En un giro considerado histórico para la Argentina, la Justicia de Estados Unidos anuló la condena que obligaba al país a pagar una cifra millonaria por la expropiación de YPF. La decisión fue tomada por la Cámara de Apelaciones de Nueva York, que dejó sin efecto el fallo de primera instancia dictado por la jueza Loretta Preska. La información fue confirmada por fuentes oficiales tanto en Buenos Aires como en Washington.
Más allá de posibles nuevas apelaciones, el fallo representa una victoria clave para el país en un litigio que se extendió por más de una década. En la instancia anterior, la magistrada había ordenado un resarcimiento superior a los USD 16.000 millones.
En su resolución, los jueces Denny Chin, José Cabranes y Beth Robinson explicaron: “Revocamos la sentencia dictada por el tribunal de distrito a favor de los demandantes en sus reclamos por incumplimiento de contrato contra la República, confirmamos la desestimación de esos reclamos contra la República y YPF, confirmamos la sentencia favorable a YPF y devolvemos el caso para que continúe su curso conforme a esta opinión”.
El fallo no fue unánime: Cabranes votó a favor de los demandantes. Sin embargo, la mayoría del tribunal consideró que la Ley de Expropiación sancionada por el Congreso en 2012 prevalece sobre el estatuto de la compañía.
A partir de ahora, los demandantes aún tienen la posibilidad de solicitar que el caso sea revisado nuevamente por todos los jueces de la Cámara antes de acudir a la Corte Suprema de Estados Unidos, aunque ese tipo de revisión no es habitual.
El tribunal también sostuvo que “las reclamaciones de los accionistas por daños derivados del incumplimiento de contrato contra la República Argentina y la empresa no son admisibles conforme al derecho argentino”, y que el resto de los planteos carecen de sustento.
Este expediente representaba el mayor juicio contra la Argentina en tribunales extranjeros y, además, la demanda más grande en la historia de Estados Unidos contra un Estado soberano. En las últimas semanas, el propio gobierno estadounidense, a través de su Departamento de Justicia, había respaldado la postura argentina.
Uno de los principales afectados por la decisión es Burford Capital, el fondo que había adquirido los derechos de litigio por unos 15 millones de euros y que luego comercializó participaciones de la demanda por más de USD 300 millones. Tras conocerse el fallo, sus acciones se desplomaron más de 43%. Su capitalización bursátil, que en septiembre de 2023 rondaba los USD 3.500 millones, cayó a unos USD 809 millones y continuaba en descenso.
En paralelo, las acciones de YPF —que ya habían quedado fuera de la demanda en 2023, situación ratificada por la Cámara— registraban una suba cercana al 5% en el mercado.
El presidente Javier Milei celebró el fallo en redes sociales: “La Cámara acaba de revocar totalmente la condena contra la Argentina: el mejor escenario posible. Esto implica que el país no debe pagar nada de los aproximadamente USD 18.000 millones. Es histórico, impensado, el mayor logro jurídico de la historia nacional”.
Por su parte, el ministro de Economía Luis Caputo destacó el trabajo del equipo legal: “Tremenda noticia. Innumerable cantidad de lobistas vinieron a buscar un acuerdo y jamás les dimos cabida. Tremendo trabajo del equipo”.
El proceso judicial atravesó cuatro gestiones presidenciales —desde Cristina Fernández de Kirchner, pasando por Mauricio Macri y Alberto Fernández, hasta la actual de Milei— y fue llevado adelante por la Procuración del Tesoro, actualmente encabezada por Sebastián Amerio, junto al subprocurador Juan Stampalija.
Días antes de esta resolución, la propia Cámara había decidido suspender todas las demandas vinculadas al fallo original de Preska, a la espera de este pronunciamiento. Con la decisión ya tomada, esos expedientes quedarán sin efecto.
Tras la audiencia realizada en octubre pasado, el Gobierno se mostró optimista al considerar que había logrado inclinar la balanza a su favor. Finalmente, la Cámara debía resolver entre tres escenarios: confirmar el fallo, ordenar revisiones parciales o anularlo por completo. La opción elegida fue la más favorable para la Argentina.
