El Gobierno nacional oficializó la suspensión y posterior intervención del Puerto de Ushuaia, luego de que se detectaran presuntas irregularidades en el uso de fondos y múltiples deficiencias operativas. La medida fue adoptada tras una denuncia presentada por sindicatos portuarios de Tierra del Fuego, que alertaron sobre posibles riesgos para el normal funcionamiento de la Dirección Provincial de Puertos.
Según se informó, la decisión se originó a partir de la preocupación sindical ante la creación de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF), iniciativa que, de acuerdo con los gremios, podía comprometer seriamente la operatividad del puerto. A partir de ese planteo, el Estado nacional resolvió avanzar con la intervención del Puerto de Ushuaia.
La medida comenzará a regir a partir de este viernes, luego de la publicación de la Resolución 4/2026 en el Boletín Oficial. Con el aval del director ejecutivo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), Iñaki Miguel Arreseygor, se confirmó la suspensión de la habilitación del puerto por el plazo de un año, con la posibilidad de que dicho período sea prorrogado.
De este modo, el Estado nacional pasará a hacerse cargo de la gestión operativa, técnica y administrativa del Puerto de Ushuaia durante el tiempo que dure la intervención.
Desde el organismo aclararon que la medida “alcanza pura y exclusivamente a la infraestructura portuaria de explotación, maquinaria, equipamientos e instalaciones, y todo aquello vinculado a la operación portuaria que se encuentre dentro de la delimitación jurisdiccional terrestre, los espejos de agua y los espacios acuáticos lindantes de la jurisdicción portuaria”.
Las autoridades explicaron que la intervención fue dispuesta a raíz de una serie de fallas y deficiencias detectadas durante una inspección llevada a cabo entre septiembre y octubre del año pasado. Dicho proceso había sido ordenado inicialmente tras una denuncia presentada por el secretario general de la Unión Personal Superior Ferroviario de Tierra del Fuego y otros sectores vinculados a la actividad portuaria local.
En esa presentación, los denunciantes manifestaron su inquietud por la promulgación de la Ley Provincial N° 1596, denominada de “Sostenibilidad y Fortalecimiento de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF)”, que entró en vigencia a comienzos de 2025.
La normativa establecía la creación de un servicio de salud que sería financiado con el superávit financiero generado por el Puerto de Ushuaia. Dichos excedentes se habían registrado durante los ejercicios 2024 y 2025. Sin embargo, los sindicatos advirtieron que esa asignación de recursos podía poner en riesgo “la operatividad, la autonomía financiera y el sustento institucional de la Dirección Provincial de Puertos” de la provincia.
A partir de esta situación, se dispuso la suspensión y posterior intervención del puerto, luego de que la inspección revelara un marcado deterioro estructural del muelle. Además, se detectaron fallas en el sistema de seguridad, deficiencias en las tareas de mantenimiento y problemas en materia de tecnología y gestión ambiental.
Otro de los aspectos considerados alarmantes fue el bajo nivel de inversión en infraestructura, que representaba apenas el 1,3% del total de los fondos disponibles. El resto de los recursos, según se detalló, se destinaba mayormente al pago de personal y a la concesión de préstamos.
También se señaló la ausencia de protocolos formales para la operación simultánea de carga y pasajeros, así como la inexistencia de auditorías y de estándares mínimos en tecnología y seguridad de la información.
Tras exponer estos argumentos, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación resolvió que la Gerencia de Coordinación Técnica asumirá el rol de Unidad Ejecutora y asistencial de la intervención. En ese marco, quedará facultada para dictar las normativas operativas necesarias que garanticen la continuidad y la seguridad de los servicios portuarios.
Asimismo, esta unidad deberá asegurar el cumplimiento de todas las instrucciones que emita la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, además de elevar informes periódicos sobre su actuación, en los plazos y con la periodicidad que establezca la autoridad portuaria nacional.
La resolución establece que la medida entrará en vigencia a partir del viernes. Por tal motivo, se habilitó a la Gerencia de Coordinación Técnica a solicitar colaboración técnica y recursos administrativos a la Administración General de Puertos Sociedad Anónima Unipersonal (AGP S.A.U.).
Por otro lado, se indicó que la unidad estará a cargo de las acciones necesarias para proveer y movilizar el personal requerido. No obstante, se aclaró que la intervención no implica transferencia de personal ni modificaciones en las actuales relaciones laborales. El personal designado utilizará la licencia convencional prevista para este tipo de funciones, garantizando la prestación de los servicios y la continuidad operativa del puerto.
Finalmente, se dispuso que todos los organismos institucionales involucrados sean debidamente notificados. Entre ellos, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, la Prefectura Naval Argentina, la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y la Dirección Provincial de Puertos. También se comunicará la medida a las prestadoras de servicios públicos, con el objetivo de asegurar que la provisión y el funcionamiento de los mismos no se vean afectados durante el período de intervención.
Además, se ordenó que la Caja Previsional de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur informe de qué manera deberán realizarse los aportes correspondientes a los trabajadores enumerados en el anexo de la resolución mientras se mantenga vigente la intervención del Puerto de Ushuaia.
