Una trabajadora del Banco Nación de la localidad bonaerense de San Pedro fue imputada en el marco de una causa por el presunto desvío de $40 millones mediante maniobras consideradas irregulares con dinero del tesoro.
La acusada, de 36 años, cumplía funciones como responsable del Servicio de Cajas y también tenía a su cargo la administración de las cajas del tesoro dentro de la sucursal. La imputación fue presentada por el fiscal federal Matías Felipe Di Lollo, titular de la Sede Fiscal Descentralizada San Nicolás, durante una audiencia ante el juez de Garantías Carlos Villafuerte Ruzo.
Según la investigación, la mujer —identificada por sus iniciales M.C.N.— habría utilizado su posición para retirar el dinero y luego efectuar movimientos contables sin respaldo con el objetivo de ocultar el faltante. La irregularidad fue detectada por la Gerencia Zonal del Banco Nación, que intervino en la sucursal junto a personal especializado proveniente de San Nicolás y Pergamino para llevar adelante controles.
De acuerdo con la reconstrucción del caso, el 31 de marzo de 2025 la sospechosa habría sustraído dinero del denominado “tesoro reserva”, lo escondió entre sus prendas dentro de una bolsa de nailon y se retiró del banco. Posteriormente, se registró un movimiento de $10 millones desde el llamado “tesoro latón” hacia un cajero automático.
Además, los investigadores sostienen que el 8 de agosto del mismo año la empleada habría retirado fajos de billetes de $20.000 del “tesoro libre” y los utilizó en un cajero para cancelar deudas personales de tarjetas de crédito —Visa y Mastercard— por un total de $16 millones. En paralelo, habría realizado transferencias internas por el mismo monto para intentar equilibrar los registros contables del tesoro.
El fiscal Di Lollo le atribuyó el delito de peculado, contemplado en el artículo 261 del Código Penal, que prevé penas de entre 2 y 10 años de prisión.
Por su parte, el juez interviniente convalidó la imputación, fijó un plazo de 90 días para el desarrollo de la etapa penal preparatoria y ordenó el embargo del domicilio de la acusada, además de dictar su inhibición general de bienes.
