El Gobierno argentino renovó el contrato con el prestigioso estudio jurídico estadounidense Sullivan & Cromwell, responsable de la defensa del país en una serie de litigios de alto impacto internacional. La medida quedó establecida en la resolución 1352/2025 del Ministerio de Economía, difundida este lunes 15 de septiembre de 2025 en el Boletín Oficial.
La Procuración del Tesoro de la Nación fue la encargada de solicitar la renovación del vínculo con el bufete neoyorquino, que mantiene la representación legal de Argentina en dos frentes judiciales fundamentales: el juicio por la nacionalización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) y las demandas por el presunto error en el cálculo del cupón atado al Producto Bruto Interno (PBI).
Según lo dispuesto en la norma, el Ministerio de Economía invitó al estudio a enviar sus condiciones de contratación, que se prevé serán aceptadas en los mismos términos en los que venía prestando sus servicios. De esta manera, se asegura la continuidad de la estrategia jurídica en procesos que implican posibles compromisos millonarios para el país.
Sullivan & Cromwell LLP representa a la República Argentina en los tribunales de los Estados Unidos y del Reino Unido en las causas relacionadas con los valores financieros que prevén pagos vinculados al crecimiento del PBI. Además, lidera la defensa en el complejo litigio por la expropiación del paquete accionario mayoritario de YPF, una de las controversias más relevantes de la última década en materia de inversiones y derecho internacional.
El estudio, con sede en Nueva York y una división especializada en América Latina, es reconocido por su experiencia en disputas financieras de gran envergadura. Su tarifa profesional ronda los 1.800 dólares por hora, un costo que el Gobierno argentino considera justificado por la magnitud de los casos en juego y el potencial impacto económico de los fallos.
Con esta renovación, la administración nacional busca sostener una defensa sólida frente a demandas que podrían representar miles de millones de dólares en indemnizaciones. El caso YPF, en particular, continúa siendo uno de los litigios más observados a nivel global, dado que involucra a accionistas internacionales y sienta precedentes sobre las reglas de expropiación y compensación en el ámbito de las inversiones extranjeras.
La decisión de mantener a Sullivan & Cromwell ratifica la estrategia de continuidad legal en temas sensibles para las finanzas públicas. El Gobierno apuesta así a preservar la estabilidad y a defender los intereses de la Argentina en tribunales internacionales, en un escenario en el que cada presentación y cada argumento jurídico pueden tener consecuencias significativas para el futuro económico del país.
