El Poder Ejecutivo remitió este miércoles al Congreso el veto a la ley de financiamiento universitario, y la oposición ya evalúa si intentará revertirlo en una sesión especial convocada para el próximo miércoles.
La iniciativa había sido aprobada en Diputados a principios de agosto con una amplia mayoría de 158 votos afirmativos, aunque sin alcanzar los dos tercios necesarios. Esa es la mayoría especial que la oposición deberá reunir si busca rechazar el veto e insistir con el proyecto original.
En la misma sesión en la que se trató la ley universitaria también se sancionaron la declaración de emergencia en pediatría —a raíz de la crisis del Hospital Garrahan— y el reparto automático con las provincias de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Ambos puntos también serán vetados por la Casa Rosada, aunque esos vetos aún no fueron remitidos al Congreso y el plazo para hacerlo vence este jueves.
La norma vetada había sido impulsada por el radicalismo disidente de Democracia para Siempre en conjunto con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Establecía la actualización automática por inflación de los gastos de funcionamiento de las universidades, hospitales universitarios y fondos para investigación. Además, ordenaba convocar a paritarias dentro de tres meses para recomponer los salarios docentes y no docentes, y contemplaba un aumento en las becas estudiantiles.
Desde el inicio, la Casa Rosada se opuso al proyecto bajo el argumento de que su costo fiscal era excesivo y comprometía el superávit, considerado pilar central del plan económico.
En el veto publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno sostuvo que la norma no cumplía con el artículo 38 de la Ley 24.156, que exige detallar fuentes claras de financiamiento para todo gasto no previsto en el presupuesto. Según el texto oficial, las fuentes mencionadas en el proyecto eran “genéricas” y no aseguraban ni suficiencia ni disponibilidad de recursos.
El Ejecutivo también advirtió que la aplicación de la ley implicaría un gasto adicional superior a un billón de pesos en 2025, lo que afectaría la estabilidad de las finanzas públicas y la sostenibilidad macroeconómica. Señaló, además, que este gasto “sin respaldo real” sólo podría financiarse con emisión monetaria, lo que agravaría la inflación y perjudicaría a los sectores más vulnerables.
Se trata de la segunda vez que Milei veta una ley destinada a incrementar el financiamiento universitario. En 2024, el presidente había logrado sostener su decisión en Diputados con el respaldo de un tercio de la cámara, apoyo que obtuvo de algunos gobernadores y de un sector del radicalismo hoy alineado con el oficialismo.
La oposición analizaba por estas horas convocar a una sesión especial para la semana próxima, con la posibilidad de incluir en el temario el rechazo al veto presidencial. Los bloques más duros sostienen que llevar el tema al recinto cuanto antes serviría para aprovechar la situación de debilidad del Gobierno tras la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires y la tensa relación con los gobernadores.
Este jueves por la mañana habrá una reunión clave entre los secretarios parlamentarios de los bloques opositores para definir los próximos pasos. También siguen pendientes los vetos a la declaración de Emergencia por Bahía Blanca y a la Moratoria Previsional.
