El Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana procesó con prisión preventiva a tres ciudadanos de origen chino y taiwanés acusados de integrar una organización dedicada a la trata de personas con fines de explotación laboral en un establecimiento rural de Pilar, provincia de Buenos Aires. La causa se inició luego del rescate de cuatro trabajadores oriundos de Santa Fe, quienes fueron encontrados en el predio a mediados de octubre.
La resolución fue firmada por el juez federal Adrián González Charvay y alcanzó a Lin Jike, propietario del campo; Chen Lung Sen, conocido como “Agustín” y señalado como responsable del reclutamiento de las víctimas; y Chen Lin Qin, quien se desempeñaba como encargado del establecimiento. Los tres permanecieron detenidos mientras continuaba el avance de la investigación judicial.
En el mismo expediente, el magistrado resolvió dictar la falta de mérito para Wang Biao. De esta manera, el hombre recuperó la libertad, aunque quedó sujeto a determinadas obligaciones procesales: deberá establecer un domicilio y comunicar al tribunal cualquier ausencia que supere las 24 horas.
Cómo comenzó la investigación por trata de personas en Pilar
La investigación se puso en marcha el 9 de octubre, después de que las autoridades recibieran una denuncia a través de la Línea 145, el servicio nacional habilitado para recibir reportes vinculados con posibles situaciones de trata de personas.
A partir de esa presentación, la Policía Federal Argentina (PFA) llevó adelante una serie de procedimientos el 14 de octubre. Los efectivos allanaron el establecimiento rural ubicado en Pilar y también una vivienda situada en San Antonio de Obligado, en la provincia de Santa Fe. Según la hipótesis de los investigadores, ese inmueble habría sido utilizado para captar a los trabajadores que luego terminaron en el campo bonaerense.
Durante los operativos, las fuerzas de seguridad rescataron a cuatro hombres argentinos, todos mayores de edad y provenientes del departamento General Obligado, en Santa Fe. Sus identidades fueron preservadas mediante las iniciales F.M.A., J.A.G., H.O.C. y J.I.G.
Uno de los principales objetivos de la pesquisa consistió en establecer de qué manera llegaron las víctimas hasta Pilar y si fueron trasladadas mediante una propuesta laboral que no coincidió con las condiciones que finalmente encontraron al incorporarse a las tareas en el establecimiento.
Las condiciones laborales y los descuentos que denunciaron las víctimas
De acuerdo con los elementos incorporados al expediente, Chen Lung Sen habría sido quien tomó contacto con los cuatro trabajadores en Santa Fe. En esa instancia, les ofreció una remuneración de 25.000 pesos por cada jornada laboral.
Sin embargo, el traslado desde esa provincia hasta el campo de Pilar también habría representado un costo para las víctimas. Según la investigación, el reclutador les habría cobrado ese viaje mediante descuentos aplicados directamente sobre los salarios que debían percibir.
Una vez que los hombres llegaron al establecimiento rural, Lin Jike les comunicó que el pago por cada día de trabajo sería de 20.000 pesos, una cifra inferior a la que les habían prometido inicialmente.
El expediente también describió otras deducciones que afectaban los ingresos de los trabajadores. Los empleadores les descontaban gastos correspondientes a la comida y al transporte, pero esos importes no habían sido informados previamente, según las actuaciones judiciales.
Entre las pruebas analizadas por el juzgado también apareció una declaración de Lin Jike sobre los posibles ingresos de los trabajadores. El propietario del campo hizo referencia a que podían recibir entre “80 o 100 por semana”, una expresión que fue incorporada a los elementos considerados durante el análisis de la causa.
Qué penas contempla el delito investigado
Los tres procesados continuarán detenidos bajo prisión preventiva mientras la Justicia avanza con las medidas pendientes para determinar las responsabilidades de cada uno en la presunta organización.
La causa investiga el delito de trata de personas con fines de explotación laboral, una figura que contempla penas de entre ocho y 12 años de prisión cuando se configura la modalidad agravada.
La investigación busca esclarecer las condiciones en las que fueron reclutados y trasladados los cuatro trabajadores santafesinos, además de establecer el grado de participación de cada uno de los acusados en el funcionamiento del establecimiento rural de Pilar.
