El juez Fernando Caunedo, quien estaba al frente del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°10, había dispuesto que siete policías federales retirados fueran indagados por su presunta intervención en la muerte del ciudadano uruguayo afrodescendiente José Delfín Acosta Martínez.
El fallecimiento de Acosta Martínez había ocurrido el 5 de abril de 1996, cuando se encontraba en la entonces Comisaría 5ª de la Policía Federal Argentina (PFA), ubicada en el barrio porteño de Balvanera.
Las declaraciones indagatorias habían sido previstas para octubre y alcanzaban al comisario inspector Horacio Raúl Bussetti, de 74 años; al comisario Claudio Oscar Cervera, de 62; al inspector Pedro Fabián Aguilar, de 59; al sargento primero Omar Justo Ojeda, de 64; al sargento Humberto Mario Echegaray, de 73; al cabo primero Marcelino Hugo Lezcano, de 67; y al subcomisario Alfredo Daniel González, de 63.
La información había sido difundida por el portal Fiscales y se enmarcaba en una causa que llevaba décadas de reclamos por parte de la familia de Acosta Martínez.
Un reclamo que llevaba décadas
El expediente no constituía un caso reciente. Desde hacía años, los familiares de Acosta Martínez buscaban esclarecer las circunstancias que habían rodeado su detención y posterior muerte.
En agosto de 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) había declarado responsable al Estado argentino por la violación de los derechos humanos de Acosta Martínez, de su madre y de su hermano.
En esa resolución, el tribunal internacional había instado al Estado argentino a impulsar y mantener las investigaciones necesarias para establecer qué había sucedido, determinar a los responsables y, si correspondía, aplicar las sanciones correspondientes por la detención arbitraria y la muerte del ciudadano uruguayo.
El avance ante la Corte IDH había sido consecuencia de varios años de actuaciones judiciales, que habían incluido apelaciones e informes incorporados al expediente.
La muerte en una comisaría de Balvanera
José Delfín Acosta Martínez había muerto el 5 de abril de 1996 dentro de la entonces Comisaría 5ª de la Policía Federal Argentina (PFA), dependencia que estaba ubicada en el barrio porteño de Balvanera.
Tres décadas después del hecho, la Justicia había dispuesto avanzar con las indagatorias de siete policías federales retirados, en el marco de la investigación destinada a determinar las responsabilidades por la muerte del ciudadano uruguayo.
