La Unión Africana (UA) anunció la suspensión inmediata de Guinea-Bissau de todas sus actividades luego del golpe de Estado que removió del poder al presidente saliente Umaro Sissoco Embaló. El organismo continental subrayó que la intervención militar constituye “un grave atentado contra el orden democrático y constitucional”, y dejó abierta la posibilidad de imponer sanciones a quienes encabezaron la asonada.
El alto mando de las Fuerzas Armadas del país designó como líder de la junta al ex jefe del Estado Mayor, el general Horta Inta-a, quien ahora asumirá la conducción del gobierno militar, de acuerdo con una comunicación emitida por la televisión estatal.
La decisión de la UA fue adoptada por su Consejo de Paz y Seguridad, que reiteró la política de “tolerancia cero” frente a cualquier cambio de gobierno por vías inconstitucionales. El organismo determinó que Guinea-Bissau quedará excluida de todos los órganos e instituciones hasta que se normalice la situación institucional.
La UA reclamó a la junta respetar la legislación vigente, permitir que la Comisión Nacional Electoral publique los resultados oficiales de los comicios y abstenerse de nuevas interferencias en los procesos políticos. También advirtió que, de no cumplirse esas condiciones, se aplicarán sanciones dirigidas contra los responsables del golpe.
El golpe tuvo lugar el miércoles, a pocos días de las elecciones presidenciales y legislativas del domingo anterior. La tensión aumentó cuando tanto Embaló como el principal candidato opositor, Fernando Dias da Costa, proclamaron su propia victoria. Tras la irrupción militar, el general Horta Inta-a fue nombrado jefe del régimen de transición, previsto para durar un año.
En paralelo, Senegal coordinó la evacuación del presidente depuesto, quien llegó a ese país el jueves a bordo de un vuelo especialmente fletado. Al mismo tiempo, la Unión Africana pidió a los Estados miembros y a la comunidad internacional no reconocer la legitimidad del gobierno militar ni adoptar decisiones que puedan fortalecerlo.
El Consejo de Paz y Seguridad expresó su respaldo a la Misión de Mediación de Alto Nivel de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao/ECOWAS), establecida para contener la violencia y resguardar las instituciones. Asimismo, solicitó al presidente de la Comisión de la UA la creación de un mecanismo permanente de seguimiento de la situación.
En sintonía con la UA, la Cedeao/ECOWAS también suspendió a Guinea-Bissau de sus órganos de decisión hasta que se restituya el orden constitucional. El organismo africano exigió la liberación “inmediata e incondicional” de todos los detenidos vinculados a las elecciones, incluidos funcionarios electorales y líderes políticos, y reiteró la importancia de proteger su integridad.
El Consejo de Paz y Seguridad remarcó que continuará monitoreando el desarrollo de los acontecimientos y que las sanciones siguen siendo una opción vigente si la junta militar desoye sus demandas. La UA insistió en que la asonada representa un ataque frontal al sistema democrático y a la estabilidad de la región.
La crisis actual tiene raíces profundas. Con una población de 2,2 millones de habitantes, Guinea-Bissau arrastra una larga historia de inestabilidad desde su independencia de Portugal en 1974. Golpes de Estado, disputas internas y un sistema político frágil han marcado su evolución reciente. Las elecciones del domingo —donde los principales candidatos se autoproclamaron ganadores— expusieron nuevamente esa debilidad estructural.
Además, la ubicación estratégica del país lo convirtió en un corredor clave para el tráfico de cocaína entre América Latina y Europa. Especialistas coinciden en que esta dinámica ilícita ha alimentado las tensiones institucionales y contribuido a las recurrentes crisis políticas.
La historia reciente de Guinea-Bissau permanece atravesada por cambios abruptos de poder y transiciones fallidas, lo que ha dificultado la consolidación de un sistema democrático estable.
