Un cardiólogo y un enfermero fueron imputados en Rosario por una presunta maniobra para defraudar al PAMI mediante la facturación de prácticas médicas que no se habrían realizado. Con esta nueva acusación, ambos quedaron involucrados en cuatro delitos, ya que también afrontaban cargos por ejercicio ilegal de la medicina y suministro ilegal de fentanilo y morfina.
La Unidad Fiscal Rosario, representada por los fiscales federales coadyuvantes María Virginia Sosa y Andrés Montefeltro, junto con la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos Cometidos en el ámbito de actuación del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados y su Programa de Atención Médica Integral (UFI-PAMI), formalizó la imputación contra el médico cardiólogo y el profesional de enfermería.
Los investigadores sostuvieron que ambos habrían defraudado al INSSJP-PAMI a través de la facturación de prestaciones médicas que nunca fueron realizadas.
Los acusados fueron identificados como el médico cardiólogo M.G.A. y el licenciado en enfermería M.A.P. Se trató de las mismas personas que en junio pasado habían sido detenidas e imputadas por la Sede Fiscal Descentralizada Venado Tuerto por los delitos de ejercicio ilegal de la medicina y suministro ilegal de fentanilo y morfina.
Durante la audiencia de formalización, el juez federal de Garantías Carlos Alberto Vera Barros confirmó el plazo de investigación de seis meses solicitado por la fiscalía. Durante ese período se aguardaban distintos peritajes sobre teléfonos celulares, dispositivos móviles y computadoras que habían sido secuestrados en el marco de la causa.
Además, a pedido de los representantes del Ministerio Público Fiscal, el magistrado estableció como medidas de coerción la obligación de someterse periódicamente al proceso y la prohibición de salir del país.
Cómo comenzó la investigación contra los acusados
La pesquisa se había iniciado a partir de una denuncia presentada en abril por la UFI-PAMI. El planteo surgió luego de una investigación preliminar que permitió detectar las presuntas maniobras desarrolladas por los dos acusados.
Las irregularidades fueron descubiertas mediante el sistema CUP del PAMI. De acuerdo con la información incorporada al expediente, el cardiólogo había declarado que entre octubre de 2023 y octubre de 2024 realizó un total de 36.085 prácticas médicas.
Entre los estudios que figuraban en esas prestaciones se encontraban ecocardiogramas, ergometrías y monitoreos ambulatorios mediante estudios Holter. Las prácticas fueron registradas a nombre de 4.982 afiliados.
Por ese conjunto de prestaciones, el PAMI le había abonado al profesional $579.943.598,88.
La investigación también detectó un segundo período que comprendió desde noviembre de 2024 hasta febrero de 2025. Durante esos meses, el médico había informado otras 14.546 prácticas, que supuestamente habían sido realizadas a 2.275 afiliados.
Por esas prestaciones, el organismo debía haber desembolsado $147.974.775,68. Sin embargo, ese dinero finalmente no fue abonado porque se detectaron determinadas irregularidades, situación que derivó en el avance de la investigación.
Afiliados negaron haber sido atendidos por el cardiólogo
Como parte de la investigación, varios afiliados fueron convocados a declarar. Los testimonios correspondieron a personas que residían en diferentes provincias del país y también en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Según informó la fiscalía, los afiliados consultados negaron haberse atendido con el médico, un elemento que pasó a formar parte de la evidencia reunida durante la pesquisa sobre las prestaciones presuntamente inexistentes.
La compra de una vivienda que quedó bajo investigación
Por último, la fiscalía también expuso que en junio de 2024 los dos acusados habían comprado una vivienda.
De acuerdo con la hipótesis de los investigadores, para concretar esa operación habrían presentado ante la escribana que intervino en la transacción documentación apócrifa.
Además, la operación se habría realizado mediante una sociedad constituida por ambos acusados. Para los investigadores, esa empresa no tenía una actividad comercial real y habría sido utilizada como una estructura de pantalla destinada a otorgar apariencia de legalidad a los fondos utilizados en la compra.
