Una joven que durante años se presentó como traductora de inglés y aseguró que trabajaba con empresas vinculadas a la actividad minera en San Juan quedó involucrada en una causa judicial por usurpación de títulos en calidad de autora, luego de que se descubriera que no contaba con la habilitación necesaria para ejercer esa actividad profesional.
La protagonista del caso fue María Valentina Rampulla, quien utilizaba sus redes sociales para mostrarse como profesora bilingüe y vinculada al sector minero. A través de esa presentación, había generado una imagen profesional que alcanzaba a empresas y distintos ámbitos relacionados con la actividad.
Rampulla sostenía en su perfil de Linkedin que había estudiado en la Universidad de San Juan y que contaba con experiencia en ferias mineras y encuentros destinados a la vinculación internacional dentro de ese sector. También señalaba que tenía a su cargo proyectos educativos propios.
En la descripción de su perfil profesional, la joven mencionaba específicamente su Instituto de Inglés VYF.English, desde donde aseguraba que lograba relacionarse con personas de diferentes lugares del mundo.
Además, destacaba entre sus supuestas capacidades profesionales la iniciativa, la adaptación cultural, la comunicación efectiva, la predisposición y la posibilidad de resolver situaciones en tiempo real.
Sin embargo, esa construcción profesional comenzó a desmoronarse a mediados de junio de este año, cuando la secretaria de la comisión directiva del Colegio de Traductores Públicos e Intérpretes de San Juan realizó una presentación al detectar que Rampulla no contaba con la habilitación correspondiente ni poseía la matrícula provincial obligatoria para ejercer como traductora.
La situación derivó en una denuncia ante la UFI Genérica.
A partir de esa presentación, la investigación quedó a cargo de la fiscal Daniela Pringles y del ayudante fiscal Rodrigo Herrera, quienes avanzaron con las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del caso.
La causa tuvo novedades pocos meses después. La defensa de Rampulla, encabezada por el abogado Franco Montes, optó por evitar la realización de un juicio oral mediante un acuerdo que permitió acceder a la suspensión de juicio a prueba.
La medida fue posteriormente homologada por la jueza Carolina Parra, con una serie de obligaciones que la acusada deberá cumplir durante el período establecido por la Justicia.
Entre las condiciones fijadas se estableció que Rampulla deberá realizar 24 horas de tareas comunitarias durante un período de tres meses. Esas actividades se desarrollarán en la Municipalidad de Santa Lucía, en la provincia de San Juan.
Además, deberá efectuar una reparación económica de $200.000 destinada a la Cruz Roja como parte de las condiciones acordadas para la suspensión del proceso.
Por último, la resolución judicial estableció una prohibición absoluta de mantener contacto con integrantes del Colegio de Traductores de la provincia.
De esta manera, el caso terminó, por el momento, con la suspensión del juicio a prueba para la joven que se había presentado públicamente como traductora de inglés y vinculada profesionalmente con el sector minero, pese a que, según se detectó en la investigación, no contaba con la matrícula provincial obligatoria para ejercer como traductora pública.
