En un contexto marcado por el aumento de amenazas de tiroteos y mensajes intimidatorios en ámbitos educativos, la Justicia de la provincia de Salta imputó a cuatro jóvenes por el delito de intimidación pública, tras episodios registrados en dos escuelas de la capital provincial. Los hechos generaron fuerte preocupación entre padres y encendieron las alertas dentro de la comunidad educativa, luego de una serie de advertencias que actualmente son investigadas por la fiscalía penal y juvenil.
La causa es llevada adelante por el fiscal penal N° 3 del Distrito Centro, Horacio Córdoba Mazuranic, quien dispuso distintas medidas de investigación e imputó a dos jóvenes de 18 y 19 años, junto a un menor de 17, por presuntos hechos de intimidación pública. El caso se originó tras el hallazgo de inscripciones en el baño de varones del Colegio Walter Adet, ubicado en el barrio Santa Ana, donde se hacía alusión a situaciones violentas previstas para el inicio de la semana. La aparición de estos mensajes generó alarma entre estudiantes, docentes y familias, lo que derivó en una rápida intervención de las autoridades y el comienzo de tareas investigativas.
Con autorización del Juzgado de Garantías 5, a cargo del juez Pablo Zerdán, personal de la División Investigaciones Sur junto a otras dependencias policiales llevó adelante allanamientos en viviendas de los barrios Santa Ana I y Miguel Aráoz. Según trascendió, durante la audiencia de imputación los acusados —asistidos por defensa particular— prestaron declaración y expusieron su versión de los hechos. En tanto, la Fiscalía solicitó que continúen detenidos mientras avanza la investigación.
Desde la Policía de Salta advirtieron que tanto los mensajes escritos en establecimientos educativos como aquellos difundidos a través de redes sociales pueden constituir delitos. En un comunicado oficial, además, remarcaron que los padres o tutores también podrían ser considerados responsables por los daños ocasionados por menores bajo su cuidado.
En cuanto a las posibles consecuencias legales, se indicó que en el caso de menores pueden aplicarse medidas como tratamiento tutelar, disposiciones socioeducativas, restricciones a la libertad ambulatoria y, en situaciones más graves, internación en institutos especializados. La privación de la libertad, aclararon, es una instancia excepcional que solo se adopta cuando no existen alternativas menos severas, siempre bajo evaluación interdisciplinaria. Por su parte, si los imputados mayores de edad son hallados culpables, podrían enfrentar penas de entre 2 y 6 años de prisión.
Finalmente, las autoridades difundieron un comunicado oficial tras la detención de los cuatro involucrados, en el que reiteraron la gravedad de este tipo de amenazas y la necesidad de abordarlas con responsabilidad para prevenir situaciones de riesgo dentro de la comunidad educativa.
