El día después de la derrota en las elecciones legislativas de la Provincia de Buenos Aires, el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, recibieron en la Casa Rosada a Ilan Goldfajn, titular del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
De la reunión participaron también el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el secretario de Finanzas, Pablo Quirno; el jefe para el Cono Sur del BID, Morgan Doyle, y la asesora del presidente del organismo, Amanda Glassman.
Según detalló Goldfajn, durante el encuentro se abordaron “las reformas económicas de Argentina, el impulso al sector privado, la agenda de seguridad y la integración del país en la región y el mundo”.
El titular del BID compartió en redes sociales: “Excelente encuentro con el presidente Javier Milei, el ministro Luis Caputo, el secretario Pablo Quirno y el jefe de gabinete Guillermo Francos en la Casa Rosada. También abordamos la nueva Estrategia País 2025-2028 del Grupo BID. Estamos comprometidos a seguir apoyando al país. ¡Gracias por recibirnos!”.
La estrategia mencionada por Goldfajn corresponde al préstamo aprobado en julio por un total de US$10.000 millones a desembolsarse en los próximos tres años. De ese monto, US$7.000 millones estarán destinados a respaldar proyectos del sector público, mientras que los US$3.000 millones restantes se dirigirán a incentivar la inversión privada.
Ese mismo día, el BID comunicó además la aprobación de un “compromiso histórico” de US$2.500 millones en préstamos a ejecutarse en los próximos tres años, con el fin de fortalecer la seguridad ciudadana en América Latina y el Caribe. El organismo destacó que el objetivo será proteger a las comunidades, reforzar las instituciones y combatir el financiamiento ilícito.
El anuncio se realizó en el marco de la Cumbre Regional de Seguridad y Justicia, organizada por el BID junto con el Ministerio de Seguridad de la Nación, encabezado por Patricia Bullrich. Allí se señaló que esos fondos permitirán dar “una respuesta más rápida y eficaz a las crisis de seguridad, y una inversión a gran escala en las reformas que nuestra región necesita para un desarrollo sostenible”.
En el caso argentino, el organismo precisó que trabaja junto a las autoridades nacionales en “dos frentes prioritarios: el fortalecimiento de las instituciones federales de seguridad y la modernización del sistema de justicia penal, a partir de la implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal”.
