocurría.
Las víctimas fueron identificadas como Ana Iris Estrada, madre del agente, y Alejandra Flores, madrina y tía de Zugasti.
Según la información aportada tras el accidente, la Municipalidad de La Paz había facilitado horas antes una camioneta para trasladar a los familiares del penitenciario hasta la capital de Mendoza. Sin embargo, cuando circulaban por la Ruta Nacional 7, el vehículo perdió el control y terminó impactando contra un árbol.
El choque provocó la muerte de ambas mujeres, en medio del operativo que se desarrollaba en el establecimiento penitenciario.
Tras conocerse el desenlace del episodio, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, se refirió públicamente a la situación de los dos reclusos y anticipó qué ocurriría con ellos. El mandatario sostuvo que no accederían a los beneficios que habían reclamado mediante la toma del penitenciario.
Cornejo señaló que los dos internos no serían trasladados a Almafuerte, tal como habían exigido durante la toma, y que serían incorporados al régimen de Muy Alto Perfil (MAP), considerado el sector de máxima seguridad del Servicio Penitenciario.
Además, el gobernador indicó que ambos debían afrontar las consecuencias judiciales derivadas de lo ocurrido y responder por los nuevos delitos que se les atribuyeron.
En ese sentido, los dos implicados fueron derivados este martes por la tarde al sector de Muy Alto Perfil (MAP) de Almafuerte II. El director general del Servicio Penitenciario, Eduardo Orellana, confirmó que los internos no recibirían beneficios y que quedarían a disposición de la Justicia por los delitos cometidos durante el episodio.
La decisión se produjo luego de que la fiscalía formalizara la imputación por “secuestro coactivo”, sumando esa acusación a las condenas que ambos ya cumplían por otros hechos.
El gobernador también detalló los antecedentes penales de los dos involucrados. Según explicó, se trataba de internos con condenas de larga duración y antecedentes por delitos graves.
Uno de ellos cumplía una pena de 27 años por homicidio agravado, robos agravados y otros delitos. El segundo tenía una condena de 23 años por robos agravados y abuso sexual agravado con acceso carnal, además de otros delitos.
De esta manera, la toma del agente penitenciario derivó en una nueva causa judicial para ambos internos, quienes quedaron imputados por la retención del efectivo y fueron alojados en un sector de máxima seguridad del sistema penitenciario mendocino.
