La Cámara Criminal y Correccional de 3° Nominación de Córdoba dio a conocer los fundamentos de la sentencia que absolvió a Gustavo Omar Herrera, quien había sido acusado por los delitos de tentativa de homicidio criminis causa y homicidio calificado por precio o promesa remuneratoria. Uno de los hechos investigados correspondía al asesinato de su hermana, Gabriela Pérez, ocurrido en septiembre de 2023.
A mediados de octubre de este año, un jurado popular había declarado inocente por unanimidad a Herrera. La decisión se había basado en la ausencia de evidencia científica suficiente que permitiera acreditar que el acusado había sido quien efectuó el disparo que terminó con la vida de la joven, de 22 años.
Más de dos semanas después de aquella decisión, el tribunal integrado por los vocales Gustavo Ispani, Ángeles Palacio y Leandro Quijada, junto con los jurados populares, dio a conocer los fundamentos de la sentencia.
En la resolución se sostuvo que las pruebas incorporadas durante el debate no permitieron determinar que Herrera hubiera sido el autor del ataque armado. Entre los elementos considerados tuvo especial importancia la pericia antropométrica realizada sobre las imágenes registradas por las cámaras de seguridad.
Según los fundamentos, los estudios sobre la altura del tirador que aparecía en las filmaciones y la talla del imputado generaron una diferencia que llevó al tribunal a considerar que existía, como mínimo, una duda insuperable sobre la identidad del autor.
La comparación estableció una diferencia de altura considerada significativa entre ambas personas. Dependiendo de la metodología utilizada, la distancia se ubicó entre cinco y siete centímetros.
La camarista Ángeles Palacio de Arato sostuvo en su voto que las características de la pericia habían generado un estado de incertidumbre que no podía ser dejado de lado. Además, tomó en cuenta la apreciación realizada por el perito de control, quien había planteado que las imágenes correspondían directamente a dos personas diferentes. Esa postura había sido acompañada por los demás integrantes del jurado y por el vocal Quijada.
A este elemento se sumó otro aspecto relevante para la absolución. Las prendas que llevaba el hombre registrado por las cámaras no coincidían con la ropa que había sido secuestrada durante el procedimiento realizado contra Herrera. Para los jueces, esa diferencia también había reforzado las dudas acerca de su participación en el homicidio.
Los fundamentos también abordaron una de las hipótesis que había rodeado el ataque ocurrido en las inmediaciones del club Yapeyú. De acuerdo con la resolución, el tiroteo no había tenido como origen principal la disputa gremial vinculada con el Sindicato de Obreros y Empleados de Empresas de Limpieza, Servicios y Afines de Córdoba (Soelsac).
Para el tribunal, lo sucedido había estado relacionado con una disputa por el control de la barra La Fiel, vinculada históricamente con el Club Atlético Talleres de Córdoba.
En ese contexto, los jueces destacaron la declaración del imputado Adrián Vallejos, quien había reconocido que su enfrentamiento con Hugo Cardozo, uno de los destinatarios del ataque armado, se había producido exclusivamente por su condición de referente de La Fiel y no por cuestiones relacionadas con la actividad sindical.
Vallejos había recibido una condena de ocho años de prisión como partícipe secundario del homicidio agravado por el uso de arma de fuego.
Con la absolución de Herrera, la investigación había quedado enfocada en determinar quién fue el verdadero autor del homicidio de Gabriela Pérez. La causa continuó abierta con el objetivo de lograr la identificación y captura de quien efectuó el disparo mortal.
En ese marco, el fiscal general adjunto Héctor David y la fiscal de instrucción Silvana Fernández habían mantenido una reunión con la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva. Durante el encuentro habían solicitado formalmente la colaboración de las fuerzas federales para avanzar en la búsqueda de César Luis Mendoza.
Mendoza había sido señalado como el presunto conductor del vehículo utilizado por los sicarios para concretar el ataque a balazos en el que había sido asesinada Pérez.
La fiscalía había manejado como hipótesis que Mendoza podía encontrarse en otro país o en otra provincia, presuntamente resguardado por personas vinculadas con quienes habrían ordenado el ataque. La investigación había apuntado así a determinar no solo quién participó materialmente del crimen, sino también las responsabilidades detrás del hecho.
Durante la reunión, Monteoliva se había interiorizado sobre el estado de la investigación y había analizado junto con los funcionarios judiciales cordobeses la posibilidad de emitir un alerta dirigido a todas las fuerzas federales para avanzar en la localización de Mendoza.
