Un fiscal federal solicitó penas de hasta 24 años de prisión para 27 personas acusadas de integrar la congregación religiosa Templo Filadelfia, con sede en la localidad bonaerense de San Justo, en el partido de La Matanza. Los imputados están siendo juzgados por presuntos delitos de reducción a la servidumbre, trata de personas con fines de explotación laboral y asociación ilícita.
Durante su alegato ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 2 de San Martín, el fiscal Alberto Gentili sostuvo que la organización funcionó entre 1972 y fines de 2020. Según expuso, la estructura tenía su base principal en La Matanza, aunque contaba con sedes y anexos en distintas provincias argentinas, además de presencia en Brasil y Paraguay.
De acuerdo con la acusación presentada por el representante del Ministerio Público Fiscal (MPF), todos los acusados fueron señalados por integrar una asociación ilícita. Asimismo, 25 de ellos fueron imputados por los delitos de reducción a la servidumbre y trata de personas con fines de explotación laboral agravada en concurso real. En 18 casos se les atribuyó el rol de coautores, mientras que otros siete fueron considerados partícipes necesarios.
Además de las penas de prisión, el fiscal requirió el decomiso de 16 vehículos y 48 inmuebles ubicados en las provincias de Buenos Aires, Río Negro, Salta, Córdoba y Mendoza. También solicitó que se establezca una reparación integral para cada una de las víctimas afectadas por la organización.
En su exposición, Gentili afirmó que los damnificados describieron haber atravesado “un proceso, un encadenamiento de una serie de eventos extendidos a lo largo de varios años y verificados en múltiples locaciones geográficas”.
El fiscal remarcó además que, en todos los casos investigados, incluyendo niños, niñas, adolescentes, mujeres y hombres, existió un “control absoluto, no solamente sobre sus cuerpos, sino sobre sus deseos y planes de vida”.
Según la acusación, la estructura implementaba tormentos, humillaciones y traslados compulsivos entre las distintas sedes de la congregación como parte del sistema de sometimiento que ejercía sobre sus integrantes.
Respecto del control sobre la sexualidad de las víctimas, Gentili explicó que “las víctimas no solo no podían elegir, sino que les era impuesto en modo heterónomo el quién, el cómo y cuándo”. Además, indicó que quienes se apartaban de las reglas establecidas eran castigados, humillados o segregados.
La investigación también expuso que las personas afectadas vivían en condiciones extremadamente precarias, caracterizadas por el hacinamiento, la falta de higiene y la insuficiente alimentación, circunstancias que forman parte de las acusaciones analizadas en el juicio oral.
