La DDI de San Isidro desactivó en las últimas horas un supuesto plan criminal que dos hombres privados de su libertad habían organizado para asesinar a la fiscal María Paula Hertrig, titular de la UFI de Boulogne, quien había intervenido en la causa que terminó con sus detenciones.
Los sospechosos fueron identificados como Martín Darío Rettori, de 42 años, y Ariel Ernesto Libertini, de 47. Rettori permanecía alojado en el sector de máxima seguridad de la Unidad 31 de Florencio Varela, mientras que Libertini se encontraba detenido en la Unidad Carcelaria Número 21 de Campana.
De acuerdo con fuentes vinculadas al caso, ambos terminaron detenidos luego de una denuncia presentada el 26 de agosto. En aquella oportunidad, una víctima señaló que los acusados se dedicaban a duplicar las llaves de vehículos que quedaban en una cochera y posteriormente utilizaban esa información para ingresar a las viviendas de los clientes y cometer entraderas.
Después de los arrestos, los dos hombres fueron derivados a distintas unidades penitenciarias de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, pese a encontrarse separados y a la distancia entre las cárceles, los investigadores detectaron que comenzaron a organizar una represalia contra Hertrig, quien estaba al frente de la UFI de Boulogne.
La comunicación entre los detenidos se produjo mediante mensajes de WhatsApp. Según explicó un investigador, los sospechosos conocían los movimientos habituales de la fiscal y también contaban con fotografías de ella, de su pareja y de otros integrantes de su familia.
En una de las comunicaciones incorporadas a la investigación, uno de los acusados amenazó directamente a la funcionaria y describió la intención de atacarla cuando se desplazara en alguno de sus vehículos. También aseguró que pertenecían a una organización mafiosa y que podían recurrir a los disparos para concretar la represalia.
En esas conversaciones, además, los detenidos hicieron referencia al exlegislador Luis Espert. Según trascendió, lo mencionaron al comparar su situación con la de la fiscal y señalaron que el dirigente había dejado su cargo luego de no soportar la presión.
El supuesto plan quedó expuesto a partir del trabajo de los investigadores, que interceptaron comunicaciones y reunieron distintos elementos vinculados con las amenazas. Con esa evidencia, el fiscal general de San Isidro, Patricio Ferrari, solicitó que se realizaran allanamientos en las celdas donde permanecían alojados los dos acusados.
Los procedimientos se concretaron dentro de las unidades penitenciarias y permitieron secuestrar tres teléfonos celulares. Los dispositivos quedaron a disposición de la Justicia y serían sometidos a peritajes para determinar el contenido de las comunicaciones y establecer si existieron otros contactos relacionados con el plan.
La investigación continuaba abierta y los investigadores no descartaban que pudieran surgir nuevas imputaciones o incluso más detenciones. En ese sentido, una alta fuente policial señaló que buscaban determinar si otras personas habían colaborado desde el exterior para llevar adelante la maniobra contra la fiscal y su entorno.
Hertrig había adquirido una importante exposición pública durante las últimas semanas debido a otra investigación de relevancia. La fiscal estuvo al frente de las actuaciones relacionadas con la muerte de la actriz y conductora Ernestina Pais, quien falleció a fines de junio luego de ser arrollada por una formación del Tren de la Costa cuando intentaba atravesar las vías con su vehículo, a la altura de San Isidro.
