Cinco personas, dos argentinas, dos de nacionalidad china y una paraguaya, fueron detenidas en las últimas horas como consecuencia de una investigación por la distribución y venta de leche en polvo adulterada que llevaba la identificación de una reconocida marca.
Durante los procedimientos se secuestraron más de 500 unidades de leche de fabricación no controlada, además de un vehículo, teléfonos celulares, notebooks, dinero en efectivo y documentación considerada de interés para la investigación judicial.
Los operativos fueron realizados por efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA), que llevaron adelante un total de catorce allanamientos. La investigación estuvo bajo la órbita de la Dirección General de Articulación Operacional e Investigaciones, dependiente de la Superintendencia de Agencias Federales de Investigación.
El expediente se inició a partir de una denuncia presentada por el representante legal de la empresa Sancor. La presentación surgió después de varios reclamos realizados por padres que señalaron que sus hijos habían sufrido distintos efectos adversos luego de consumir leche en polvo de esa empresa, adquirida en diferentes supermercados.
La denuncia quedó radicada en la Fiscalía Federal N.° 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Cecilia Incardona, con la Secretaría de Florencia Soglio. Desde allí se convocó a los investigadores de la Dirección General de Articulación Operacional e Investigaciones, quienes asumieron el caso y comenzaron una investigación sobre el origen y la comercialización del producto.
A partir de las tareas realizadas, los investigadores determinaron que la mercadería correspondía a una falsificación alimenticia de leche maternizada en polvo. También pudieron reconstruir el circuito utilizado para su almacenamiento y posterior comercialización.
La organización utilizaba distintos inmuebles como lugares de acopio y expendio de la mercadería. Además, el producto era ofrecido mediante canales de venta online y distintas plataformas digitales, lo que ampliaba su llegada al circuito comercial.
Con esos elementos, el Juzgado Federal N.° 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Juan Tomás Ponte Rodríguez, ordenó una serie de allanamientos. Los procedimientos se concretaron tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en los partidos bonaerenses de Ezeiza, Quilmes, San Vicente, Lanús, Cañuelas y Roque Pérez.
Debido a la cantidad de domicilios involucrados y a la distancia entre los distintos puntos donde se realizaron los procedimientos, también participaron efectivos de las Divisiones Unidades Operativas Federales Ezeiza y 25 de Mayo.
Qué reveló el análisis de la leche en polvo adulterada
Uno de los principales elementos incorporados a la causa fue el informe pericial realizado por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), solicitado por la Fiscalía que intervino en la investigación.
El análisis de las muestras confirmó la presencia de Aflatoxina M1, una toxina derivada de hongos, en la leche en polvo ilegítima que había ingresado al circuito comercial. Los especialistas determinaron que los niveles detectados superaban en más de seis veces el límite máximo establecido por el Código Alimentario Argentino.
A partir de esos resultados, el informe estableció que el producto no era apto para el consumo y que implicaba un grave riesgo para la salud de los lactantes. La peligrosidad era especialmente relevante debido a que los bebés que consumían este tipo de alimento dependían de él como una de sus principales fuentes de nutrición, por lo que podían quedar expuestos de manera reiterada a la toxina.
Los investigadores también detectaron otras diferencias entre el producto adulterado y el original. Entre las irregularidades identificadas aparecieron modificaciones en el tamaño y en la calidad de la cuchara plástica incluida en el envase, además de errores tipográficos en el packaging.
La investigación permitió retirar parte de la mercadería del circuito comercial antes de que continuara siendo distribuida, especialmente un producto destinado a bebés menores de seis meses y considerado de alta peligrosidad por los resultados de los análisis realizados.
Las cinco personas detenidas y todos los elementos secuestrados durante los catorce allanamientos quedaron a disposición de la Justicia. La causa avanzó bajo la figura de infracción a la Ley 22.362.
