Un síndico presentó ante el Juzgado Correccional N° 2 de La Plata una demanda por $600 millones por calumnias e injurias contra una asociación, en el marco de una disputa vinculada con el control de la Cooperativa Eléctrica de San Miguel del Monte.
La presentación judicial fue realizada por José Luis López, con el patrocinio de los abogados Lautaro Slpizer, Gastón Mucci y Alejandro Naiouf. La causa quedó radicada en el Juzgado Correccional N° 2 de La Plata, a cargo del juez Eduardo Eskenazi, bajo el expediente N° 3136-26, y alcanzó a un total de 19 personas. Además, incluyó un reclamo de responsabilidad civil contra la Cooperativa Eléctrica de Monte Ltda.
Según quedó planteado en la querella, el conflicto comenzó cuando López, en su función de síndico, empezó a advertir y denunciar presuntas irregularidades administrativas y contables dentro de la cooperativa.
A partir de esas denuncias, el dirigente sostuvo que comenzó a atravesar una persecución cuyo objetivo habría sido apartarlo de su cargo, cuestionar públicamente su reputación y evitar que continuara ejerciendo las tareas de control dentro de la institución.
De acuerdo con la presentación judicial, durante ese período se impulsaron dos denuncias penales contra López. Una de ellas estuvo relacionada con presuntas amenazas y la otra con un supuesto acceso ilegal a datos personales. Ambas investigaciones, según indicó la querella, fueron posteriormente archivadas por la Justicia debido a que no se encontraron elementos suficientes para acreditar la existencia de un delito.
La presentación también hizo referencia a distintas actuaciones del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES). Según sostuvo López, el organismo determinó a través de resoluciones administrativas que su desplazamiento y la posterior ocupación de su puesto como síndico no contaban con sustento legal.
Esas decisiones administrativas permitieron, de acuerdo con lo expuesto en la demanda, que López fuera restituido en sus funciones vinculadas con el control de la cooperativa.
En ese contexto, el síndico afirmó que durante todo el conflicto fue víctima de una campaña de desprestigio que habría provocado un fuerte impacto en su honor, su trayectoria profesional y su salud.
La denuncia señaló que López fue expuesto públicamente en reuniones institucionales y en publicaciones relacionadas con la cooperativa. Allí, según manifestó, se lo habría acusado falsamente de haber cometido diferentes delitos.
El reclamo presentado ante la Justicia también planteó que las consecuencias de la disputa no se limitaron a la esfera personal. Según la querella, la situación también perjudicó su actividad institucional, ya que le habría impedido desarrollar con normalidad las funciones correspondientes a su cargo de síndico mientras continuaba la disputa por el manejo de la entidad.
Por todos esos hechos, López se presentó como actor civil y reclamó una indemnización de $600.000.000. El monto fue solicitado en concepto de daño moral, daño psicológico, afectación al honor, perjuicio profesional e institucional y otros daños que, según sostuvo, se habrían producido como consecuencia de las acusaciones y de la difusión pública de las mismas.
La querella tiene una extensión de 57 páginas e incorporó una importante cantidad de documentación como respaldo de los hechos denunciados.
Entre los elementos aportados se incluyeron resoluciones del INAES, actuaciones administrativas, copias de las investigaciones penales que fueron archivadas, cartas documento, informes médicos y psiquiátricos, publicaciones periodísticas, actas del Consejo de Administración y otra documentación vinculada con el conflicto.
Ahora será la Justicia la encargada de analizar la presentación realizada y determinar si corresponde avanzar con una investigación por los delitos de calumnias e injurias. También deberá evaluar el reclamo de responsabilidad civil y la indemnización de $600 millones solicitado por López, histórico dirigente de la Cooperativa Eléctrica de Monte.
