Una llamada telefónica de una persona que se presentó como empleado de la empresa Andreani terminó en una estafa virtual que le provocó un perjuicio económico superior a los $7 millones a un policía de 34 años de Formosa. Mediante un engaño y la obtención de un código de verificación, los delincuentes consiguieron ingresar a sus cuentas, gestionar cuatro préstamos sin su consentimiento y transferir el dinero a un mismo destinatario en menos de dos horas.
El episodio ocurrió mientras el efectivo se encontraba trabajando y dio inicio a una situación que posteriormente llegó a los tribunales. La víctima descubrió que se habían generado cuatro créditos a su nombre, operaciones que nunca había autorizado ni solicitado.
El hecho se produjo el 20 de agosto de 2025 y motivó una demanda judicial contra el Banco de Formosa y la empresa encargada de administrar su billetera virtual. Después de más de un año, la Justicia provincial resolvió responsabilizar a la entidad bancaria por las operaciones fraudulentas, al considerar que no había identificado movimientos que presentaban características sospechosas.
Como consecuencia de esa decisión, el banco deberá anular los cuatro préstamos y devolverle al damnificado todas las cuotas que le habían descontado para afrontar las deudas generadas a partir de la maniobra delictiva.
La resolución representó un reconocimiento judicial del perjuicio sufrido por el policía, que había quedado comprometido con obligaciones financieras que no había contraído voluntariamente.
El fallo contra el Banco de Formosa
La sentencia se conoció luego de una decisión adoptada el 5 de octubre de 2026 por la jueza María Lourdes Leliur, titular del Juzgado Civil y Comercial N° 6 de Formosa.
En su resolución, la magistrada analizó las circunstancias en las que se produjo la estafa y evaluó la responsabilidad de la entidad financiera frente a las operaciones que terminaron perjudicando al cliente.
Uno de los puntos centrales del fallo estuvo relacionado con el código de seguridad que el damnificado había proporcionado durante la comunicación telefónica con los estafadores. Si bien la víctima entregó voluntariamente esa información, la jueza consideró que ese comportamiento no resultaba suficiente para eximir al banco de sus responsabilidades.
En ese sentido, la resolución sostuvo que la entrega del código no liberaba a la entidad financiera de su deber de garantizar la seguridad de los fondos y proteger el dinero de sus clientes.
La magistrada puso el foco en la obligación del banco de contar con mecanismos capaces de advertir y prevenir movimientos inusuales, especialmente cuando se trataba de operaciones que podían representar un riesgo para el titular de la cuenta.
De esta manera, la Justicia determinó que la responsabilidad de proteger las cuentas no podía trasladarse exclusivamente al usuario por haber proporcionado un código durante el engaño.
El fallo, estableció que el Banco de Formosa debía hacerse cargo de las consecuencias de las operaciones cuestionadas y cumplir con la cancelación de los cuatro créditos, además de reintegrar los importes que ya habían sido descontados al policía.
