El Gobierno nacional oficializó este viernes la flexibilización del acceso al financiamiento bancario en moneda extranjera para las empresas que no pertenecían al sector exportador. La medida apuntó a aprovechar la liquidez en dólares disponible en el sistema financiero para impulsar proyectos productivos y favorecer la actividad económica.
La decisión fue establecida mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 736/2026, publicado en el Boletín Oficial, que modificó el artículo 23 del Decreto 905/2002. Esa normativa había sido implementada luego de la crisis de 2001 y había limitado de manera estricta los préstamos en dólares a aquellos destinatarios que contaran con ingresos vinculados, de forma directa o indirecta, al comercio exterior.
Con el nuevo esquema, las entidades bancarias quedaron habilitadas a utilizar hasta el 15% del total de sus depósitos en dólares para financiar a empresas radicadas en la Argentina. El beneficio también alcanzó a compañías orientadas al mercado interno que percibían sus ingresos en pesos. La disposición se aplicó exclusivamente a personas jurídicas y dejó expresamente afuera a las personas humanas.
El ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que la modificación buscó reducir la brecha existente entre el ahorro acumulado dentro de los bancos y el financiamiento disponible para el sector privado. Según explicó el funcionario, la medida podía contribuir a reducir las tasas de interés, generar empleo y favorecer la recuperación de la actividad económica.
Caputo también precisó que las empresas que accedieran a estos préstamos debían liquidar las divisas obtenidas en el mercado oficial de cambios, con el objetivo de convertir esos recursos a moneda nacional.
En paralelo, el Banco Central de la República Argentina (BCRA), bajo la presidencia del economista Santiago Bausili, estableció una serie de medidas macroprudenciales destinadas a reducir posibles riesgos derivados de las nuevas operaciones de crédito y de eventuales descalces cambiarios.
Entre las condiciones fijadas por la autoridad monetaria se estableció que este tipo de operaciones debía contemplar una exigencia de capital mínimo equivalente al 125% respecto de los créditos considerados estándar. Además, los préstamos computarían 1,25 veces para los límites de concentración y exposición crediticia.
Los bancos también quedaron obligados a analizar la capacidad de pago de las empresas frente a diferentes escenarios de volatilidad cambiaria. De esta manera, el nuevo marco buscó ampliar el acceso al financiamiento en dólares sin dejar de contemplar los riesgos asociados a compañías cuyos ingresos se encontraban denominados en pesos.
Desde el Palacio de Hacienda estimaron que la flexibilización podía permitir la generación de un volumen adicional de crédito de entre 6.000 y 10.000 millones de dólares.
De acuerdo con lo señalado por el equipo económico, la medida respondió a la demanda de distintos sectores industriales y comerciales que habían encontrado dificultades para financiar proyectos de mediano y largo plazo debido al elevado costo del crédito en moneda local.
Con la modificación normativa, el Gobierno buscó canalizar parte de los dólares depositados en el sistema bancario hacia empresas que desarrollaban actividades productivas en el mercado interno, con la expectativa de ampliar las alternativas de financiamiento, estimular nuevas inversiones y contribuir a la reactivación de la economía.
