El régimen de Irán ejecutó este jueves a tres hombres detenidos durante las protestas de enero de 2026, en los primeros casos de ahorcamiento reconocidos oficialmente por su vinculación con esas manifestaciones. Mehdi Ghasemi, Saleh Mohammadi y Saeed Davoudi fueron ejecutados al amanecer en una prisión de Qom, al sur de Teherán, tras ser condenados por “moharebeh” (enemistad contra Dios), un delito capital contemplado por la ley islámica, según informó la agencia judicial Mizan.
El caso que generó mayor repercusión fue el de Mohammadi, quien había cumplido recientemente 19 años y formaba parte del seleccionado nacional de lucha libre, con participación en competencias internacionales. Fue acusado de estar implicado en la muerte de un policía durante los disturbios del 8 de enero en Qom. Sin embargo, la organización Iran Human Rights (IHR) aseguró que la condena se basó en una confesión obtenida bajo tortura. Además, su defensa no logró que se consideraran pruebas clave, como registros de cámaras de seguridad que, según su entorno, no lo ubicaban en el lugar del hecho.
Por su parte, Amnistía Internacional denunció que el joven no contó con una defensa adecuada y que el proceso judicial fue tan acelerado que no cumplió con estándares mínimos. En la misma línea, el grupo jurídico Dadban sostuvo que los tres acusados no tuvieron acceso real a abogados independientes, lo que convierte la aplicación de la pena de muerte en una ejecución extrajudicial. Según la versión oficial, Davoudi fue acusado de asesinar a dos policías con armas blancas, mientras que Ghasemi habría actuado en favor de Israel e incentivado disturbios para desestabilizar al país.
Las ejecuciones ocurrieron apenas un día después de que las autoridades llevaran a cabo la de Kouroush Keyvani, ciudadano con doble nacionalidad iraní-sueca, acusado de espionaje para el gobierno israelí. Se trata del tercer caso de este tipo en lo que va de 2026, según IHR. La ministra de Asuntos Exteriores de Suecia, Maria Malmer Stenergard, cuestionó la validez del proceso judicial, postura que también fue respaldada por la Unión Europea.
Las protestas que derivaron en estas detenciones comenzaron a fines de diciembre de 2025, impulsadas inicialmente por comerciantes en rechazo al aumento del costo de vida. Con el paso de los días, las movilizaciones se expandieron a más de cien ciudades, convirtiéndose en las más importantes desde la Revolución de 1979. Los episodios más violentos se registraron el 8 y 9 de enero.
El gobierno iraní reconoció más de 3.000 muertos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, aunque atribuyó los hechos a grupos terroristas con apoyo extranjero. Sin embargo, la agencia HRANA elevó la cifra a más de 7.000 fallecidos, en su mayoría civiles, y advirtió que el número real podría ser aún mayor.
Desde IHR sostienen que cientos de detenidos podrían enfrentar cargos que conllevan la pena de muerte. En ese contexto, el jefe del Poder Judicial iraní, Gholamhossein Mohseni Ejei, advirtió que no habrá indulgencia para quienes sean considerados responsables de actos violentos.
La organización también expresó su preocupación por el impacto de la guerra iniciada el 28 de febrero, tras los ataques que provocaron la muerte del líder supremo Alí Khamenei. Según IHR, el conflicto podría ser utilizado como una cortina para intensificar las ejecuciones. “Estas acciones buscan generar temor en la población, ya que la principal amenaza para el régimen proviene de su propio pueblo”, señalaron.
Irán se mantiene como el segundo país con mayor número de ejecuciones en el mundo, detrás de China. Solo el año pasado se registraron al menos 1.500 ahorcamientos, de acuerdo con datos de IHR. La muerte de Mohammadi reavivó el recuerdo del luchador Navid Afkari, ejecutado en 2020 pese a una fuerte campaña internacional que no logró frenar su condena.
En medio de una creciente presión internacional, el régimen iraní parece sostener la misma estrategia: endurecer las represalias internas mientras enfrenta el conflicto externo.
