El Gobierno de Salta ofreció este jueves una recompensa de $10 millones para obtener información certera que permitiera localizar a Lino Adelmar Moreno, un hombre que permanece prófugo desde el 18 de julio de 2023, cuando no regresó a la cárcel luego de acceder a una salida transitoria.
Según informó el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Salta, Moreno cumplía una única condena de prisión perpetua, además de registrar antecedentes de fugas y distintas condenas por delitos graves.
El historial judicial del involucrado se remontó a una primera condena de seis años de prisión por una tentativa de homicidio y abuso de armas en concurso real. Moreno se fugó en 2001 mientras cumplía esa pena.
Posteriormente, el 17 de febrero de 2005, fue condenado por los delitos de evasión, privación ilegítima de la libertad agravada y robo calificado. Las penas fueron unificadas en una condena única de 12 años de prisión.
Sin embargo, el 30 de agosto de 2006, Moreno volvió a fugarse. Durante esa huida asesinó a Liliana Ledesma, por lo que posteriormente recibió una nueva condena.
El 14 de junio de 2010, la Justicia lo sentenció como coautor de homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas.
A partir de ese antecedente, la Justicia unificó esa pena con las condenas anteriores y estableció para Moreno una única condena de reclusión perpetua.
Luego del veredicto, el condenado accedió a un régimen de salidas transitorias. El 18 de junio de 2023, durante uno de esos permisos, no regresó a la unidad carcelaria y desde entonces permaneció prófugo.
Ante esta situación, el procurador general de la Provincia de Salta, Pedro García Castiella, solicitó al Gobierno provincial que estableciera una recompensa para quienes pudieran aportar información que permitiera determinar dónde se encontraba Moreno.
El pedido quedó formalizado este jueves mediante el Decreto 587, publicado en el Boletín Oficial de Salta, a través del cual el Poder Ejecutivo provincial oficializó la recompensa de 10 millones de pesos.
La resolución estableció que las personas que contaran con información sobre el paradero del prófugo podían comunicarla de manera personal o mediante terceros ante los fiscales o la autoridad judicial que intervenía en la causa.
Además, el decreto contempló la reserva de identidad para quienes aportaran datos que pudieran contribuir a localizar a Moreno.
