El Juzgado Civil y Comercial N°7 de Mercedes decretó la quiebra de Lácteos Conosur S.A., razón social de la tradicional empresa láctea La Suipachense, con más de 70 años de trayectoria en el mercado. La compañía venía atravesando un fuerte conflicto gremial y los 140 trabajadores de su planta industrial en la localidad bonaerense de Suipacha quedarán sin empleo.
La resolución judicial estableció que “la inhabilitación de la empresa fallida es definitiva” y dispuso la inhibición general de bienes de la compañía. Además, determinó la inhabilitación del empresario venezolano Jorge Luis Borges León, responsable de la administración de la firma, quien “cesará de pleno derecho al año de la sentencia de quiebra salvo que se dé alguno de los supuestos de reducción o prórroga previstos por la ley concursal”. El fallo también le impuso la obligación de solicitar “autorización judicial expresa” para salir del país.
Entre las medidas dispuestas, el juez ordenó la “clausura del establecimiento” de Suipacha, que incluye la “incautación de libros y documentación que se encuentre en el lugar”. Borges León deberá además realizar “la inmediata entrega a la sindicatura de las llaves del establecimiento y las claves de acceso digital”.
De esta manera, La Suipachense se suma a otra empresa del rubro que recientemente atravesó una situación similar. Alimentos Refrigerados Sociedad Anónima (ARSA), proveedora de los yogures, flanes y postres de la marca SanCor, fue declarada en quiebra el pasado 6 de noviembre. En ese caso, el juez Federico Güerri, titular del Juzgado Comercial 29, ordenó la liquidación final de la compañía y el cierre definitivo de sus instalaciones.
La planta principal de ARSA funcionaba en el partido bonaerense de Lincoln y contaba con 180 trabajadores, mientras que otras 200 personas se desempeñaban en su fábrica y centro de distribución de Córdoba. La red logística de la empresa alcanzaba a 165 distribuidores y garantizaba el abastecimiento semanal de 70.000 comercios en todo el país.
La quiebra de La Suipachense se produjo luego de una intimación judicial para que presentara un plan de acción a fines de octubre, tras tres meses de paralización de sus actividades.
El desenlace de la compañía tuvo como antecedente una larga crisis que se desató a comienzos de septiembre, cuando la dirección decidió despedir a nueve empleados administrativos y amenazó con cesar a otros 60 trabajadores. A partir de ese momento, la producción se detuvo y los 140 empleados comenzaron a manifestarse junto a vecinos de Suipacha y de la cercana Chivilcoy, según informó el sitio especializado Bichos de Campo.
El pedido formal de quiebra fue presentado el 27 de octubre por Julián Coronel, abogado vinculado históricamente al gremio Atilra y apoderado de Watt’s, una de las empresas acreedoras. En ese entonces, la planta llevaba tres meses inactiva y sus trabajadores mantenían un campamento frente al establecimiento, reclamando una definición sobre su futuro laboral.
“La empresa cuya quiebra se solicita se encuentra con un cese en su producción desde hace aproximadamente tres meses, circunstancia que no sólo se encuentra denunciada en el expediente sino que es pública y notoria, resultando de ello la delicada y grave situación de los trabajadores a cargo de la empresa, con la consiguiente nula generación de ingresos de la concursada, hecho que además complejiza al extremo el restablecimiento de su puesta en funciones denunciadas en el plan de acción”, indicó el fallo judicial.
