Desde diciembre de 2023, la provincia de Santa Fe emprendió una batalla silenciosa contra el narcotráfico, librada no con armas ni patrulleros, sino con leyes, expedientes y resoluciones judiciales. El Gobierno provincial modificó su Ley Penitenciaria, instauró la figura del “interno de alto perfil” y endureció los controles en las cárceles, logrando un cambio estructural que reduce la influencia de las bandas criminales tras las rejas.
“Antes de esta ley, los presos más peligrosos vivían como querían dentro de la cárcel, y a los agentes penitenciarios se les hacía casi imposible mantener el control”, explicó María Florencia Blotta, subsecretaria de Relaciones con el Poder Judicial. Y agregó: “No podemos relajarnos, porque esto no está terminado. Por eso necesitamos que Gisela Scaglia esté en el Congreso: para consolidar las leyes que hoy defienden a Santa Fe, pero que aún no existen a nivel nacional”.
En apenas 20 meses, el equipo jurídico del Ministerio de Justicia y Seguridad logró más de 700 fallos favorables frente a hábeas corpus presentados por narcotraficantes y sus defensores. Según la cartera, cada resolución representa “un ladrillo más en el muro que separa los pabellones de las calles”.
“En Rosario y en otras ciudades de la provincia, los nombres que antes daban las órdenes para matar hoy están sometidos a un sistema que los acorrala”, señalaron desde el Ministerio.
Una política de control y firmeza
El derribo de búnkeres fue uno de los gestos más visibles de esta estrategia integral. Hasta el momento, se desactivaron o demolieron cerca de 80 puntos de venta de drogas en distintos barrios de Rosario y otras localidades de Santa Fe.
La transformación también se trasladó a los tribunales: la provincia logró que la seguridad se defienda no solo en las calles, sino también en los estrados judiciales.
Con esta política, los narcotraficantes perdieron terreno tanto en el territorio como en el ámbito legal. “En el silencio de los fallos, el Estado vuelve a tener voz y la sociedad recupera la esperanza”, destacaron desde el Ministerio de Justicia y Seguridad.
