Cinco integrantes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) recuperaron la libertad en el marco de la investigación por presuntas torturas y abusos sexuales contra mujeres alojadas en la Unidad Penal N° 51 de Magdalena. La decisión fue tomada por la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Plata, que consideró que las pruebas incorporadas hasta el momento no alcanzaban para justificar que continuaran detenidos con prisión preventiva. En tanto, otras cuatro penitenciarias seguirán privadas de su libertad.
La resolución judicial revisó las medidas cautelares que había dispuesto el Juzgado de Garantías N° 4 de La Plata el pasado 28 de septiembre. La investigación se encuentra a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 11 y apunta a esclarecer una serie de hechos denunciados el 3 de junio de 2026, durante un procedimiento realizado dentro del establecimiento penitenciario.
Las presentaciones realizadas por las internas describieron situaciones de extrema violencia. Entre los episodios denunciados aparecen golpes, amenazas, humillaciones, utilización de gas pimienta y presuntos ataques de carácter sexual.
Además, el expediente incluye testimonios sobre agresiones contra mujeres que se encontraban esposadas, traslados realizados de manera violenta y supuestas exigencias del personal para que algunas detenidas besaran sus botas. También se pusieron bajo investigación las condiciones en las que recibieron atención médica después de los episodios y los procedimientos utilizados para registrar las lesiones que presentaban.
Qué resolvió la Cámara y quiénes recuperaron la libertad
El fallo estableció distintos criterios para analizar la situación de los nueve integrantes del Servicio Penitenciario Bonaerense que estaban alcanzados por las medidas cautelares. En el caso de cinco de ellos, los camaristas entendieron que los elementos reunidos durante la investigación no reunían el grado de sospecha necesario para sostener las prisiones preventivas.
Sin embargo, la decisión no representa el cierre de la investigación ni significa que los acusados hayan sido absueltos. La causa continuará su curso para determinar las responsabilidades correspondientes y esclarecer las denuncias realizadas por las internas.
Entre quienes recuperaron la libertad se encuentra Miguel Ángel Villota, quien se desempeñaba como subdirector de Inclusión; Carlos Miguel Tocci, subdirector de Seguridad; Agustina Ailén Oroná, encargada de turno; y Gisela Mailín Iguarán, integrante del Grupo de Intervención ante Emergencias.
La resolución también alcanzó a la enfermera Raquel Noemí Boccardo. En su situación particular, la Cámara dejó sin efecto la prisión preventiva, pero mantuvo la imputación por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Los jueces le concedieron la excarcelación bajo caución juratoria.
Los argumentos de los jueces para liberar a los acusados
En relación con Miguel Ángel Villota, los magistrados analizaron los testimonios que lo ubicaron dentro de la Unidad Penal N° 51 cuando se produjeron los hechos denunciados. No obstante, consideraron que esa circunstancia no permitía demostrar que hubiera intervenido directamente en las agresiones ni que hubiera impartido instrucciones vinculadas con los delitos investigados.
La situación de Carlos Miguel Tocci también fue examinada en detalle. En este caso, la Cámara encontró diferencias entre la descripción física que aportó una de las denunciantes y otros datos que figuraban en el expediente. El exsubdirector de Seguridad había sido imputado por presuntas torturas, abusos sexuales e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Por su parte, respecto de Agustina Ailén Oroná, los camaristas señalaron que no encontraron pruebas suficientes para establecer una intervención específica en los episodios denunciados. Además, dispusieron retirar una imputación por abuso sexual que había quedado incorporada en la parte resolutiva del fallo de primera instancia.
Finalmente, al analizar la situación de Gisela Mailín Iguarán, el tribunal entendió que su presencia durante el operativo y la utilización de gas pimienta no constituían, por sí solas, pruebas suficientes para relacionarla con las presuntas torturas y agresiones sexuales denunciadas por las detenidas.
De esta manera, la Cámara modificó parcialmente las medidas cautelares que pesaban sobre los integrantes del Servicio Penitenciario Bonaerense. Mientras cinco recuperaron la libertad bajo las condiciones establecidas en cada caso, otras cuatro imputadas permanecerán detenidas mientras continúa la investigación judicial sobre los hechos ocurridos en la cárcel de Magdalena.
