El titular de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N°5, Franco Picardi, solicitó la elevación a juicio oral de la causa contra cuatro abogados, un contador y otras tres personas por intentar apoderarse de la indemnización de un hombre con discapacidad.
Según la acusación, los señalados engañaron al Juzgado Civil N°55 para que transfiriera a una cuenta controlada por los imputados más de 345 mil dólares correspondientes a la compensación económica otorgada a un hombre que padece una discapacidad del 100%.
En su requerimiento a la jueza María Servini, el representante del Ministerio Público Fiscal imputó a los abogados Martín Simón Siedner, Inés Teresa Bianco, Angélica Irene Chiozza y Ariel Carlos Manuel Noli, al contador público Santiago Foutel, y a Federico Ángel Campanella, Néstor Daniel Alegre y Arturo Emilio Frechtel, por los delitos de estafa en grado de tentativa, uso de documento falso —al introducir un informe médico apócrifo en el expediente civil— y utilización de documento público falso destinado a acreditar la identidad de una persona.
La investigación se inició en 2022 al detectarse una serie de irregularidades en uno de los expedientes del Juzgado Nacional en lo Civil N°55, iniciado en 1993. El caso comenzó cuando una mujer y su hijo demandaron a la entonces Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires por la actuación del personal del Hospital Dalmacio Vélez Sarsfield, que derivó en complicaciones durante el parto —ocurrido el 5 de febrero de 1991— y le provocó al niño una discapacidad del 100%.
Según el portal Fiscales, en ese juicio se determinó la responsabilidad del hospital y del gobierno porteño, por lo que se dispuso una indemnización a favor del niño, que hoy tiene 34 años.
“La indemnización se depositó en una cuenta del Banco de la Nación Argentina (BNA) a nombre del Juzgado Civil N°55, mientras que la madre de la víctima estaba autorizada a invertir el dinero. Así, conformó un plazo fijo y, una vez al año, iba al banco a cobrar los intereses”, detallaron las autoridades.
En septiembre de 2022, cuando la mujer fue al banco, le informaron que había poco dinero en la cuenta, lo que llamó su atención y la llevó a consultar con su abogado.
Así se descubrió que alguien intentaba transferir el dinero de la indemnización de su hijo —345.939,12 dólares— a una cuenta abierta a nombre del hombre en el Banco Patagonia.
Frente a esta situación, la mujer se presentó ante el Juzgado Civil y denunció lo sucedido, motivo por el cual el juez dejó sin efecto la transferencia que había sido ordenada en agosto de 2022.
La investigación del fiscal Picardi determinó que el fallecido abogado Mario Félix Benítez —imputado al inicio del caso y vinculado con su colega Chiozza— formaba parte del entramado defraudatorio y había aportado información sobre la existencia del remanente de dinero en la cuenta del BNA.
Los abogados Siedner y Chiozza realizaron diversas presentaciones judiciales a través del sistema LEX 100, en nombre de la denunciante y su hijo, falsificando sus firmas y también las de otros letrados que habían intervenido previamente en el expediente civil, que ya estaba cerrado en su aspecto patrimonial.
En ese contexto, los acusados simularon ante la Justicia que la víctima había mostrado “una mejoría sustancial en su estado de salud, que había completado la educación primaria y secundaria, y participado en diversos programas de formación”, con el fin de justificar que podía manejar por sí mismo la cuenta bancaria donde se transferiría la indemnización.
Sin embargo, la madre aclaró en su denuncia que su hijo tiene “una parálisis cerebral psicomotriz del 90%, no puede caminar, se desplaza en silla de ruedas y tampoco habla”, por lo que resultaba imposible que hubiera firmado algún documento.
La pesquisa también reveló que las presentaciones fueron subidas desde un servicio de internet registrado a nombre de la abogada Bianco —socia de Siedner—. Desde esa misma conexión se creó el correo electrónico usado en la apertura de la cuenta en el Banco Patagonia y se descargó la partida de nacimiento del damnificado.
Asimismo, los investigadores comprobaron que los imputados “introdujeron en el expediente civil un certificado médico atribuido a un profesional del Hospital Municipal Bernardino Rivadavia, que resultó ser falso”.
El acusado Campanella fue quien se hizo pasar por la víctima y presentó un documento de identidad apócrifo para abrir la cuenta en el Banco Patagonia, sucursal Martínez, el 21 de abril de 2021.
Por su parte, Frechtel dio de alta el número telefónico que se usaba como medio de recuperación de los correos electrónicos falsos y que fue aportado al juzgado como si perteneciera al verdadero abogado de las víctimas, aunque estaba controlado por los imputados. También gestionó un informe médico legista —que no se concretó— y se presentó como el supuesto representante legal del damnificado.
Según el requerimiento, los acusados fueron cumpliendo los pasos en el trámite civil para lograr que el Juzgado Civil N°55 ordenara la transferencia a la cuenta del Banco Patagonia, algo que finalmente no se concretó por “cuestiones administrativas ajenas a los implicados en las maniobras” y porque el juez dejó sin efecto la operación al advertir las irregularidades.
