Un juez federal de La Pampa dictó una condena de cuatro años de prisión para un hombre que había sido detenido en esa provincia durante un control vehicular, mientras trasladaba poco más de un kilo de cocaína con destino a la Patagonia. La sentencia se conoció luego de que el magistrado homologara un acuerdo alcanzado entre la fiscalía y la defensa, tras una investigación que se extendió durante 39 días. El fallo marcó, además, la primera condena obtenida por la Unidad Fiscal Santa Rosa desde la implementación del sistema acusatorio en la jurisdicción Bahía Blanca.
La resolución fue firmada por el titular del Juzgado Federal de Garantías de Santa Rosa, Juan José Baric, quien avaló el entendimiento entre las partes respecto de los hechos, la calificación legal y la pena a aplicar. De este modo, el juez declaró a Bruno Javier Benegas, de 51 años, responsable del delito de transporte de estupefacientes y lo consideró reincidente, ya que registraba una condena previa por el mismo tipo penal.
La causa estuvo a cargo de la Unidad Fiscal Santa Rosa, conducida por la fiscal federal Iara Silvestre, y se inició a partir de un procedimiento de rutina realizado por la policía provincial. El operativo tuvo lugar durante un control vehicular en el ingreso a La Pampa, cuando los efectivos detuvieron la marcha del automóvil que conducía el ahora condenado.
De acuerdo con lo resuelto en la sentencia, Benegas deberá cumplir la pena impuesta en la Unidad 14 del Servicio Penitenciario Federal, ubicada en la ciudad chubutense de Esquel. El juez dispuso ese lugar de alojamiento por tratarse del establecimiento más cercano a la localidad de El Bolsón, donde el imputado tiene fijado su domicilio y reside su grupo familiar.
El fallo también ordenó el decomiso del vehículo utilizado para el traslado de la droga, un Chevrolet Onix, además de dos teléfonos celulares y la suma de 358.550 pesos que fueron secuestrados durante el procedimiento policial. Asimismo, se dispuso la destrucción del estupefaciente hallado en el interior del automóvil.
Según informó el portal del Ministerio Público Fiscal, el hecho que dio origen a la investigación ocurrió el 17 de noviembre pasado, alrededor de las 9:45, en el Puesto Caminero Rolón, situado en el kilómetro 1 de la ruta provincial 18. En ese punto, personal de la policía pampeana realizaba controles y requisas aleatorias a los vehículos que ingresaban a la provincia, cuando decidió detener el auto conducido por Benegas.
Durante la inspección, los agentes detectaron un paquete oculto dentro del panel de la compuerta del baúl del Chevrolet. En su interior se hallaron 1,028 kilos de clorhidrato de cocaína, acondicionados en un único bloque compacto de forma rectangular. El envoltorio estaba cubierto con dos capas de cinta de empaque marrón y contenía, entre ellas, una bolsa de nailon negra y una capa de pimienta, presuntamente utilizada para intentar evadir controles.
Tras el hallazgo, se dio inmediata intervención a la justicia federal y a la Unidad Fiscal Santa Rosa. La investigación permitió establecer que el conductor había adquirido la droga en la Ciudad de Buenos Aires y que se dirigía hacia la provincia de Chubut al momento de ser interceptado. El destino final de la carga ilegal era la localidad de Lago Puelo, en el noroeste chubutense.
Al analizar los elementos del caso, el juez tuvo especialmente en cuenta los antecedentes penales del acusado. En 2018, Benegas había sido condenado a siete años de prisión luego de ser encontrado culpable del transporte de 30 kilogramos de marihuana, en un procedimiento realizado en la localidad chubutense de El Hoyo. Esa pena fue considerada cumplida el 14 de septiembre pasado, lo que derivó en la declaración de reincidencia en el nuevo proceso.
El acuerdo que permitió cerrar la causa se concretó bajo las reglas del sistema acusatorio federal, que asigna al Ministerio Público Fiscal la dirección de la investigación penal y habilita la finalización anticipada de los procesos mediante acuerdos entre las partes, siempre sujetos al control judicial correspondiente.
El nuevo Código Procesal Penal Federal se encuentra vigente desde el 29 de septiembre en la jurisdicción Bahía Blanca, que comprende once partidos del sur y oeste de la provincia de Buenos Aires y la totalidad del territorio pampeano. Este modelo reemplazó al anterior sistema mixto y estableció un esquema basado en la oralidad, la celeridad y la concentración de los actos procesales, con jueces encargados del control de garantías y fiscales responsables de impulsar la persecución penal.
