El titular de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, anunció este jueves la liberación de “un número importante” de presos políticos que se encontraban detenidos en cárceles del país. Según afirmó, la decisión fue adoptada por el denominado gobierno bolivariano junto a las instituciones del Estado y los procesos de excarcelación comenzaron a ejecutarse de manera inmediata.
“Considérese este gesto del gobierno bolivariano, de amplia intención de búsqueda de la paz, como el aporte que todas y todos debemos hacer para lograr que nuestra república continúe su vida pacífica y en búsqueda de la prosperidad”, expresó Rodríguez durante un discurso público. En ese marco, sostuvo que la medida alcanza tanto a ciudadanos venezolanos como a extranjeros que permanecían privados de su libertad.
El anuncio se produjo en un escenario político y diplomático de alta tensión, a cinco días de la operación estadounidense en Caracas que derivó en la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro, quien enfrenta cargos por narcoterrorismo. La noticia generó una inmediata repercusión tanto dentro como fuera del país, en especial entre familiares de detenidos y organizaciones de derechos humanos.
Diversos organismos vienen denunciando desde hace años la existencia de presos políticos en Venezuela. La ONG Foro Penal, dedicada a la defensa de los derechos humanos, contabilizó al menos 863 personas encarceladas o perseguidas por motivos políticos. Su director, Alfredo Romero, reclamó públicamente una amnistía general para todos los detenidos.
A través de su cuenta en la red social X, Romero sostuvo que “una amnistía general para la libertad de presos políticos sería un importante gesto actualmente para unificar la población venezolana”, aunque aclaró que ello no debería implicar impunidad para crímenes de lesa humanidad.
En la misma línea, la Plataforma Unitaria Democrática, la principal coalición opositora del país, afirmó que la liberación de los presos políticos debe ir acompañada de otras medidas urgentes. En un comunicado, la alianza señaló que “la liberación de TODOS los presos políticos, el cese de la represión y el desarme de los grupos irregulares que amenazan la convivencia ciudadana son acciones urgentes y de inmediata ejecución”.
El documento también advirtió que no puede hablarse de una transición democrática real mientras esas acciones no se lleven adelante, y remarcó que dependen exclusivamente de las órdenes de quienes ejercen el poder.
El contexto venezolano continúa marcado por graves denuncias sobre violaciones a los derechos humanos. Organizaciones como Provea documentaron casos de torturas y tratos crueles en centros de detención, entre ellos El Helicoide, El Rodeo, Las Crisálidas y Tocorón. Según la ONG, las prácticas denunciadas incluyen detenciones arbitrarias, incomunicación prolongada, suspensión de visitas familiares y condiciones inhumanas de reclusión.
Provea advirtió que la liberación parcial de detenidos no resulta suficiente para garantizar justicia y reiteró su pedido de excarcelación total de las personas privadas de libertad por razones políticas. “La tortura en Venezuela se ha convertido en una práctica generalizada y sistemática que se comete a diario en la mayoría de las cárceles y centros de detención del país”, afirmó la organización.
En este escenario, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el régimen chavista avanzó en el cierre de un centro de torturas en el corazón de Caracas tras la caída de Maduro. Si bien no mencionó de manera explícita a El Helicoide, afirmó que “tenían una cámara de tortura en medio de Caracas que ahora está siendo clausurada”.
Trump también brindó detalles del operativo que culminó con la captura de Maduro, al señalar que se interrumpió el suministro eléctrico en gran parte del país y que más de 150 aviones participaron en la operación. Además, calificó al ex mandatario venezolano como “un tipo violento” y lo acusó de haber provocado la muerte de millones de personas.
Desde la detención de Maduro, distintas voces internacionales y locales coinciden en que resulta urgente avanzar con medidas concretas que permitan restaurar la confianza social y política en Venezuela. En ese marco, organizaciones de derechos humanos insistieron en que las excarcelaciones no deben ser selectivas ni arbitrarias, sino parte de una política integral que garantice la libertad de todos los presos políticos y la investigación de los casos de tortura denunciados.
Finalmente, Rodríguez ratificó que el proceso de liberación se encuentra en curso en distintos puntos del país, aunque evitó brindar precisiones sobre la identidad de los beneficiados o la cifra exacta de excarcelados, y reiteró que se trata de un gesto destinado a contribuir a la paz y a aliviar la crisis que atraviesa la nación caribeña.
