El presidente Javier Milei anunció este jueves una serie de medidas vinculadas con la cuestión Malvinas, entre ellas un endurecimiento de las sanciones contra empresas petroleras que operaran en el archipiélago y la construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego.
El mandatario realizó el anuncio durante una cadena nacional en la que estuvo acompañado por integrantes de su Gabinete y aseguró que el Gobierno enviaría al Congreso un paquete de proyectos destinado a reforzar la defensa de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas.
Al comenzar su mensaje, Milei sostuvo que “las Malvinas son argentinas por historia y por derecho” y remarcó que se trataba de una causa que no pertenecía a un gobierno ni a un partido político, sino que constituía una cuestión nacional.
En ese marco, afirmó que mantener el reclamo diplomático no resultaba suficiente y sostuvo que el Estado debía utilizar herramientas diplomáticas, económicas, judiciales y legales para proteger la soberanía y los recursos del país. Según explicó, el objetivo requería leyes adecuadas, organismos estatales coordinados y mecanismos efectivos que permitieran sostener una política de largo plazo.
Las sanciones contra las empresas que operaran en Malvinas
Uno de los principales anuncios estuvo relacionado con las compañías extranjeras que participaran de proyectos hidrocarburíferos en las Islas Malvinas.
Milei adelantó que su administración endurecería las sanciones previstas por la Ley 26.659 y que las empresas involucradas podrían quedar impedidas de desarrollar actividades en la Argentina, además de quedar expuestas a consecuencias judiciales.
El Presidente también anunció que firmaría un decreto destinado a acelerar los procedimientos sancionatorios establecidos por esa legislación para quienes participaran en iniciativas de explotación petrolera vinculadas con las Islas.
La medida contemplaría una mayor coordinación entre los organismos estatales. Las dependencias que detectaran incumplimientos legales deberían remitir la información a la Cancillería para que pudiera impulsar las sanciones correspondientes.
También se establecerían mecanismos para agilizar los procedimientos y se incorporarían declaraciones juradas en trámites hidrocarburíferos y dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), con el objetivo de impedir que se habilitaran actividades a compañías que explotaran recursos en la Plataforma Continental Argentina sin reconocer la soberanía nacional.
El Gobierno también plantearía una modificación de la Ley 26.659 para ampliar su alcance y profundizar las consecuencias penales y administrativas para las empresas que prestaran servicios a compañías dedicadas a la explotación hidrocarburífera en las áreas en disputa.
Además, el denominado Proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional contemplaría la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, destinado a establecer una política de seguridad que involucrara de manera transversal a distintos organismos del Estado.
La iniciativa también incluiría un régimen de protección de infraestructuras críticas y un marco de protección aeroespacial y marítima, con el propósito de reforzar las capacidades frente a eventuales amenazas contra la integridad territorial argentina.
La advertencia por la explotación petrolera
Durante la cadena nacional, Milei también se refirió al proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte.
El jefe de Estado recordó que desde hace 50 años las Naciones Unidas habían solicitado a la Argentina y al Reino Unido que evitaran adoptar medidas unilaterales sobre el territorio mientras permaneciera sin resolver la controversia por la soberanía, incluida la explotación de recursos naturales.
En ese sentido, consideró especialmente grave el avance de Sea Lion porque implicaba la extracción de un recurso no renovable que, según sostuvo, pertenecía a los argentinos.
Milei advirtió que, si no se actuaba, el proyecto podría alcanzar en pocos meses la capacidad material para extraer las reservas de petróleo existentes bajo el mar argentino. También sostuvo que el avance de la explotación podía generar nuevos incentivos para que el Reino Unido profundizara su presencia en las Islas y continuara utilizando los recursos de la zona.
La actividad cuestionada involucraba a la empresa israelí Navitas Petroleum y a la británica Rockhopper Exploration. Ambas compañías avanzaban con el desarrollo del yacimiento offshore Sea Lion, ubicado a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas y aproximadamente 240 kilómetros de Puerto Argentino.
El yacimiento había sido descubierto por Rockhopper en 2010. La compañía británica contaba con una participación del 35% del proyecto, mientras que Navitas controlaba el 65%.
En diciembre de 2025, las empresas habían comunicado la decisión final de inversión para la primera etapa del desarrollo. Navitas había informado una inversión de 1.170 millones de dólares, mientras que posteriormente se había estimado que la primera fase demandaría unos 1.800 millones de dólares.
El proyecto contemplaba una producción estimada en 50.000 barriles diarios y el comienzo de la extracción para 2028. Las estimaciones citadas sobre los recursos recuperables rondaban los 819 millones de barriles.
La Cancillería argentina había rechazado el proyecto al considerar que las compañías no contaban con autorización de las autoridades argentinas y que se trataba de una explotación unilateral de recursos naturales en un área alcanzada por la disputa de soberanía.
En ese contexto, el Gobierno había citado las resoluciones 2065 y 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Además, había recordado que Rockhopper Exploration fue declarada clandestina e inhabilitada para operar en la Argentina durante 20 años mediante la Resolución 133/2012 de la Secretaría de Energía. Navitas Petroleum, por su parte, había recibido una sanción equivalente mediante la Resolución 240/2022 por operaciones hidrocarburíferas realizadas sin habilitación argentina.
La posición oficial también comprendía las concesiones, la contratación de proveedores y otras actividades vinculadas con el avance del proyecto hacia su etapa productiva.
Según había informado el medio británico The Telegraph, Rockhopper y Navitas planeaban comenzar a perforar Sea Lion en los meses siguientes. El proyecto contemplaba la posibilidad de enviar petróleo hacia Europa y el Reino Unido desde 2028 y, de acuerdo con esa publicación, el yacimiento podría producir durante más de tres décadas.
Una base naval en Tierra del Fuego
Otro de los anuncios centrales de Milei estuvo relacionado con el fortalecimiento de las capacidades militares argentinas.
El Presidente comunicó que el Gobierno Nacional ampliaría los recursos destinados al Ministerio de Defensa para avanzar en la construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego y aumentar las capacidades de telecomunicaciones en la zona.
Según explicó, la instalación tendría como objetivo transformar a la Argentina en un polo logístico de referencia para el Atlántico Sur y fortalecer la proyección geopolítica del país en una región considerada estratégica.
El mandatario también sostuvo que la Argentina necesitaba recuperar la capacidad de pensar estratégicamente, fortalecer a sus Fuerzas Armadas y establecer una política de seguridad nacional que tuviera continuidad más allá de los períodos electorales.
En esa línea, afirmó que la seguridad nacional no se limitaba a la defensa física del territorio, sino que también comprendía la protección de los recursos estratégicos, la economía, las infraestructuras críticas y la capacidad del país para tomar decisiones sobre su futuro.
Milei planteó además que Defensa, Seguridad, Inteligencia, Cancillería y Economía debían trabajar de manera coordinada para fortalecer la posición argentina y mejorar las condiciones para defender el territorio, los recursos y la soberanía nacional.
El regreso de Malvinas a la agenda
La cuestión Malvinas había vuelto a ocupar un lugar central en la agenda política durante los últimos días, a partir de declaraciones realizadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
El 31 de agosto, Trump había sido consultado en la Oficina Oval sobre la posibilidad de que Washington revisara su histórica posición de neutralidad frente a la disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido. El mandatario estadounidense había respondido que revisaba todas las posiciones y que esa era solamente una de muchas.
Sus declaraciones habían generado una respuesta del Reino Unido y de la administración británica de las Islas, que ratificaron su posición sobre la soberanía británica y el derecho de autodeterminación de los habitantes del archipiélago.
El debate también había coincidido con la discusión en Londres sobre el acuerdo con Mauricio por el archipiélago de Chagos, un antecedente que la Argentina había mencionado en relación con la posibilidad de resolver controversias territoriales mediante vías pacíficas.
En ese escenario, y mientras avanzaba el desarrollo petrolero de Sea Lion, Milei había decidido utilizar la cadena nacional para presentar las nuevas medidas de su Gobierno y volver a colocar la cuestión de las Islas Malvinas en el centro de la agenda nacional.
El Presidente había insistido en que la defensa de la soberanía debía proyectarse hacia las próximas generaciones y no quedar limitada a una cuestión electoral. “Malvinas no pertenece a un gobierno ni a un partido político. Es una causa nacional”, había asegurado durante su mensaje.
