El presidente Javier Milei oficializó la convocatoria a sesiones extraordinarias entre el 10 y el 30 de diciembre a través de un decreto. Durante esas semanas, La Libertad Avanza intentará que el Congreso apruebe el Presupuesto 2026 y que comiencen en comisión los debates de un paquete de reformas impulsado desde la Casa Rosada.
El anuncio lo dio el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien informó que Milei estaba a punto de firmar el decreto que incluirá el Presupuesto 2026, la Ley de Inocencia Fiscal, la reforma laboral —rebautizada como Ley de Modernización Laboral—, los cambios tributarios, las modificaciones a la Ley de Glaciares (con actualizaciones en otras normativas) y la amplia reforma del Código Penal.
La publicación del decreto se realizará el martes 9 de diciembre en el Boletín Oficial. Ese mismo día, el Consejo de Mayo —el órgano creado por el Gobierno para articular los debates del Pacto de Mayo— ofrecerá una conferencia en Casa Rosada para presentar los proyectos. Hasta ese momento, el oficialismo sostiene que ningún borrador filtrado es definitivo.
La letra fina del Presupuesto 2026 quedará en manos de Milei, del ministro de Economía Luis Caputo y del secretario de Hacienda, Carlos Guberman. Ellos definirán qué parte del superávit fiscal podrían destinar a los aliados políticos que aporten los votos necesarios, especialmente gobernadores.
El Ejecutivo ya mantuvo encuentros con 18 de los 20 mandatarios convocados tras las elecciones. Adorni y el ministro del Interior, Diego Santilli, tomaron nota de los reclamos de cada provincia, aunque advierten que no todos serán atendidos por igual.
La prioridad será beneficiar a aliados electorales, a quienes respaldaron legislativamente a La Libertad Avanza, a las administraciones con orden fiscal y a los gobernadores cuya cantidad de legisladores convierta el apoyo en indispensable. En este grupo figuran Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Raúl Jalil (Catamarca) y Hugo Passalacqua (Misiones).
En la Casa Rosada creen crucial aprobar un Presupuesto este año, a diferencia de los dos períodos previos en los que se prorrogó el de 2023 para controlar el gasto. La sanción de la llamada “Ley de Leyes” es una demanda tanto de la oposición como del Fondo Monetario Internacional.
Por la relevancia de los proyectos, el oficialismo planea convocar a los jefes de bloque de ambas cámaras, e incluso no descarta incluir a los gobernadores. El Presupuesto llegará acompañado de la Ley de Inocencia Fiscal, destinada a incentivar la regularización de dólares no declarados, y de una norma de “regla fiscal” para restringir aumentos presupuestarios sin financiamiento claro.
A pesar del hermetismo oficial, trascendieron lineamientos de la reforma laboral que se revelará el 9 de diciembre. Habrá dos grandes capítulos: cambios en la Ley de Contrato de Trabajo —con foco en eliminar “zonas grises” que aumentan las indemnizaciones— y modificaciones sobre cómo probar “daño laboral”, para que sea el empleado quien deba acreditarlo. También se revisará la “ultraactividad” de los convenios y se incorporará el criterio de “prelación”, priorizando acuerdos por empresa, municipio o provincia sobre convenios de alcance general.
La reforma penal incluirá más de 900 artículos orientados a endurecer la política criminal y a ofrecer nuevas herramientas a los jueces, buscando reducir arbitrariedades. Contemplará la actualización de penas para delitos graves como homicidios, robos, narcotráfico, pornografía infantil y trata de personas. El esquema prevé que el 82% de los delitos tenga cumplimiento efectivo de condena y que los mínimos se ajusten a la gravedad y el daño causado. Finalmente, no se incorporará la imprescriptibilidad de delitos de corrupción, aunque podría activarse una comisión bicameral para acelerar el dictamen.
Esta reforma no tendrá prioridad por encima de la tributaria, que podría incluir un “Súper IVA” para que las provincias comiencen a recaudar una parte del impuesto compitiendo entre sí para atraer inversiones.
En paralelo, la actualización de la Ley de Glaciares dará a las provincias la potestad de definir la distancia mínima desde zonas periglaciares para habilitar proyectos mineros. Además, se incorporarán cambios a la Ley de Promoción Minera y a la Ley de Tierras para limitar adquisiciones de extranjeros.
El Gobierno prevé una nueva convocatoria a sesiones extraordinarias en la segunda quincena de enero, con la intención de extender el trabajo legislativo hasta finales de febrero, poco antes del inicio del período ordinario.
