La Corte Suprema de Justicia rechazó los planteos formulados por Gabriela Vanesa Torres, una enfermera que prestaba servicios en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, y dejó firme la decisión que estableció que deberá afrontar un juicio por el hurto de vacunas Sputnik V contra el coronavirus. El caso se originó durante la pandemia y alcanzó a más de 20 personas relacionadas con el Sindicato de Camioneros.
Torres fue imputada junto con Analía Muñoz, quien ya recibió una condena, por su presunta participación en una maniobra para sustraer al menos 30 dosis de la vacuna rusa. Según la acusación, los hechos se produjeron entre el 29 de diciembre de 2020 y el 27 de enero de 2021, en momentos en que las primeras vacunas llegaban a la Argentina y su aplicación estaba reservada exclusivamente para los grupos considerados de riesgo.
La investigación determinó que esas dosis terminaron utilizadas para vacunar a 21 personas vinculadas al gremio de Camioneros que no estaban comprendidas entre los sectores prioritarios establecidos durante aquella etapa de la campaña de inmunización.
De acuerdo con la acusación, las enfermeras recibieron una contraprestación económica a cambio de destinar las vacunas a esas personas, pese a que no cumplían con los requisitos fijados para acceder a las dosis en ese momento.
Durante la etapa de instrucción de la causa, Torres quedó procesada por el delito de encubrimiento. Sin embargo, cuando el expediente llegó al juicio oral, la Fiscalía modificó la calificación legal y formuló una acusación por hurto.
A partir de esa situación, el Tribunal Oral Federal resolvió absolver a la enfermera. Los jueces consideraron que la modificación de la calificación legal realizada por la Fiscalía respecto de la establecida durante el procesamiento vulneraba el principio de congruencia y afectaba el derecho de defensa de la acusada.
Con ese argumento, el tribunal declaró la nulidad del alegato acusatorio y Torres quedó libre de culpa y cargo en aquella instancia.
La resolución, sin embargo, fue apelada por la Fiscalía. Posteriormente, la Cámara Federal de Casación Penal, por una mayoría de dos votos contra uno, anuló el sobreseimiento y permitió que el proceso continuara.
Casación entendió que no existió una modificación de la plataforma fáctica sobre la que se había desarrollado la acusación. Además, señaló que la pena solicitada resultaba incluso más favorable para Torres dentro de la escala penal que correspondía aplicar al caso.
Ante esa decisión, la defensa de la enfermera presentó una apelación para que el expediente fuera revisado por la Corte Suprema de Justicia.
El máximo tribunal rechazó por inadmisible el planteo que sostenía que la resolución de Casación había vulnerado la garantía del non bis in idem, principio que impide que una persona sea juzgada dos veces por un mismo hecho.
La Corte también desestimó el cuestionamiento referido a una supuesta violación del principio de congruencia. En este caso, consideró que el recurso no estaba dirigido contra una sentencia definitiva ni contra una resolución que pudiera ser equiparada a una de esas características.
De esta manera, la decisión dejó nuevamente encaminado el proceso judicial contra Torres por el episodio ocurrido durante los primeros meses de la campaña de vacunación contra el coronavirus.
En la misma causa, Marcos Eugenio Paura, colaborador de la obra social del Sindicato de Camioneros, recibió una condena de dos años y seis meses de prisión en suspenso por el delito de cohecho activo. La Justicia consideró probado que entregó dinero para que la enfermera incumpliera las obligaciones correspondientes a su función.
El expediente también alcanzó a la veintena de afiliados que se benefició con la aplicación de las dosis sustraídas.
En un primer momento, la Justicia aceptó el pedido realizado por las defensas para acceder a la suspensión del juicio a prueba. La medida contemplaba una reparación económica y el cumplimiento de distintas reglas de conducta durante el plazo de un año.
No obstante, la Cámara Federal de Casación Penal revocó posteriormente esa resolución y ordenó que todos los acusados fueran sometidos a juicio.
Entre las personas alcanzadas por esa decisión quedó incluido Jorge Taboada, exsecretario general del Sindicato de Camioneros en Comodoro Rivadavia. Así, la causa por la utilización irregular de vacunas Sputnik V durante la pandemia continuará en los tribunales con el juzgamiento de los involucrados.
