Flavia Ochoa, una vecina de Coronel Moldes, en la provincia de Córdoba, inició una demanda civil contra AstraZeneca y el Estado nacional al asegurar que sufrió un síndrome de Guillain-Barré luego de aplicarse una dosis de la vacuna contra el Covid-19 en enero de 2022. La mujer afirmó que las secuelas derivadas del cuadro neurológico le provocaron una incapacidad laboral del 75,60%, según el dictamen de la Comisión Médica de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
La presentación judicial, solicita una indemnización por incapacidad sobreviniente, daño moral, pérdida del proyecto de vida, daño emergente y daño punitivo. Además, cuestiona distintos artículos de la Ley 27.573, normativa que reguló la compra de vacunas contra el coronavirus y estableció un fondo de reparación para quienes acreditaran daños derivados de la vacunación.
Según consta en la demanda, Ochoa recibió la tercera dosis de la vacuna AstraZeneca el 4 de enero de 2022 en un centro de vacunación de Coronel Moldes. Horas después comenzó a experimentar fuertes calambres y dolores musculares y, al día siguiente, sufrió una pérdida progresiva de movilidad que derivó en reiteradas consultas médicas y posteriormente en su traslado a un sanatorio de Río Cuarto.
La mujer recordó que los primeros síntomas aparecieron pocas horas después de recibir la vacuna.
“Empecé a sentir unos calambres muy fuertes, dolores muy intensos. Me acosté y al otro día, cuando me quise levantar para ir a trabajar, no me pude levantar. Me caí peso muerto al costado de la cama. No podía mover los brazos, después no podía mover las piernas”.
De acuerdo con la documentación incorporada al expediente, en el Sanatorio Privado de Río Cuarto le realizaron estudios por imágenes, una punción lumbar y distintos análisis complementarios. Tras esas evaluaciones, recibió el diagnóstico de síndrome de Guillain-Barré con cuadriparesia.
Los informes médicos agregados a la causa indican que fue tratada con gammaglobulina, dexametasona y que posteriormente debió afrontar un extenso proceso de neurorehabilitación.
La discapacidad que quedó como secuela
Entre los certificados médicos presentados en la demanda figura un informe del neurólogo tratante que describe un cuadro de cuadriparesia flácida que inicialmente requirió el uso de una silla de ruedas y luego dispositivos de asistencia para caminar.
El expediente también incorpora indicaciones de rehabilitación, recetas para la provisión de una silla de ruedas y el Certificado Único de Discapacidad.
“Hoy sigo con rehabilitación tres veces por semana y puedo caminar con andador. El neurólogo ya me dijo que esa es la secuela que me quedó. Vivo con dolores intensos todo el tiempo, tengo que usar collarín y me canso muchísimo. Mi vida cambió un antes y un después”, sostuvo Ochoa.
La causa reúne decenas de documentos médicos y administrativos, entre ellos la historia clínica, certificados neurológicos, estudios complementarios, constancias de denuncia de un Evento Supuestamente Atribuible a la Vacunación o Inmunización (ESAVI), un reporte remitido a la ANMAT, el certificado de discapacidad, recibos laborales y el dictamen de la Comisión Médica de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
Ese dictamen estableció una incapacidad laboral del 75,60%, porcentaje que constituye uno de los principales fundamentos del reclamo indemnizatorio.
La demanda sostiene que existe una relación causal entre la aplicación de la vacuna y el cuadro neurológico desarrollado por la mujer. Sin embargo, ese planteo forma parte del objeto del proceso judicial y deberá ser evaluado por la Justicia en función de las pruebas que se produzcan durante el expediente.
El reclamo administrativo y la causa judicial
Antes de presentar la demanda, Ochoa impulsó el procedimiento administrativo previsto en la Ley 27.573 para quienes alegan haber sufrido daños asociados a las vacunas contra el Covid-19.
Según consta en la presentación judicial, ese reclamo fue rechazado luego de que la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas concluyera que no había podido establecer un nexo causal entre la vacuna y el evento denunciado. Esa decisión es cuestionada por la demandante en sede judicial.
“Primero hicimos el reclamo administrativo. No obtuvimos ninguna respuesta favorable y entonces decidimos iniciar el juicio. La causa está muy lenta, está media frenada”, manifestó.
La acción judicial también solicita que se declare la inconstitucionalidad de distintos artículos de la Ley 27.573 y, de manera subsidiaria, pide acceder al fondo de reparación previsto para las personas que acrediten daños derivados de la vacunación.
Mientras tanto, el expediente continúa su trámite en la Justicia Federal con demoras. En ese contexto, también se menciona la investigación vinculada al empresario Hugo Sigman, quien permanece involucrado en otra causa relacionada con la provisión de vacunas y cuya indagatoria continúa siendo objeto de dilaciones.
Qué es el síndrome de Guillain-Barré
El síndrome de Guillain-Barré es un trastorno neurológico poco frecuente que fue identificado por organismos regulatorios internacionales como un evento adverso de especial interés para el seguimiento de las vacunas contra el Covid-19.
La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) incorporó este síndrome como una reacción adversa muy rara en la información de la vacuna Vaxzevria, desarrollada por AstraZeneca. No obstante, el organismo europeo sostuvo que, de acuerdo con la evidencia disponible, el balance general entre los beneficios y los riesgos de la vacunación continuó siendo favorable.
