La Unidad Fiscal Mar del Plata formalizó la imputación y solicitó la prisión preventiva para cuatro personas acusadas de formar parte de una organización criminal que se habría dedicado al robo reiterado de cables subterráneos de telefonía en distintos sectores de esa ciudad.
La acusación fue presentada por el fiscal federal Carlos Martínez, titular del Área de Atención Inicial de la Unidad Fiscal Mar del Plata, con la intervención del auxiliar fiscal Juan Martín Vera. El planteo se realizó durante una audiencia de formalización que estuvo a cargo del juez de Garantías Santiago Inchausti.
La fiscalía sostuvo que los cuatro imputados habrían integrado una asociación ilícita bajo la modalidad de organización criminal, figura contemplada en el artículo 210 ter del Código Penal. De acuerdo con la acusación, el grupo se habría dedicado a sustraer cables que se encontraban instalados bajo tierra.
Las maniobras también fueron encuadradas como robo agravado por su comisión en poblado y en banda, previsto en el artículo 167, inciso 2°, del Código Penal, además del delito relacionado con la interrupción de las comunicaciones, contemplado en el artículo 197 del mismo código.
A partir del pedido realizado por los representantes del Ministerio Público Fiscal, el juez resolvió imponer a los cuatro acusados la prisión preventiva durante 180 días corridos. El magistrado también estableció ese mismo período para el desarrollo de la investigación.
En el marco de la causa habían sido detenidas seis personas. Sin embargo, la audiencia fue suspendida para dos de ellas debido a que permanecían internadas en el Hospital Interzonal General de Agudos de Mar del Plata.
Ambos habían resultado lesionados cuando intentaron escapar durante uno de los allanamientos. En ese momento, se habían arrojado desde un tercer piso, por lo que debieron recibir atención médica.
Además, uno de los implicados que permanecía prófugo ya había sido identificado. Frente a esa situación, se dispuso su declaración de rebeldía y se ordenó su detención.
Durante la audiencia, el fiscal expuso los siete hechos que habían sido atribuidos a los acusados. Según la investigación, los integrantes del grupo habían actuado bajo la fachada de una cuadrilla de obra pública y habían contado con una importante estructura logística para llevar adelante las maniobras.
Entre los elementos utilizados se había detectado incluso un camión equipado con pluma hidráulica, además de varios vehículos que habrían sido empleados en las distintas etapas de los robos.
De los siete episodios investigados, cuatro habían sido consumados y tres habían quedado en grado de tentativa. La reconstrucción realizada por la Unidad Fiscal había determinado que las maniobras habrían afectado a más de 1.900 clientes y habían comprendido la extracción de aproximadamente 2.000 metros de cableado.
El valor de reventa del material sustraído había sido estimado entre 200 y 560 millones de pesos, de acuerdo con los elementos incorporados a la investigación.
La pesquisa también había permitido establecer que los hechos se habían desarrollado en diferentes puntos de la zona céntrica de Mar del Plata. Luego de ser retirado, el material sustraído había sido trasladado hacia el sector sur de la ciudad.
Durante la audiencia se habían convalidado además los distintos elementos secuestrados durante los procedimientos. Entre ellos habían figurado 14 teléfonos celulares, tres equipos tipo handy, una camioneta utilitaria y un camión con pluma hidráulica.
También se habían incautado dos carrocerías de generadores industriales, dos automóviles, un semirremolque y una importante cantidad de recortes de cables telefónicos.
Los procedimientos habían permitido además secuestrar dinero en efectivo, entre el que se habían contabilizado más de 11 millones de pesos y 4.200 dólares.
Por otra parte, el juez había autorizado una serie de peritajes vinculados con la investigación. También había dispuesto el levantamiento del secreto bancario, fiscal y bursátil de las personas detenidas y del prófugo.
A esas medidas se habían sumado la inhibición general de bienes y el congelamiento de las cuentas bancarias y billeteras virtuales de las personas investigadas.
La causa había comenzado a fines de agosto a partir de una denuncia presentada por Telefónica Móviles Argentina S.A. La empresa había advertido interrupciones en las comunicaciones de sus clientes de Mar del Plata, situación que había sido atribuida al robo de cables de telefonía e internet instalados de manera subterránea.
A partir de esa presentación, la Unidad Fiscal Mar del Plata había desplegado distintas medidas para avanzar con la investigación.
Las tareas habían sido realizadas en conjunto con efectivos de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) de la Policía Federal Argentina, que había desarrollado labores de inteligencia, y con personal del Centro de Operaciones y Monitoreo de la Municipalidad de General Pueyrredón.
De esta manera, la investigación había permitido avanzar sobre la presunta estructura utilizada para concretar los robos, identificar a los sospechosos y reunir elementos que luego habían sido presentados ante la Justicia durante la audiencia de formalización.
