Tras la reglamentación del marco legal de la Ciudadanía por Inversión en julio de 2025, el Gobierno puso en marcha hace semanas una licitación para implementar su propio programa, con el objetivo de captar capitales de largo plazo y fomentar nuevas inversiones productivas. La iniciativa se asemeja al sistema estadounidense para grandes inversores, conocido como EB-5.
La medida se complementa con el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), buscando potenciar la llegada de inversión extranjera al país. Según el Decreto 524/2025, los extranjeros que realicen aportes significativos, definidos por el Ministerio de Economía, podrán solicitar la ciudadanía argentina ante la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión.
Este organismo descentralizado será responsable de recibir las solicitudes, verificar el cumplimiento de los requisitos de inversión y coordinar la intervención de entidades estatales como la Dirección Nacional de Migraciones, la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), el Ministerio de Seguridad, la Unidad de Información Financiera (UIF), el Registro Nacional de Reincidencia y el Registro Nacional de las Personas (Renaper).
Un consorcio de compañías evaluó el potencial del programa y estimó que su implementación podría canalizar más de USD 2.500 millones hacia sectores estratégicos. Este modelo, adoptado en distintos formatos por más de 80 países, permite que ciudadanos extranjeros accedan a la ciudadanía del país receptor mediante inversiones relevantes en áreas consideradas prioritarias.
Jeffrey Henseler, Chairman de Passport Legacy, destacó: “Es un modelo globalmente validado para atraer capital a largo plazo, con marcos regulatorios y controles oficiales. Países como Estados Unidos, Canadá, Portugal y varios del Caribe lo implementaron con éxito, adaptando residencia y ciudadanía según sus objetivos de desarrollo y el tipo de inversión requerida”.
Empresas con experiencia internacional, como Apex Capital Partners, Arton Capital, Passport Legacy y AIM Global, anunciaron su interés en participar de la licitación oficial para llevar adelante el programa.
Según los análisis del consorcio, el plan podría captar inicialmente más de USD 2.500 millones y beneficiar a unas 5.000 familias que obtendrían la ciudadanía argentina tras realizar inversiones relevantes. Además del capital, se destaca el perfil de los inversores, comprometidos con proyectos estratégicos en infraestructura, energía, agronegocios, tecnología, vivienda y desarrollo regional, según Matías Apparcel, CEO de AIM Global.
En cuanto al impacto económico de este tipo de programas a nivel internacional, Apparcel señaló que en Estados Unidos la residencia por inversión generó entre USD 55.000 y 60.000 millones y cientos de miles de empleos. Portugal captó 9.000 millones de euros desde el lanzamiento de su iniciativa, mientras que Nueva Zelanda acumuló USD 10.500 millones desde 2009.
Por su parte, Nuri Katz, Presidente y CEO de Apex Capital Partners, indicó que “los antecedentes internacionales muestran que estos programas son altamente positivos si se ejecutan con marcos de control estrictos y objetivos de inversión claros. El desafío para Argentina es estructurar un plan que transmita transparencia y calidad a la comunidad global”.
